Calabozos policiales en Venezuela entre el hacinamiento y la tortura

“Nuestra realidad es que vivimos aquí metidos más de dos o tres años, entonces van a venir a golpearnos y maltratarnos ¿Para qué? No ganan nada”, expresó un recluso a los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en El Hatillo, quien reflejó la situación de los privados de libertad en ese Centro de Detención Preventiva (CDP), donde, según el Código Orgánico Procesal Penal, solo deberían permanecer por 48 horas.

A mediados de 2018, Mario*, de 33 años,  quiso comunicarse con un amigo vía telefónica mientras se encontraba en una fiesta familiar en Caricuao. Aunque no recibió respuesta, minutos más tarde apareció una patrulla del Cicpc en el sitio y se lo llevaron detenido por ser presuntamente cómplice de un individuo que estaba implicado en un secuestro.

Desde entonces, ha permanecido en el calabozo Cicpc en El Hatillo esperando ser juzgado para que se determine si debe ser transferido a una cárcel o no. Su esposa Elena* relató que el prisionero muchas veces no se puede sentar por los golpes que recibe en los glúteos y en oportunidades ha recibido corriente en sus partes íntimas.

«No pedimos que los liberen solo que los trasladen a un lugar donde puedan estar tranquilos, esperando su proceso y nosotros los familiares tengamos un poco de paz porque se nos hace difícil subir a diario a llevarle sus alimentos», dijo Elena.

Falta de servicios

Por falta de baños públicos y servicio de agua constante, deben hacer sus necesidades en bolsas, lo que genera malos olores. Además, durante la temporada de lluvias también denuncian que las celdas se inundan.

“Hacen sus necesidades en la esquina de la celda donde están. A los guardias no les importa si alguien está comiendo y otro quiere hacer sus necesidades. El olor es muy fuerte, al igual que la gran cantidad de basura”, contó Elena.

Estas condiciones produjeron que las enfermedades dentro de los centros de reclusión preventiva sean uno de los motivos de muerte para quienes han pasado hasta cinco años en la espera de un juicio. En este sentido, la ONG Una Ventana a la Libertad (UVL) apuntó en su informe 2018 que la tuberculosis fue responsable de 38% de los fallecidos.

“De las 117 muertes a causa de esta enfermedad, 71% se produjo en el segundo semestre del año, siendo los estados Zulia y Lara los que registraron la mayor tasa de mortalidad a causa de esta enfermedad”, explicó el documento.

Durante el año 2018, en los 174 calabozos estudiados en quince regiones del país por Una Ventana a la Libertad, el número de muertes de personas bajo custodia fue de 305 casos. Asimismo, se conoció que la primera causa de muertes violentas fue por motines, seguido por intentos de fuga, enfrentamientos, suicidio y causas desconocidas.

Las condiciones económicas que tengan los familiares determinarán su dieta alimenticia. En el caso de Elena, gasta 5.000 bolívares diarios para poder llegar a El Hatillo, más 3.000 bolívares que deben dar para una bolsa de productos personales.

No hay acceso a un médico

El hermano de Beatriz Pedrosa estuvo detenido un año y seis meses en el calabozo de Policía Municipio Ambrosio Plaza en Guarenas. Durante su permanencia en ese lugar sufrió de fiebre, ronchas, enfermedades en la piel y un absceso.

“Como no quisieron permitir atención médica para atender el absceso que le salió, fue tanta su desesperación que él mismo se lo explotó y  con ayuda de sus compañeros de celda fue que se curó”, recordó.

Un reporte de un centro de detención preventiva en Carabobo sostiene que los familiares consideran que el hacinamiento pone en riesgo la salud de los privados debido a que no tienen casi ventilación e iluminación, así que desconocen si es de día o de noche. Igualmente, fuentes aseguran que los reclusos solo llegan a sacarlos a un hospital cuando están graves, inconscientes, con hemorragias o heridas que ameritan cirugía de emergencia.

En cuanto a las requisas para que los familiares puedan ver a sus seres queridos por cinco, diez minutos o llevarle la comida diaria, los guardias revisan que no estén ingresando alguna sustancia o arma blanca, y de manera anti-higiénica y sin guantes, remueven los alimentos.

“Para la requisa nos mandaba a bajarnos los pantalones y agacharnos. Veía que era injusto el tiempo que durábamos con ellos, porque solo nos daban cinco minutos y a veces ellos tardaban en bajar”, expresó Pedrosa.

Aunque el artículo 272 de la Constitución señala que “el Estado garantizará un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno o interna y el respeto a sus derechos humanos”, la situación de los detenidos parece apuntar hacia otra realidad que poco a poco acaba con sus vidas.

*Los nombres verdaderos de Mario y Elena fueron cambiados para proteger su identidad.