Sociedad de cómplices
Aunque ya uno está curado de espanto, nos alarmó la noticia de que a un “grupo hamponil dedicado al secuestro y la extorsión, aliado del reconocido hampón Chino Pedrera”, dentro de una camioneta robada, le encontraron un lanzacohetes AT-4, un arma de guerra bien moderna (dentro de lo que cabe en una FAN que tiene añadida una “B”) que solo se encuentra en los parques de armas de las unidades del Ejército. Uno se pregunta: ¿habrá ya algún comandante de batallón detenido y bajo averiguaciones? La respuesta más acertada es que no, porque estamos en una sociedad de cómplices. Lo más probable es que los fiscales militares estén muy ocupados persiguiendo civiles por el “delito” de expresar su opinión, cosa que es no-no bajo este régimen. Un arma de ese tenor, capaz de detener un tanque de guerra, no sale del parque sin la firma de alguien que se hace custodio de ella; mucho menos, puede pasar sin ser notada por delante de la guardia de prevención del cuartel. A menos que vaya oculta en el maletero de un carro pilotado por un oficial. En todo caso, si nos guiamos por el viejo apotegma militar de que: “el comandante es el responsable de todo lo que se haga o deje de hacerse en su unidad”, algún oficial superior ya debería estar imputado. Pero no. Ya tenemos el antecedente de otro lanzacohetes: el que, según Boves II, iba a ser utilizado para derribar SU avión —al cual las malas lenguas llamaban “el caracol”, por aquello de que llevaba el animal por dentro. Y sigue en eso… En dicha oportunidad, a lo mejor no convenía abrir una averiguación porque la coba metida en cadena nacional por el susodicho era muy burda: que con un arma tierra-tierra (que disparada contra la gravedad no alcanzaría ni 200 metros) intentaban tumbar un avión que, mientras aproximaba a Maiquetía, llevaría una altura de más de mil pies sobre el terreno. Pero en este, alguien tiene que ser responsable. No se trata de un guardia corrompido que introduce en una cárcel armas y municiones; tiene, de necesidad, que tratarse de un oficial que violó su juramento ante la bandera.
Si los fiscales militares están muy ocupados, los de la justicia ordinaria también parecen estar en lo mismo: en el hostigamiento y persecución de opositores. Si no, ¿por qué todavía no se ha abierto una averiguación por lo del maletín con 800 mil dólares que Antonini le llevaba a Kristina? A lo mejor, piensan que eso es una minucia; porque en un país que se roba al erario por decenas, cientos y miles de millones, ¿qué son unos piches billeticos que no alcanzaban para llenar una maleta, sino un maletín?
Este recuento, necesariamente, tiene que incluir el más reciente fallo (en la doble acepción del término) del TSJ, una corporación que empieza a ser conocida como “Cómplices, S.A.”. Si no, estaría incompleto. La vigencia espuria del decretazo puede convertir a Venezuela en una nación más muerta-de-hambre que lo que es ahora por la ineptitud y latrocinio rojos, un Estado fallido a la luz de los organismos internacionales, un país regido por una dictadura legalizada por unos “magistrados” a los cuales las togas les quedan grandes porque sus hojas de vida nos explican que no llenan los requisitos que exige la Ley. Aunque también hay unos cuantos —me consta— que saben de derecho. Pero que resultan peores que los anteriores porque descartan a sabiendas lo que aprendieron de Filosofía del Derecho y de Deontología Jurídica para imponer unos criterios contrarios a la letra y espíritu constitucionales. Pero que se corresponde con lo que les ordenan desde el palacio de Ciliaflores.
Dejémoslo claro de una vez: el meollo del fulano decreto es ponerle la mano a las pocas empresas y comercios que todavía están en manos privadas (y que son eficientes en producir lo que todavía vemos en los anaqueles). Imagínense que el mismo régimen que confiscó —porque no ha pagado ni un centavo a sus propietarios— unas empresas agrícolas, industriales y de servicios y las convirtió en eriales, depósitos de chatarra y basurales, ahora es el único encargado de producir harina de maíz, aceite, azúcar, arroz o lo que sea. La hambruna está garantizada. Porque es el mismo régimen que es dueño de más de la mitad de las plantas que debieran producir esos rubros pero que no funcionan. Todo, por unos jueces que, por venales, por ignorantes o por sectarios pasan por encima de la Asamblea Nacional porque ahora predomina el grupo opositor. Pero mientras los rojos constituían la mayoría, bastante que se hicieron los locos con sus tropelías. Día tras día.
Cito al doctor Juan Carlos Apitz: “Si revisamos la Constitución, la intención del legislador es firme: corresponde al tribunal solamente pronunciarse sobre la constitucionalidad del decreto, pero compete a la Asamblea Nacional aprobarlo o no. De negarse la posibilidad, queda sin efecto el mismo y no tiene vigencia ni aplicabilidad alguna (…), el TSJ demuestra que está fomentando la crisis institucional en el país (…) En vez de destrancar el juego político, servir de árbitro y mediador y de brindar respuesta a los problemas del país, suman uno mucho más grave, uno que pone en jaque la vida política y democrática”. Y cito a un constitucionalista más: Gerardo Blyde, señaló que esa sentencia es “la decisión más grave, peligrosa y usurpadora” que ha dictado la Sala dizque Constitucional.
Más claro, el agua, pero no la de Hidrocentro…
