Venezuela busca silla en el Consejo de Seguridad
Los Gobiernos de los países de América Latina y el Caribe miembros de la ONU están apoyando la candidatura de la tiranía comunista venezolana, creada por Hugo Chávez y continuada por su suplente, Nicolás Maduro, para que los represente como miembro no permanente en el Consejo de Seguridad para el periodo 2015-2016.
Semejante despropósito, que desdice del sentido de seriedad y de responsabilidad que supuestamente tienen estos Gobiernos con la paz y la seguridad internacionales, no podía presentarse en un peor momento, cuando fuerzas emergentes de la mayor peligrosidad amenazan la paz y la seguridad que tanta unidad necesita para hacerles frente.
Lo hacen, precisamente, cuando el Consejo de Seguridad acaba de aprobar por unanimidad una resolución exigiendo a los países aprobar leyes que prohíban viajar al extranjero para unirse a grupos terroristas, o financiar esos esfuerzos, a pesar de saber que el régimen venezolano es conocido por proporcionar pasaportes a individuos pertenecientes a grupos radicales de Oriente Próximo, incluyendo a Hezbolá. Tampoco ignoran su cooperación con los grupos narcoterroristas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC).
Esta práctica, sin duda delictiva, es tan alarmante que cinco generales venezolanos han sido incluidos por el Tesoro de Estados Unidos en la Lista kingpin que mantiene el Tesoro para todos aquellos cooperadores del tráfico de armas, de drogas y de lavado de dinero. Dos de estos oficiales son actualmente gobernadores de los Estados de Guárico y Trujillo, y miembros activos del Partido Socialista Unido de Venezuela.
Es irresponsable que Gobiernos que exhiben credenciales democráticas, y que incluso han sufrido bajo el flagelo militar, apoyen a un régimen que durante los últimos 15 años se ha asociado con algunos de los peores y más infames personajes como Sadam Husein, Gadafi, Al Bashir, El Asad, Ahmadineyad y Mugabe.
Lo más alarmante es que estos Gobiernos no pecan por ignorancia. Conocen el colapso de la democracia y del Estado de derecho, del linchamiento como modalidad judicial contra los disidentes, de la tortura y la persecución como política de Estado. Del infame récord de nivel olímpico de violaciones a los derechos humanos debidamente documentadas en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, así como en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y por grupos de defensa de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Tampoco ignoran que el régimen está bajo el control del Gobierno cubano, que sería el representante de facto en el Consejo.
También están al tanto que más de la mitad de la comunidad judía en Venezuela se ha visto obligada a abandonar el país por el acoso infligido a ellos después de que el régimen rompió relaciones diplomáticas con Israel, calificándolo de Estado genocida. Y por su alineación con grupos extremistas de la región hoy muy presentes y activos en el país.
¿Qué puede explicar semejante posición de los Gobiernos latinoamericanos y caribeños? Algunos, para pagar favores recibidos a través de los petrodólares de la diplomacia venezolana. Otros, para complacer a grupos de izquierda dentro de sus países y otros, para atacar a EE UU en el Consejo por medio de Venezuela.
Dos casos son muy esclarecedores: el presidente Juan Manuel Santos, de Colombia, en su calidad de ministro de Defensa bajo el presidente Álvaro Uribe, documentó el rol criminal desempeñado por el régimen venezolano con las FARC, y aun a sabiendas de que tal asociación ha causado tanto sufrimiento a su propia gente, decidió dejar este gravísimo delito de lado para apoyar el régimen de Maduro. Chile, que tanto se benefició de los anteriores Gobiernos democráticos venezolanos que ayudaron a liberar a dirigentes políticos prominentes del partido de la presidenta Bachelet presos por Pinochet, ni se inmuta al respaldar a un régimen igualmente militarizado.
Venezuela ha pertenecido en cuatro ocasiones al Consejo de Seguridad. La última vez en 1992- 1993, cuando tuve el privilegio de ser su representante. Nuestra selección siempre fue votada por consenso, puesto que mi país se distinguió como miembro fiable y responsable de la comunidad internacional, así como ser un promotor y defensor activo de los derechos humanos y del derecho internacional.
Afortunadamente, a pesar del inexcusable respaldo dado a Venezuela, la decisión final para elegir a los representantes en el Consejo de Seguridad recae en la Asamblea General, que en cuanto tenga conocimiento de que la candidatura venezolana no responde para nada al interés general de la comunidad internacional, no debería proporcionarle la mayoría de dos tercios necesaria para ser elegido. Y la votación es secreta.
No se equivoquen: el régimen venezolano no es solo un enemigo declarado de Israel y de Estados Unidos, sino de los principios y fines que rigen a la propia organización mundial. Esta infame realidad, junto con la inexistencia de la libertad de expresión, hace de Venezuela el peor y más descalificado candidato para representar a América Latina y el Caribe.
Los países miembros no deben permitir que Venezuela compre un asiento en la ONU gracias a la complicidad de los países de la región.
(ElPaís.com)
