Verdades para militares
En mi artículo de la semana pasada, me dirigí al Alto Mando Militar señalando sus responsabilidades en medio de la inmensa crisis que vive Venezuela. Sus errores, en particular los cometidos por el general Vladimir Padrino López y por el mayor general Antonio Benavides Torres, han comprometido gravemente el honor y el prestigio de la Institución Armada. El general Padrino no aprovechó la oportunidad que significaba haber sido designado ministro de la Defensa y mantener la jefatura del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional para recuperar la maltrecha imagen de la Institución Armada ante la opinión pública. En lugar de dedicarse a fortalecer la unidad interna de nuestra Institución, utilizando como norte de su gestión el estricto cumplimiento de lo previsto en el artículo 328 constitucional, se dedicó a presentarse ante sus subalternos y ante el país como un dirigente más del PSUV vociferando permanentemente consignas partidistas. Las consecuencias están a la vista: perdió su autoridad moral sobre sus subalternos, echando por tierra las expectativas que pudo haber generado su designación. Ahora, debilitado al perder el mando, ya no es capaz de rectificar sus errores. El caso del general Benavides es aún más triste. Creyó, absurdamente, que lograría dominar la protesta nacional comportándose cual esbirro de la tiranía y provocando un lamentable saldo de muertos y heridos. Todo lo contrario, ese nefasto saldo lo ha convertido en una de las personas más rechazadas por los venezolanos. Es tan estruendoso su fracaso, que Maduro y Reverol, responsables de las órdenes represivas, prefirieron destituirlo sin pena y sin gloria.
Esta dolorosa experiencia debe ser motivo de una profunda reflexión por todos los cuadros militares sin importar su grado y empleo. Ojalá, esa reflexión comience por los nuevos comandantes de Componentes. El militar que permite ser utilizado al servicio de un partido político, sea cual fuere, carece de honestidad profesional y traiciona los valores y principios de la profesión militar para terminar en la deplorable situación del General Benavides. “La Fuerza Armada Nacional, en el cumplimiento de sus funciones, está al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política…”. En efecto, ella ha sido creada por el Estado para su defensa militar y el mantenimiento de su integridad territorial. Pero, además, ella es también, ante una crisis tan grave como la que padece Venezuela, un invalorable factor para contribuir en la recuperación de la estabilidad institucional. Por ello, entre muchos aspectos, su imparcialidad es de extremada importancia. Sin embargo, de todos es conocida la percepción de los venezolanos que ven a la Organización Militar como el único sostén de este régimen represor, totalitario y profundamente corrupto, el cual compromete el destino de las nuevas generaciones de venezolanos al someterlas a importantes limitaciones y sufrimientos, ofendiéndolos, además, en su dignidad al limitar, a través de la fuerza y el asesinato, la mínima posibilidad de ejercer sus derechos ciudadanos en un clima de libertades y superación personal.
Ustedes conocen perfectamente bien que esta debacle nacional ha sido causada por la absurda y desastrosa política económica, identificada como el Socialismo del Siglo XXI, que ha dilapidado, irresponsablemente, los más importantes recursos financieros jamás recibidos por nuestro país en toda su historia. Recordemos alguno de los hechos que nos trajeron a esta vergonzosa situación: PDVSA, una empresa reconocida como eficiente en el sector petrolero mundial fue irresponsablemente desmantelada mediante una feroz purga de sus cuadros gerenciales y técnicos, distorsionándose, además, su misión al involucrarla en numerosos proyectos seudo sociales en medio de una inaceptable corrupción Los resultados no se hicieron esperar: la producción petrolera venezolana se redujo en más de 700.000 barriles diarios, según cifras OPEP. Nicolás Maduro y su camarilla han pretendido justificar tan profundo fracaso con la caída en los precios petroleros. Este argumento es totalmente falso. Recordemos que, en 1998, el precio del barril era de $ 8 y la economía funcionaba aceptablemente; hoy, a pesar de la caída, ronda en los $ 41 y Venezuela permanece en la indigencia. Por si esto fuera poco, el gobierno, en medio de inmensos recursos financieros, optó por destruir el resto del aparato productivo y decidió satisfacer su incontrolable gasto público incrementando la deuda externa de 28.000 millones a más de 130.000 millones de dólares. Las consecuencias están a la vista: inflación cercana a 700 %; caída del producto interno Bruto (PIB) a más 10 %; colapso en las reservas internacionales que apenas alcanzan a 10.000 millones de dólares. Las penurias las sufre nuestro pueblo: escasez de productos de primera necesidad y de medicinas, alto índice de desempleo, muerte infantil por desnutrición, delincuencia incontrolable, narcotráfico, diáspora de venezolanos por todo el mundo, etc.
