Solidaridad, represión y delito
Tenía ya escrito mi artículo de esta semana cuando de noche, y sin preaviso, el Ejecutivo tomó una “Providencia” para controlar y poder criminalizar a las organizaciones sociales de solidaridad humanitaria cuando más falta hacen en esta grave emergencia nacional.
El régimen, fracasado en sus obligaciones más básicas de gobernanza, se aferra al control y a la represión.
El Arzobispado de Caracas ante la gravísima situación del país creó hace un par de años el Centro Arquidiocesano Monseñor Arias Blanco enfocado en la crisis englobante que vive el país. Su director es el P. Alfredo Infante S.J., párroco de la parte alta de La Vega y hasta hace poco director de la revista SIC, una persona con los pies en la tierra, el corazón con la gente y la cabeza buscando soluciones.
Alfredo, semanalmente, en Signos de los Tiempos señala algunos de los problemas más graves, acompañado de reflexiones y orientaciones basadas en el Evangelio y la Doctrina Social de la Iglesia. Esta semana prendió las alarmas sobre esta “Providencia”, imposición violadora de la Constitución. Centenares de asociaciones sociales activas de solidaridad nacional e internacional han levantado su voz, e instituciones como la Academia Nacional de Ciencias Políticas y Sociales están alarmadas.
Ante la grave emergencia me tomo la libertad de reproducir textualmente los puntos centrales del escrito de Alfredo Infante, dejando de lado lo que no cabe en este espacio limitado.
“ORGANIZARSE ES UN DERECHO, NO UN CRIMEN”
“Durante la pandemia de la ‘gripe española’, que azotó al mundo y a nuestro país en el siglo XX (1918 y 1919), Venezuela vivía bajo la dictadura de Juan Vicente Gómez, quien pese a su férreo control sobre la población, permitió que desde un sector clave de la sociedad civil -como lo era para entonces la novel Academia de Medicina- se organizara la ‘Junta de Socorro Nacional’, coordinada desde Caracas y con sede en algunas regiones del país, para afrontar la enfermedad y la crisis humanitaria resultado de la misma (…)».
“Para entonces, nuestro beato José Gregorio Hernández, uno de los fundadores de la Academia, recién llegado de sus estudios de posgrado en Estados Unidos y España, se integró a la Junta de Socorro Nacional, conformada por el arzobispo Felipe Rincón González y los médicos Vicente Lecuna Torres, Santiago Vegas, Antonio Rísquez, entre otros, y coordinada por el Dr. Luis Razetti, todos miembros de la Academia Nacional de Medicina. La junta de Socorro tuvo como misión coordinar la respuesta ante la pandemia y educar a la población…montó una estrategia de Información, Formación ciudadana, y organizó el sistema de salud para afrontar institucionalmente la pandemia”.
“A propósito de esta anécdota histórica, hace unos meses leí un tuit de Laureano Márquez, quien con su lúcido sentido del humor comparaba aquel momento con nuestra actualidad. Como no tengo a mano el contenido exacto de aquel mensaje, parafraseo lo que dijo: “en aquel momento fue Luis Razetti, José Gregorio Hernández, la Academia de Medicina. Hoy son los hermanos Rodríguez y el presidente Maduro los que coordinan las políticas de salud ante la pandemia del Coronavirus”. Tamaño contraste que pone en evidencia el desamparo en que se encuentra hoy el pueblo venezolano”.
“Este hecho es revelador de un ejercicio antidemocrático de la política que busca controlar todas las dimensiones de la vida, rayando en la incompetencia y sacrificando vidas humanas a contravía de la Constitución. Así lo plantea el documento Rescatemos el derecho a vivir en democracia: decálogo para la acción, hoja de ruta que presentó la UCAB junto a Provea y Espacio Público para orientar a la ciudadanía en la defensa del Estado de derecho y la recuperación de las condiciones de vida. El tercero de sus 10 principios, titulado ‘Hay oportunidades para la libre formación de la opinión pública’, subraya lo siguiente, citando nuestra Carta Magna: ‘Las organizaciones no gubernamentales, los sindicatos y las distintas modalidades asociativas del ámbito empresarial, económico, cultural y religioso son igualmente indispensables para la preservación de la democracia (arts. 52, 59, 95 y 112 CRBV’ a lo que yo añadiría, para participar corresponsablemente ante los desafíos informativos, educativos y humanitarios en contextos como los que vivimos con la pandemia”.
“Pero no es así. Más que facilitar la corresponsabilidad y la creación de iniciativas favorables a la vida, el Gobierno ha impuesto -y volvemos a citar el Decálogo- ‘prácticas que dificultan la creación de nuevas asociaciones o que ponen cortapisas a las actividades y al financiamiento de las ya existentes, en especial de organizaciones no gubernamentales’. Un ejemplo es la reciente «Providencia Administrativa No. 001-2021 para el Registro Unificado de Sujetos Obligados ante la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (…)».
“En un comunicado difundido esta semana, más de 600 organizaciones denuncian que esta nueva normativa ‘coloca a las organizaciones de la sociedad civil bajo sospecha de terrorismo y restringe el acceso al registro para su legalidad’. Además, sostienen que la providencia administrativa criminaliza el derecho a organizarse, porque ‘crea un Registro Unificado de Sujetos Obligados ante la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, adscrita al Ministerio de Interior, Justicia y Paz’ (…)».
“Los hechos muestran que la pandemia, más que abrir el Gobierno a la concertación para una respuesta más eficiente y eficaz ante la emergencia humanitaria y crear las condiciones y reducir los daños, ha sido la ocasión para profundizar los mecanismos de control y restringir el derecho humano y constitucional a organizarse para hacer el bien y salvar vidas”, escribía el jesuita Alfredo Infante.
