Masacre de la Gran Sabana ¿Maduro deja en el olvido al pueblo indígena?
Los disturbios originados los días 22, 23 y 24 de febrero en la frontera entre Venezuela y Brasil, cuando efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) bloquearon el ingreso de la ayuda humanitaria al país, es una prueba más de la represión a que está sometida la población indígena de nuestro país, así lo denunció para Analítica.com, Marino Alvarado, activista de los derechos humanos perteneciente al Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), quien además calificó estos hechos como «la masacre de la Gran Sabana».
Parte de la comunidad de los pemones de Venezuela, un pueblo indígena que vive en el estado Bolívar, en la frontera con Brasil, había expresado su apoyo y colaboración para ayudar en el ingreso de la ayuda humanitaria a través de la frontera.
Los miembros de esa comunidad de indígenas que estaba a favor de la entrada de la ayuda humanitaria inició una serie de protestas, lo que ocasionó enfrentamientos con los guardias nacionales, dejando víctimas mortales en la localidad de Santa Elena de Uairén.
URGENTE #22F 10.30pm #Pemones en #StaElenaDeUaire impiden el paso de contingente armado de las FAN a la altura de la estación de Servicio Mapaurí y son reprimidos brutalmente con bombas lacrimógenas
— Americo De Grazia (@AmericoDeGrazia) February 23, 2019
Como se recordará el pasado viernes 22 de febrero, un día antes de la fecha prevista para el ingreso de la ayuda humanitaria el pueblo indígena pemón fue asediado por las fuerzas militares del gobierno de Nicolás Maduro.
La represión del día 22 dejó como saldo la muerte de Zoraida Rodríguez, de 45 años, y miembro de la comunidad pemona. A ella se le sumaron 22 heridos de gravedad, 7 de ellos trasladados hasta un hospital de Boa Vista (Brasil).
“Los dos muertos son producto de la represión de militares durante disturbios en Santa Elena de Uairén. Ambos murieron por impactos de bala, uno de ellos en la cabeza”, declaró a la AFP Olnar Ortiz, activista en la zona de la ONG Foro Penal, crítica del gobierno.
#25Feb a esta hora ya Zoraida Rodriguez (45) indígena Pemon asesinada por armas de guerra por funcionarios de la FANV el #22feb en la comunidad de #Kumarakapay fue trasladada a su comunidad para que su familia den de acuerdo a sus usos y costumbres el sepelio@alfredoromero pic.twitter.com/ixIzMqRcID
— Olnar Ortiz Bare (@olnarortizBare) February 25, 2019
El día 23, fecha prevista para que los camiones que transportaban la ayuda humanitaria ingresaran a territorio venezolano, la represión por parte de la GNB y el Ejército Nacional Bolivariano (ENB) dejó un saldo de 2 personas muertas, Alvarado suministró los nombre de los fallecidos, José Hernandez y José Barrios.
El mismo confirmó que las comunidades estaban siendo agredidas y perseguidas, tal es el caso de los casiques pemones que tuvieron que huir a territorio brasilero para ocultarse, motivado a que las autoridades estaban realizando allanamientos sin orden judicial en distintas comunidades de Santa Elena de Uairen.
El coordinador del Foro Penal para poblaciones indígenas, Olnar Ortiz, denunció la desaparición de nueve indígenas pemones, entre quienes se encontraba el hermano del cacique de la comunidad, quien fue detenido en el municipio Gran Sabana, al sur de Bolívar, el sábado 23 de febrero, por miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
Los indígenas fueron sorprendidos por los funcionarios del Sebin, quienes se los llevaron de la comunidad Kumarakapay, en San Francisco de Yuruaní, donde mantenían en custodia al G/B José Miguel Montoya, jefe del Comando de Zona Número 52, de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
“Los consideramos como desaparecidos porque no sabemos dónde están, supuestamente se los llevaron a Puerto Ordaz, pero eso no ha sido confirmado por ninguna autoridad civil o militar hasta el mediodía de este domingo”, dijo Ortiz.
El representante de la ONG de derechos humanos detalló que al centro asistencial llegaron 35 personas lesionadas, de las cuales 33 eran heridas de bala.
ALERTA a esta Ahora,9.40pm #24F en #StaElenaDeUairen #Manakrü #Pemones intentan resguardar a su capitana Darsy. Quien pretende ser capturada en su casa por cuerpos represivos del #Usurpador @jguaido @Almagro_OEA2015 @AlcaldeEmilio @TAMARA_SUJU @_Provea
— Americo De Grazia (@AmericoDeGrazia) February 25, 2019
El día 24 de febrero falleció el joven de 20 años José Pérez, a manos de miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb).
