Venezuela en libertad condicional
La “revolución” chavista desmanteló a la independencia y equilibrio del Consejo Moral Republicano. La parcialidad política de la defensoría del pueblo, del Ministerio Público y de la Contraloría General de la República, impide que estas instituciones tengan capacidad preventiva, investigadora, calificadora y sancionadora a cabalidad. Situación peligrosa, que deja indefensa a la institucionalidad, a los principios democráticos y a los ciudadanos. Así, desafortunadamente, todos quedamos a meced de los depredadores de la libertad. Pues, bajo su indolencia, crece la tolerancia de la corrupción, la violación de derechos humanos por parte del Poder Ejecutivo, la parcialidad política y la justicia selectiva del Poder Judicial y, los nada ejemplares, actos del Poder Legislativo. Así es como el gobierno chavista busca destrozar a la ética de la vida republicana de Venezuela, a la entereza y al sentido común del pueblo. Todo este escándalo que deprime a la institucionalidad, surge porque la mente y los sentidos de quienes dirigen al Consejo Moral Republicano se contradicen en espíritu, violan a los preceptos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CNRBV) y profanan a las buenas costumbres.
Quien proceda a realizar una somera investigación al Defensor del Ciudadano, al Fiscal y al contralor General de la República, los encontrará sesgados y apegados a los mismos preceptos de la parcialidad política y abuso de autoridad del presidente Nicolás Maduro. Hasta ahora, no han demostrado la posibilidad de separarse, de hecho, de la tutela del presidente de la República, ni tienen la intención de calificar las faltas del Tribunal Supremo de Justicia ni de detener las violaciones de derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas Bolivarianas de Venezuela, las policías y grupos armados y rentados por el gobierno que reprimen y disparan mortalmente contra el pueblo opositor.
El gobierno ha institucionalizado la violencia y la vejación pública en contra de particulares, sin más. En absoluto, demuestra un ápice de cambio para superar al caos político, económico y social ni busca enmienda alguna. Los abusos de poder atentan contra la ética pública y la moral administrativa. De acuerdo a su competencia el Poder Moral, en lo teórico promueve la solidaridad, la libertad, la democracia, la responsabilidad social y el trabajo; pero en la práctica, la reprueban mediante una difusa autoridad. Por ello, muchos ciudadanos deducen que no hay defensor ni fiscal ni contralor, que auténticamente, valgan.
La lucha para salvar al país de las presentes y futuras confrontaciones, pasa por reducir al mínimo a la grosera y destructiva corrupción; evitar, por todos los medios, a la sangrienta y mortal violación de los DDHH, el abuso de poder y la segregación política.
Si de verdad el Poder Legislativo sancionara conforme a los principios de respeto ético-político y el Consejo Moral Republicano fuese imparcial e independiente, habría grandes esperanzas para sacar al país de la presente crisis ético-política.
Por ello, no en vano el Parlamento Europeo, en resolución conjunta del 12-03-15, se une al clamor del país y: “Pide al gobierno venezolano que deje de perseguir y reprimir políticamente a la oposición democrática y de violar las libertades de expresión y de manifestación.”
El Defensor del Ciudadano, el Fiscal y el contralor General de la República son funcionarios aparentes, no se apegan a la Constitución Nacional; pero sí amparan las arbitrariedades y usurpaciones del régimen rojo. Su consentimiento contraproducente, da la venia al Poder Ejecutivo, con la anuencia del Poder Legislativo y el Poder Judicial, para que cada uno de los venezolanos, quede torturado, tras las rejas o en libertad condicional.
