Varela doblegó a Santos
Juan Manuel Santos tuvo que retractarse y sacar a Panamá de la caprichosa lista que Bogotá había publicado el pasado 8 de octubre acerca de los llamados “paraísos fiscales”.
Santos había acudido al método clintoniano de la lista amenazante creyendo que con ello Juan Carlos Varela se sometería a la orden de darle información bancaria confidencial para cazar a presuntos “lavadores de dinero blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo”.
Considerando que meter a Panamá en esa lista era una medida unilateral y un insulto para su país, Varela y su canciller, Isabel de Saint Malo, respondieron que de no respetar el ultimátum de sacar a Panamá de esa lista, Colombia sería incluida a su vez en otra lista no menos infamante de “países discriminadores” y que podría sufrir otras represalias diplomáticas y comerciales.
Ante la determinación de Panamá, país que ha tenido uno de los crecimientos económicos más rápidos del continente latinoamericano, a Santos no le quedó más remedio que recular en cuestión de horas. El jefe de Estado colombiano se ridiculizó aún más al tratar de minimizar lo que había ocurrido diciendo: “Lo que hicimos, en nada tiene que ver Panamá como país”.
Ahora la canciller colombiana se esfuerza por hacer creer a la prensa que tal retroceso fue el resultado de una brillante “negociación”. Nada más inexacto. Santos tuvo que sacar también de esa lista a Mónaco, Barbados y los Emiratos Árabes Unidos, países que no iban a tardar en protestar contra Bogotá.
Durante la crisis, el diario La Prensa de Panamá recordó discretamente hasta qué punto las eventuales medidas de retorsión de Panamá podrían afectar importantes intereses colombianos. Indicó que la inversión colombiana en Panamá entre 2006 y 2014 supera los 4.500 millones de dólares, mientras que la panameña “en tierras cafeteras” estaría entre 1.200 millones y 1.500 millones y que Colombia “tiene inversiones en sectores como la construcción, medicamentos, alimentos y bebidas, franquicias, energía y en el sector bancario, entre otros”. Agregó, sobre todo, que “alrededor del 25% de los activos del centro bancario internacional de Panamá está controlado por grupos colombianos” (1).
El 30 de julio pasado, Bogotá había hecho saber que si antes de octubre no lograba la firma rápida de un tratado de intercambio de información fiscal automática, Panamá sería incluida en una lista de paraísos fiscales. Ante la negativa de Varela, Santos pasó al acto y desató la crisis entre los dos países. En la lista aparecían 44 países de baja tributación o que velan por la confidencialidad de la información fiscal, por lo que son llamados “paraísos fiscales”.
No es raro que dos Estados intercambien información de ese carácter, en virtud de convenios bilaterales. Lo raro es ver a un Estado forzando a otro, o chantajeándolo, como hizo Santos, para obtener esa información. Bogotá no tuvo en cuenta que el anterior presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, evitó negociar un acuerdo de este tipo con Colombia. Lo de Santos fue pues un acto de diplomacia pendenciera que muestra hasta qué punto los tradicionales buenos modales diplomáticos colombianos se deterioraron mucho a causa de la influencia detestable que ejerce la tiranía chavista sobre el gobierno santista.
Esa diplomacia errática y negligente ha llevado a Colombia a perder aéreas inmensas de mar territorial en el Caribe en beneficio de Nicaragua. La debilidad de Colombia frente a los abusos y hasta crímenes que cometen uniformados venezolanos en territorio colombiano de frontera, raya hoy en lo inaudito. Meterse en los brazos de Chávez, primero, y de Maduro, después, no fortaleció la posición internacional de Colombia. Todo lo contrario.
Acatar la línea chavista de impedir que varias bases militares colombianas fueran reforzadas con ayuda norteamericana, una salida razonable ante el auge del militarismo venezolano con ayuda de la Rusia de Putin, mostró que Bogotá se alejaba peligrosamente de Washington a cambio de nada. El reciente voto increíble de Colombia a favor de que la Venezuela de Maduro haga parte del consejo de seguridad de la ONU confirmó esa tendencia y alejó aún más a Colombia de Estados Unidos y del bloque occidental.
El gobierno que entregó a Venezuela, el 9 de mayo del 2011, un individuo como Walid Makled, acusado de ser la cabeza de un cartel de droga internacional, en lugar de enviarlo a los Estados Unidos, país que había pedido esa extradición, obliga a pensar que Bogotá, además, tiene una política muy cuestionable de lucha contra el “lavado de dinero, el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo”.
Un último punto: la vehemencia de Santos contra Panamá refleja quizás, de alguna manera, su amargura ante el hecho de que Varela no haya querido deportar y entregar a Colombia la ex directora del DAS, María del Pilar Hurtado, a quien le ha mantenido, por muy buenas razones, su condición de asilada.
(1).- http://www.prensa.com/impreso/economia/colombia-amenaza-lista/366840