Esta trágica realidad produjo irrefutables consecuencias políticas: la oposición democrática se transformó en absoluta mayoría en las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015. Era el preciso momento para que Nicolás Maduro negociara con la Mesa de la Unidad Democrática, aceptara ser minoría en la Asamblea Nacional y acordara un plan de recuperación económica. No lo hizo. Dado su talante totalitario, consideró, aviesamente, que el camino era violentar el orden constitucional, prosiguiendo el golpe de Estado continuado, utilizando para ello al Tribunal Supremo de Justicia, designado de manera írrita por la anterior Asamblea Nacional, y al no menos deslegitimado Consejo Nacional Electoral. No creo necesario detallar la cantidad de acciones realizadas para desconocer la legalidad de la recién electa Asamblea Nacional. Sólo con pensar en la arbitraria eliminación del referendo revocatorio presidencial y la anulación de las elecciones regionales es suficiente. Por último, utilizó al fraudulento Tribunal Supremo de Justicia, para dictar sentencias, que en la práctica anulaban totalmente al Poder Legislativo. Finalmente, decidió convocar a una “Asamblea Nacional Constituyente Comunal”; violando flagrantemente todas las disposiciones constitucionales. Esta inaceptable situación, como era de esperarse, ha suscitado el rechazo general de una sociedad harta de tanto abuso y atropello gubernamental, la cual ha salido a las calles, para protagonizar una protesta pacífica y constitucional, a fin de evitar que Nicolás Maduro y su camarilla corrupta puedan consolidar su golpe de Estado continuado e instaurar definitivamente un régimen totalitario, que termine de cercenar todos los derechos y libertades ciudadanas.
Ahora bien, este estado de cosas ha ocurrido, con la lamentable complicidad del anterior Alto Mando Militar. Ellos, en lugar de recomendarle a Nicolás Maduro el respeto del orden constitucional se prestaron para reprimir criminalmente a nuestro pueblo. El asesinato de los setenta y cuatro jóvenes venezolanos y de los cientos de heridos y detenidos siempre manchará la conciencia de esos oficiales generales y el honor de la Fuerza Armada Nacional. Le pregunto al nuevo Alto Mando Militar y a todos quienes ejercen el mando en los diferentes niveles de la Organización: ¿Van ustedes a permitir que los efectivos militares y policiales continúen asesinando a jóvenes venezolanos por defender a un gobierno que se encuentra fuera del orden constitucional? ¿Van ustedes a desconocer al Poder Legislativo, electo legítimamente por voluntad popular, y a la Fiscal General de la República? ¿No creen ustedes que la legalidad del Estado estará presente en el Tribunal Supremo de Justicia y en el Consejo Supremo Electoral designados de acuerdo a las normas constitucionales por la Asamblea Nacional, representante de la voluntad popular? Separarse del mando en silencio no es una opción. Reflexionen. Cumplan y hagan cumplir la Constitución Nacional. Recuerden el contenido del artículo 333 constitucional: “Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuera derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia”. Pienso que la mejor respuesta, ante la crisis nacional, la pueden encontrar en el contenido del reciente artículo del padre Luis Ugalde, titulado “Se necesita un gobierno de transición”.
