Un paso más adelante
La cuestión de la independencia de los poderes tradicionales de los Estados es uno de los puntos más álgidos de los planteamientos críticos de la Alternativa Democrática en sus diferentes versiones. Me refiero al Poder Legislativo, Judicial y Ejecutivo y podría agregar los Poderes adicionales establecidos en la Constitución de 1999: el Poder Electoral y el Poder Moral y Ciudadano. Es más que evidente que, desde la entrada en vigencia de la Constitución, esa independencia ha sufrido múltiples violaciones, todas ellas derivadas de haber establecido, vía las prácticas políticas, la omnipotencia del Poder Ejecutivo. Sería un ejercicio largo y fuera del espacio que tengo para estas reflexiones ahondar en la reconstrucción de la historia de nuestra convivencia desde 1999 en adelante. El más perjudicial abuso de la Constitución ha sido el sometimiento de los Poderes Judicial y Legislativo. No me parece necesario ofrecer muchos ejemplos de este abuso, pues son del conocimiento de todos los ciudadanos de nuestra República. Quiero destacar dos: El más importante es la sumisión del Poder Judicial que ha hecho que muchas decisiones de jueces y hasta del Tribunal Supremo de Justicia tengan la impronta de la intervención del Poder Ejecutivo. El segundo es el hecho de que el Poder Legislativo ha entregado varias veces algunas de sus funciones al Poder Ejecutivo, hecho manifiesto en la facilidad de otorgar poderes habilitantes a los Presidentes de la República, tanto al Comandante Eterno como al actual mandatario, con lo cual obviamente renuncia a la esencia de su función que es estudiar y aprobar las leyes de la República y controlar y asesorar las funciones del Poder Ejecutivo.
Especialmente en los últimos tiempos este hecho ha resultado más dañino a lo poco que queda de una práctica democrática del sistema político. Es por ello que la Alternativa Democrática tiene que incluir en su estrategia electoral el combate a esa perversión. En la medida en que queremos avanzar tenemos que re-hacer el Estado y esto es solamente posible en la medida en que los ciudadanos tomen conciencia y transformen ésta en actividad de pensamiento y acción en la lucha contra un mayor daño a las bases democráticas que todavía existen en el pueblo Venezolano (Germán Carrera Damas dixit).
En este contexto se me ha ocurrido una idea que considero pertinente para la lucha democrática. Ya que coincidimos todos los sectores de la Alternativa Democrática en la necesidad de que el pueblo sea su efectivo actor, deberíamos organizarlo para que asuma funciones de Estado desde ya. Voy a referirme a la actual crisis del Proyecto Bolivariano con miras al Congreso de su principal partido. El gobierno del Presidente Maduro ha sido criticado públicamente por miembros destacados del Bolivarianismo, asunto que tratan de “resolver” en la intimidad de los sectores del poder. Yo pienso que, siendo esa crítica un asunto que es de alta importancia para los que luchamos por la democracia, deberíamos organizar no solamente las masas sino también los partidos y movimientos, de modo tal que constituyamos grupos de trabajo y tribunales populares en los cuales discutamos públicamente soluciones a la crisis en la que los demócratas tengamos una particular responsabilidad. Este poder podría establecerse al margen del dominado por el Poder Ejecutivo, a través de la organización de dichos tribunales. Los Colegios de Abogados a lo largo y ancho de la República y los movimientos de la Sociedad Civil Organizada, como el Foro Penal, PROVEA, Ciudadanía Activa, el Observatorio Hannah Arendt y otros, tienen una enorme responsabilidad en la coyuntura política que estamos viviendo. Esta responsabilidad es también de los Medios de Comunicación todavía no implicados ni parcialmente en la “hegemonía comunicacional” que anhelan los ciudadanos comprometidos con un nuevo diseño institucional de nuestra República.
Estoy convencido de que una acción de esta naturaleza tendría importantes consecuencias para la movilización popular. Amplios sectores del pueblo intentarán imitar ese modelo de organización para la solución de sus problemas. Adicionalmente, los movimientos que de ahí surgieran constituirían una nueva forma de movilización. También podrían incorporarse en estos nuevos movimientos los que han tenido un rol importante desde el 12 de febrero.
A los partidos y movimientos existentes y representados por la MUD y a la unión de los dirigentes de los movimientos les viene muy conveniente todo lo que pueda desarrollarse a raíz de los tribunales populares. Para que esto se haga realidad, insisto por enésima vez en la necesidad de construir, por la vía del pensamiento y de la acción, una imagen-objetivo de la democracia que queremos que no sea dominada por el bipartidismo ni por el totalitarismo.
Lo que tenemos por delante es no solamente la solución de la crisis que se ha generado en los círculos del poder sino más bien un nuevo modo de vivir y relacionarnos como ciudadanos libres y autónomos. Para ese modelo debemos estar trabajando todos para que nuestros sueños se hagan realidad. ¡Tenemos la fuerza!
