Departamento del Tesoro de EEUU sancionó a la Dgcim
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, decidió sancionar a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), luego de la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, el 28 de junio del corriente año, por presuntas torturas infringidas mientras estaba bajo la custodia de dicho organismo de seguridad.
El secretario del Tesoro Steven Mnuchin destacó que “el arresto por motivos políticos y la muerte trágica del capitán Rafael Acosta fue injustificado e inaceptable».
Trato inhumano
Por esa razón, anunció que «el Departamento del Tesoro se ha comprometido a poner fin al trato inhumano del antiguo régimen de Maduro contra los opositores políticos, los civiles inocentes y los miembros de las fuerzas armadas en un esfuerzo por suprimir la disidencia”.
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El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos viene aplicando desde los últimos meses nuevas sanciones a un grupo de funcionarios vinculados a Nicolás Maduro, por ejecutar acciones de represión al pueblo venezolano, incluyendo “torturas y el uso brutal de la fuerza“.
En febrero del corriente año impuso sanciones a los funcionarios, Rafael Bastardo, exdirector de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), e Iván Hernández (director del Dgcim), entre otros. De hecho, todos los bienes e intereses en propiedades de los sancionados están bloqueados y deben ser reportadas a la OFAC.
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“El Tesoro sigue tomando medidas contra funcionarios que ayudaron a que el régimen ilegítimo de Maduro reprimiera al pueblo venezolano”, ha señalado el organismo.
Vale resaltar que las regulaciones de la OFAC “generalmente prohíben” todos los tratos por personas de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de “las personas bloqueadas o designadas”.
Asimismo, aclara que las sanciones de Estados Unidos “no necesitan ser permanentes”, pues están destinadas a provocar un cambio positivo de comportamiento. Deja en claro que se levantarían las mismas en caso de que los funcionarios tomen “acciones concretas y significativas” para restablecer el orden democrático en el país.
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