Escudos humanos
En un intento por impedir la entrada de la ayuda humanitaria, la ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario de Venezuela, Iris Valera, trasladó a los privados de libertad de las cárceles El Dorado y Puente Ayala hasta la frontera que une a Venezuela con Brasil.
Marino Alvarado dijo al respecto: «Están utilizando a los presos como escudos humanos. No tienen transporte para llevarlos a las audiencias pero sí para dejarlos en la frontera. Los están tratando como unos esclavos, esclavos de los caprichos de Iris».
Así trasladaron a los colectivos,Pranes y oficiales (GN PNB Milicianos) en un combo de la muerte, para hacerle fte a los pemones en #StaElenaDeUairen pic.twitter.com/rpIYMpmcue
— Americo De Grazia (@AmericoDeGrazia) February 24, 2019
Al menos 35 autobuses fueron utilizados para el traslado de los privados de libertad, Alvarado especificó que los familiares de los recluidos denunciaron que estos habían sido sacados del centro penitenciario bajo amenaza de muerte.
Presuntamente reos de la cárcel de El Dorado fueron transportados a la frontera con Brasil para hacer creer que es el pueblo bravo de #Venezuela defendiendo a Maduro. Pero no engañan a nadie con ese libreto gastado, más bien conocieron a sus próximos compañeros de celda. pic.twitter.com/56h0vEc3y6
— Cristian Crespo F. 🇨🇺 “La noche no será eterna” (@cristiancrespoj) February 24, 2019
Los presos apostados en la frontera gritaron consignas como «Leales siempre, traidores nunca», asegurando el apoyo al gobernante Nicolás Maduro. Se desconoce si todos los reclusos trasladados fueron devueltos a sus centros penitenciarios y bajo qué acuerdo lograron ser llevados hasta la frontera.
Comunidad Kapé Kapé
En 2018, al menos 12 indígenas murieron en hechos violentos relacionados con el contrabando minero que opera en el territorio, así lo aseguró la asociación civil Kapé Kapé.
Estos homicidios ocurrieron por el descontrol social y sanitario que ha significado la presencia cada vez más invasiva de la práctica minera en sus tierras. “La lucha por el respeto de sus derechos ya no se circunscribe a la contaminación del medio ambiente y las fuentes de agua, el deterioro de la salud y la inseguridad alimentaria. Hoy más que nunca los pueblos indígenas se juegan la vida por la defensa de sus derechos”, apuntó la asociación civil en una denuncia realizada a finales del año 2018.
Se supo que, el pasado 8 de diciembre, presuntos funcionarios de la Dirección General Contrainteligencia Militar (Dgcim) ingresaron a un sector de Campo Carrao y dispararon a los indígenas que hacían vida allí. Uno de ellos falleció horas después y dos más fueron alcanzados por proyectiles.
Al respecto, no ha habido un pronunciamiento oficial sobre quiénes son los responsables de esa incursión armada. Solo se conoce que miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) sostuvieron reuniones con los caciques de la comunidad.
Dicha comunidad se vio fuertemente afectada el pasado 23 de febrero por la represión impuesta por las Fanb en la frontera con brasil.
#23Feb #AHORA Hasta las 5:30 pm se contabilizaron al menos 21 heridos que ingresaron al hospital de Santa Elena de Uairén. Uno por perdigon y el resto por arma de fuego. #KapeObserva #SantaElenaDeUairen
— A.C. KAPE KAPE (@ackapekape) February 24, 2019
Masacre por el oro
Tras 6 años de mandato de Maduro, han sido múltiples las denuncias del pueblo indígena en cuanto a la violación de los derechos expresados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Aunque existe una representación indígena en la Asamblea Nacional Constituyente, las comunidades afectadas han alzado su voz en rechazo al gobierno establecido en el país.
Desde el año 2013, cuando el mandatario Nicolás Maduro tomó el cargo de Presidente de Venezuela, tanbién han sido recurrentes las denuncias realizadas por los pueblos sobre la presencia de guerrillas y grupos armados en los estados de Bolívar y Amazonas sin obtener ningún tipo de soluciones a la problemática.
