Terrorismo y revolución
La Revolución “Socialista y Bolivariana” terminó mostrando, luego de veinticinco años de hegemonía, su verdadero rostro. Ha derivado a una dictadura cruenta en pleno siglo XXI. Igual que el socialismo marxista leninista del siglo XX, este socialismo del siglo XXI repite los procesos y comportamientos que caracterizaron aquel. Fundamentalmente su determinación de aferrarse al poder ilegítimamente “para siempre”, usando la violencia y el terror. Quienes en el se instalan se sienten dueños de un país de por vida, y se plantean trasmitirlo de forma hereditaria al mejor estilo de las monarquías del siglo XVI.
Maduro, alumno aventajado de la escuela comunista cubana de Los Castro, decidió desconocer la voluntad ciudadana expresada el pasado 28 de julio y quedarse “por las malas” en Miraflores. Para ello ha lanzado la escalada represiva más brutal que haya conocido nuestra sociedad en más de un siglo. Nunca antes habíamos registrado más de 2.000 presos políticos y desatado una ola represiva que ha obligado a más de 5.000 ciudadanos a emigrar de sus comunidades para resguardarse, cuidar su vida y su libertad. Esto sin olvidar los 25 muertos provocados por los colectivos armados, lanzados contra los ciudadanos que legítimamente protestaban el fraude anunciado la madrugada del 29 de Julio del 2024.
El tema de los presos post 28 de Julio resulta dramático, no solo por el volumen, sino por los tratos crueles a que están sometidos en unos modernos campos de concentración del siglo XXI, ubicados en El Helicoide, Tocoron y Tocuyito. En abierta violación a los derechos establecidos en el artículo 44 de la constitución vigente, a esos presos se le ha sometido a un régimen de hambre, insalubridad, aislamiento, incomunicación con sus familias, con total negación del derecho a la defensa, a la presunción de inocencia y al juicio en libertad.
La camarilla roja ha fijado un patrón para criminalizarlos a todos. Se les acusa de terrorismo, incitación al odio, traición a la patria y asociación para delinquir. Somos el país de América Latina con el mayor número de ciudadanos sometidos a proceso penales por el delito de terrorismo. Cualquier observador desprevenido podría concluir que Venezuela es un país de terroristas. Pero es menester comprender que dicha situación se ha generado en un contexto opresivo donde un régimen político decidió perpetuarse en el poder por la represión y por el fraude, o para decirlo en las palabras de Nicolás Maduro: “por las malas…”
El terrorismo para “la revolución chavista” se configura desde el momento en que un ciudadano ejerce su derecho a disentir, a oponerse políticamente al gobierno, a manifestarse críticamente en las calles o en redes sociales. En la semana recién finalizada conocimos la información de los cargos imputados a dos dirigentes democráticos del país, Freddy Superlano y Ronald Carreño. A ambos se les acusó de TERRORISMO. Nada más alejado de la realidad que esos cargos. Por el mismo camino van los procesos contra Henry Alviarez, Dinora Hernández, Williams Dávila, Américo de Gracia, Perkins Rocha, Biaggio Pigleri y más de 1.200 presos procesados con el mismo tipo penal.
La trayectoria de los destacados dirigentes aquí citados, y la de centenares de anónimos ciudadanos sometidos a esos absurdos procesos, para nada se corresponden con comportamientos vinculados a la violencia y mucho menos con actividades destinadas a generar terror en nuestra sociedad. Por el contrario, son militantes de la civilidad, de la democracia y de la libertad. Están en prisión por hacer política democrática, por haberse incorporado a la lucha electoral que establece nuestra constitución como el método para acceder al poder.
A Maduro y su camarilla le produce indignación la presencia en la escena pública de una legión de dirigentes auténticamente comprometidos con el cambio democrático. Por ello decidió un plan de represión, terrorismo judicial y hostigamiento contra quienes ejercemos la política en el marco de la constitución y con estricto apego a los principios fundamentales de la democracia.
“La revolución socialista y bolivariana”, como se autodenominan los autócratas en el poder, le imputan a la oposición democracia su comportamiento y su forma de actuar. Nos acusan de cantar fraude porque tenían decidido desconocer la voluntad popular desde antes del 28 de julio. Era lógico y natural que denunciáramos al mundo el fraude. Pero no solo que lo denunciamos, es que lo probamos. El comportamiento de la camarilla roja ha sido la de escudarse en sus poderes para imponer como un dogma su tesis de haber ganado sin mostrar a nadie las actas que soporten ese resultado.
Por eso han convertido en “terroristas”, en los forjados expedientes presentados, a la mayoría de los presos políticos secuestrados después del proceso electoral del pasado 28 de julio. Los venezolanos sabemos que los verdaderos terroristas son ellos, los que están instalados en el poder. No solo por esta ola de terrorismo judicial desatado contra un volumen tan elevado de ciudadanos, sino porque su comportamiento político ha estado vinculado con la violencia y con movimientos claramente reconocidos en el mundo como terroristas.
Quienes hoy gobiernan son herederos directos de una jornada de violencia con la cual, su mentor, pretendió asumir el poder. En efecto el movimiento “socialista y bolivariano” emerge en el escenario político de Venezuela, luego del fracasado golpe de estado del 4 de febrero de 1992. No surgió de una voluntad asociativa para participar democráticamente en la vida del país. Nacieron por un acto de fuerza. Luego de instalados en el poder se ha ido identificando política e ideológicamente con movimientos violentos y terroristas.
Citó a modo de ejemplo la identidad de Chávez y chavismo con los grupos terroristas de la guerrilla colombiana, a quienes defendió y aupó expresando lo siguiente: “No son organizaciones terroristas, son verdaderos ejércitos que ocupan espacio en Colombia, hay que darles reconocimiento, son fuerzas insurgentes que tienen un proyecto político, un proyecto bolivariano que aquí es respetado».
Si esos grupos de la guerrilla colombiana, que tienen en su haber un historial de eventos violentos y miles de muertos provocados por sus acciones, no han sido terroristas, según la doctrina chavista, como pueden ser terroristas unos dirigentes que jamás han empuñado un arma y cuya presencia en la escena pública es en una campaña política y en el servicio electoral.
Es la doble moral de una gente que decidió optar por la violencia para perpetuarse en el poder. Su identidad con los grupos terroristas de Colombia, con los del medio oriente como Hezbolá y Hamás, y con los colectivos armados para atacar a la sociedad civil, revelan de forma clara que el terrorismo es un mal instalado en el poder, que es parte de la naturaleza de la camarilla madurista y para nada es una conducta de la sociedad democrática venezolana que lucha de forma pacífica y denodada por rescatar la democracia para retornar a la paz y a la convivencia civilizada.
