Sin transparencia no más negociaciones en La Habana

No se está buscando la paz. Buscan crear un Estado dictatorial y una sociedad sin derechos. Sólo una negociación de frente al país podría corregir esa desviación suicida.

Tras más de dos años y medio de  negociaciones secretas entre los enviados de Juan Manuel Santos y los jefes de las Farc, los colombianos no sabemos si todo eso tiene una base ético-legal. A pesar de la demagogia sobre “la paz” tampoco está claro cuál es el verdadero objetivo de esos contactos.

Esas negociaciones comenzaron bajo el signo de la mentira y el crimen. El 20 de agosto de 2012, en plena ola terrorista, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, rechazó la revelación hecha por el ex presidente Álvaro  Uribe en el sentido de que JM Santos estaba negociando con la banda narcoterrorista. Uribe agregó que en los contactos secretos participaban Enrique Santos Calderón y Sergio Jaramillo, y que Santos había abandonado la política de seguridad democrática que había defendido como candidato. Todo eso fue negado por el  ministro de Defensa, con la argucia de que él, Pinzón, no había “autorizado” esas negociaciones. Una semana después, cuando era imposible seguir mintiendo, Santos admitió que esa relación existía.

El indicio mayor sobre la existencia de esa maniobra había sido hasta ese momento la nefasta reforma constitucional que Santos impuso con la ayuda del senador Roy Barreras, para  otorgar la impunidad total a los jefes terroristas. Santos jamás había prometido semejante regalo a las Farc. Sin embargo, ese marco para la impunidad fue aprobado, a pesar de las atrocidades que éstas cometen y habían cometido.  Uno de los  ministros de Santos se consoló diciendo que esas salvajadas “no afectan la economía del país”.

¿De dónde venía semejante traición? Hoy sabemos que el llamado “marco para la paz” fue el primer resultado antijurídico de la negociación secreta. Y que todo eso tenía un precio en sangre: el 15 de mayo de 2012, día de la aprobación de ese texto, el ex ministro y periodista Fernando Londoño Hoyos, el mayor crítico de la impunidad para las Farc, fue gravemente herido en un terrible atentado que mató a dos escoltas y dejó heridos a más de 40 bogotanos.

Los negociadores de las Farc no repudiaron ese crimen. Los agentes de Santos no exigieron una declaración de repudio. Así comenzaron esos contactos. Enrique Santos Calderón, ex director de El Tiempo y quien había presidido durante un año, de 2008 a 2009, la Sociedad Interamericana de Prensa, no fue capaz siquiera de condenar el atentado contra Fernando Londoño. La abyección de toda esa gente mostró que las “negociaciones de paz” carecían de base ética.

Como esas negociaciones no tocan las modalidades de la rendición de la parte subversiva que ataca al Estado y a la sociedad, lo que sí necesitaría un cierto secreto, esas negociaciones no pueden seguir siendo secretas. Lo que se está negociando va mucho más allá de la rendición de una banda armada y de la incorporación de sus miembros a una sociedad democrática. Se está negociando, en realidad,  la transformación del modelo actual de sociedad.  Se están negociando las características de un futuro Estado colombiano. Se está negociando  el destino de toda la nación, de toda la población, de sus libertades, de su vida y de sus propiedades.

Siete millones de colombianos que votaron por Oscar Iván Zuluaga el pasado 15 de junio comprenden esto. Pero los 7,8 millones que votaron por Santos creen que los “plenipotenciarios” de La Habana trabajan por la paz, y representan la virtud. Quizás ellos ignoran que el terror siempre ha necesitado disfrazarse de virtud para vencer. Esa falsa ilusión es funesta para el país. ¿Saben acaso lo que implicará para Colombia las expropiaciones que quieren hacer las Farc? ¿Saben acaso qué será  tener planes de desarrollo bajo la férula de los “consejos territoriales” que obtuvieron ya las Farc en esa negociación?  ¿Saben qué harán los “consejos” y las “veedurías” de las Farc diseñados para “acompañar a las autoridades en la implementación de lo convenido”? ¿Saben que esos acuerdos, de ser inscritos en una Constitución, significan el fin de la economía libre, de la iniciativa privada y de la propiedad privada?

¿No es doblemente irónico ver que al mismo tiempo que los jefes y teóricos del chavismo  –Jorge Giordani, Heinz Dieterich, Luis Miquilena, José Vicente Rangel y hasta el mismo Rafael Correa, presidente de Ecuador) están reconociendo que las expropiaciones y otras medidas colectivistas dañaron la economía venezolana, los enviados de Santos a La Habana están aceptando exactamente esas mismas recetas  ineptas, retrógradas y liberticidas que les propone la guerrilla comunista?

Las negociaciones de La Habana no pueden ser a espaldas de los colombianos.

Lo que está en juego no es el punto de la entrega de armas de los irregulares (que ellos rechazan), ni la firma de las condiciones que éstos deben respetar para incorporarse a la sociedad. Todos debemos saber qué son exactamente los “cambios institucionales” que está prometiendo Santos a las Farc para llegar al “fin del conflicto”.

Cuestionar  el pretendido derecho al secreto en esas negociaciones  es indispensable para poder defender los intereses populares más vastos.

Hoy sabemos que la paz no es el objetivo de esos diálogos. Un jefe de las Farc en La Habana lo ha dicho. Para ellos tras la firma de la paz “el conflicto continuará”. En el “acuerdo sobre participación política”, del 6 de noviembre de 2013, las partes firmaron que lo acordado “se pondrá en marcha en el marco del fin del conflicto”, es decir, dentro del conflicto, no una vez se haya terminado el conflicto. Ellos no pueden ser más claros.

En esas negociaciones las Farc deslegitimizan el Estado para convencer a sus interlocutores que éste debe ser “cambiado” para que haya una “democracia amplia”. En vista de lo que han firmado, los agentes de Santos, incluso el general Mora,  parecen haber aceptado ese desatino. Triste realidad. Todos creíamos que ellos habían ido a Cuba a pelear por unos valores, a defender el ideal democrático-liberal, a proteger la Colombia que todos amamos.

En el Estado de derecho, las leyes no son secretas, y la discusión de los proyectos de ley son actos públicos. En el Estado de derecho, la reforma de la Constitución  se hace de manera pública y nada puede ser secreto. En La Habana están negociando una nueva Constitución para Colombia, de manera pérfida y secreta. Ello es inaceptable. Quieren  imponerle a los colombianos, a última hora y sin discusión verdadera, una Constitución chavista.

El presidente Santos y el Fiscal Montealegre tratan de convertir en “secreto de Estado” la negociación en Cuba. Encarcelaron a un supuesto “hacker” para aterrorizar a todo el mundo, sobre todo a la prensa. Ahora anuncian que quieren “regular las redes sociales”. Son pasos hacia la censura. Ese control detestable de la información, sobre todo la información que concierne las negociaciones, es abusivo pues  destruye todo respeto por los intereses vitales de los ciudadanos. La libertad de expresión está en peligro en Colombia.

De ahí la obligación de abrir esas negociaciones a delegados de todos los sectores de la sociedad, sin que éstos sean escogidos y filtrados, como hasta ahora, por las Farc y el gobierno. De ahí la necesidad de grabar cada sesión de esas negociaciones y la obligación de publicar regularmente de cada sesión de esas negociaciones.

Todo ello para que los colombianos no quedemos, como hasta ahora, a la merced de las declaraciones interesadas de las partes, o de las interpretaciones, parciales o no, tendenciosas o no, de la prensa que cubre esas negociaciones.