Denuncias en el arco minero
Representantes de la Organización Indígena Piaroas Unidos del Sipapo (Oipus) han acudido en reiteradas ocasiones a la Fiscalía General de la República, a la Defensoría del Pueblo y a la Asamblea Nacional para denunciar la presencia de mineros ilegales, transnacionales mineras y grupos guerrilleros de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en territorios indígenas venezolanos, y la afectación que estos grupos hacen a la vida y costumbres de los pueblos que allí hacen vida.
Pero estas no son las únicas denuncias realizadas por la comunidad multiétnica, la creación en 2016 del llamado Arco Minero del Orinoco ha traído consigo la proliferación de las actividades mineras a gran escala, con la consecuente afectación al medio ambiente y a los territorios indígenas.
La Ley aprobada y refrendada hoy en la AN es para desconocer el #ArcoMinero para salvar el Amazonas, Guayana y el Delta. La hidroeléctrica, los parques a nuestros indígenas. Los ríos más importantes de Venezuela. Y es solo el comienzo https://t.co/nIrZnjsILt
— Americo De Grazia (@AmericoDeGrazia) December 19, 2018
El Estado abandonó sus responsabilidades en estas zonas fronterizas y ricas en recursos minerales y el territorio ha sido penetrado por economías criminales de todo tipo, dejando en medio de la confrontación por el control territorial, a cientos de miles de pobladores en condición de vulnerabilidad y sin posibilidades de obtener respuestas y asistencia institucional por parte del Estado.
En esta zona venezolana rica en oro y diamantes, fronteriza con Brasil se registró entre los años 2017 y 2018 al menos tres matanzas de mineros con un saldo de más de 20 fallecidos. La comunidad pemona se ha pronunciado en reiteradas ocasiones en contra de las acciones tomadas por el Ministro de Defensa en cuanto a la ilegalidad que impera en la región.
«Es usted un ministro colonizador y ladrón. Aparte de cínico usted es un ministro mentiroso», son algunas de las acusaciones que ha realizado la comunidad al ministro de la Defensa, Wladimir Padrino López.
Chávez, presidente indigenista
La población indígena constituye un baluarte cultural incalculable, bien sea porque hablan un aproximado de 7 mil lenguas existentes a escala mundial, porque representan la cultura ancestral de los pueblos o porque se estima que los indígenas constituyen un 5% de la población existente en el mundo.
Aunque en el pasado la población indígena que hace vida desde los inicios del mundo en el territorio venezolano era reconocida, la atención no estaba puesta sobre ellos, no eran visibilizados por los gobiernos y habían sido víctima de masacres denunciadas por defensores de los derechos humanos como la de El Amparo. Cuando el fallecido presidente Hugo Rafael Chávez Frías llegó al poder en el año 1999, las cosas comenzaron a cambiar.
Con Chávez en la presidencia de Venezuela se logró consolidar el proceso de reconocimiento y reivindicación a los pueblos y comunidades indígenas de nuestra región «Pueblos indígenas, los reconocemos como parte medular de esta patria, ya basta de exclusión, ya basta de discriminación. ¡Coloquemos a nuestros hermanos indígenas en el primer lugar de nuestro amor, de nuestro reconocimiento, de nuestro afecto, de nuestro compromiso!” aseguró el Mandatario en uno de sus discursos.
En la Constitución de 1999 se contempló toda una sección dedicada al reconocimiento y la garantía de derechos a los pueblos y comunidades indígenas venezolanas, dándole voz y herramientas para participar activamente en la vida política del país.
Artículo 199 de la Constitución de 1999 reza:
El Estado reconocerá la existencia de los pueblos y comunidades indígenas, su organización social, política y económica, sus culturas, usos y costumbres, idiomas y religiones, así como su hábitat y derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan y que son necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida. Corresponderá al Ejecutivo Nacional, con la participación de los pueblos indígenas, demarcar y garantizar el derecho a la propiedad colectiva de sus tierras, las cuales serán inalienables, imprescriptibles, inembargables e intransferibles de acuerdo con lo establecido en esta Constitución y en la ley.
A esta sección en la Constitución venezolana se le añade la creación del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, además que se aprobaron varias leyes que reconocieron muchos de sus derechos y demandas, entre ellas se encuentran:
- Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas,
- Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas,
- Ley de Artesanos para los Pueblos Indígenas y la Ley de Idiomas Indígenas
Dicho esto, el pueblo indígena fue visibilizado ante el mundo, es por eso que las comunidades y grupos étnicos de Venezuela agradecen la labor que realizó el gobierno del pasado líder revolucionario.
