Violadores de derechos humanos
La manipulación que hacen los voceros del gobierno, para tratar de hacer aparecer contra Venezuela, las sanciones que aprobó el Congreso norteamericano contra varios funcionarios gubernamentales acusados de violación de los Derechos Humanos de centenares de estudiantes y otros venezolanos, detenidos durante las protestas sociales que comenzaron el 12 de febrero del presente año, solicitando la renuncia del Presidente Nicolás Maduro, tal como está establecido en la Constitución Nacional Bolivariana, más la incomunicación y los atropellos en general de que son víctimas los presos políticos de la prisión militar de Ramo Verde, encabezados por Leopoldo López, Daniel Ceballos, Enzo Scarano y Salvatore Lucchese nos obliga no solo a volver sobre el tema de los Derechos Humanos, sino también a dejar testimonio de nuestra protesta contra la violencia institucionalizada desde el gobierno.
El establecimiento de los Derechos Humanos en la Constitución Nacional y en todas las Cartas Magnas del mundo civilizado, y la creación de instituciones nacionales e internacionales para vigilar el cumplimiento de tales normas fundamentales en la sociedad contemporánea, es considerado como uno de los avances de mayor trascendencia en la búsqueda de un régimen que garantice el progreso material y espiritual del ser humano. Sin embargo, no lo han podido disfrutar los pueblos donde la cultura de la violencia ha predominado, en la conciencia no sólo de los gobernantes llegados al poder por la fuerza de las armas, sino también en algunos casos ungidos por el voto mayoritario de la población.
Nicolás Maduro hace llamamientos a la paz y al diálogo, para tratar de congraciarse con los países defienden el respeto a los Derechos Humanos, pero ha quedado al descubierto su talante autoritario, incluso para algunos jefes de Estado amigos del extinto Comandante Chávez, cuando visitaron el país y recibieron información de la brutal represión policial, militar y paramilitar contra estudiantes y la sociedad civil, y constataron la injusta prisión de Leopoldo López y de los Alcaldes Daniel Ceballos, de San Cristóbal, Estado Táchira y Enzo Scarano, de San Diego, Estado Carabobo, y la persecución a los principales dirigentes de Voluntad Popular, un Partido Democrático al que pretende ilegalizar y extinguir.
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA ha recibido varias denuncias, que prueban centenares de hechos violentos contra adversarios del régimen o simples disidentes de sus políticas públicas, que han sido víctimas de la represión policial o de la acción judicial después de ser imputados de cometer delitos comunes sin que los fiscales ni los jueces hayan presentado pruebas convincentes y sobre todo señaladas como tales por las leyes vigentes, lo que ha convencido a muchos, aunque algunos lo disimulen, de que en Venezuela no hay Estado de Derecho.
Si permitieran la visita de algunos representantes de la Comisión de los Derechos Humanos de la OEA, serviría por lo menos como comprobación, sino como testimonio, de la actuación de funcionarios del gobierno que utilizan la violencia contra civiles indefensos, condenada por El Estatuto de Roma, aprobado y ratificado por Venezuela. Si por ahora no pueden ser juzgados por sus delitos de lesa humanidad, éstos no prescriben y osu impunidad será transitoria, y sus autores recibirán la sanción de los tribunales nacionales e internacionales cuando las circunstancias lo permitan.
En el mundo contemporáneo ya existen casos ejemplares, en los que gobernantes y sus cómplices en la ejecución de acciones represivas, violatorias de los Derechos Humanos han sido apresados y condenados por tribunales internacionales integrados por jueces imparciales, verdaderos profesionales de la aplicación de la justicia. De allí que algunos altos funcionarios del actual gobierno, responsables de delitos contra las personas inermes, civiles desarmados, manifestantes pacíficos, tendrán que responder en el futuro cercano o lejano, ante la justicia internacional.
Y aunque es posible que con por la cercanía de la Navidad, Nicolás Maduro se vea obligado a morigerar la represión policial y controlar, si es que puede, a los grupos paramilitares, para cumplir con disposiciones del tratado integracionista, relativas a las libertades públicas, es necesario esperar las próximas ejecutorias gubernamentales, aunque la represión ha continuado, como lo revela la imputación a María Corina Machado, primero de magnicidio y al no encontrar pruebas, la imputan por conspiración, algo totalmente descabellado, falso, para el país que conoce la conducta democrática y el coraje de esta excepcional luchadora por la libertad y la democracia.
