Seguros

En reciente sesión, la Comisión de Administración y Servicios de laAsamblea Nacional, decidió por unanimidad atender los problemas generados en el sector de los seguros.  Inocultables, los hay por los abusos en los que las empresas especializadas han incurrido con el incumplimiento contractual ya acostumbrado en los distintos ramos (automóviles, incendios, hospitalización, inmuebles, funerarios, etc.).  No obstante, dejamos sentada la postura de la bancada democrática de la oposición, ya que el solo tratamiento de la materia requiere de una metodología que, como toda, sea compartida,  ordenada y confiable, contando con el asesoramiento adecuado.

Enfatizamos la necesidad de responder a extensos sectores que aportan sus   sacrificios para gozar de una póliza – ciertamente – cada vez más encarecida, sin que frecuentemente sepan de la debida y oportuna contraprestación. Dejamos constancia de una preocupación común, aunque – demasiado consabido – el sector también sufre las consecuencias impredecibles de una economía de guerra que ha dislocado completamente al país, pretendiendo el gobierno evadir toda la responsabilidad que le cabe al concebirla y deliberadamente implementarla.

Por supuesto, una comisión parlamentaria que se entiende como complemento del gobierno nacional, no resolverá tan delicado asunto. Intentarlo, significará no sólo sentar en el banquillo de los acusados a las empresas privadas de seguros (justas y pecadoras, como tanto lo desean), sino al Estado mismo que, por una parte,  presta tan ineficiente servicio en un ramo que muy bien pueden desempeñar los particulares (principio de subsidiariedad), con todas las secuelas que cabe imaginar; y, por el otro, íntimamente lesionado por la sobresaturación de potestades (y atrevimientos), no logra siquiera corregir administrativa ni judicialmente los errores y fallas en un ámbito que está igualmente particularizado por el modelo rentista que le ha reportado magníficos dividendos.

Solicitamos a la Comisión – nuevamente – las diligencias para informarse debidamente de los delitos habituales y hasta novedosos que justifiquen alguna futura iniciativa legislativa adicional, pues de nada vale presumir de su existencia para reemplazar automáticamente la labor de los organismos administrativos de supervisión y fiscalización, o la misma jurisdicción penal, cuyas omisiones deben investigarse. Por lo demás, es al amparo del todopoderoso gobierno que surgen las empresas fantasmas, los mecanismos más sofisticados y sórdidos de estafa, la asignación caprichosa de contratos, en un amplio catálogo para el socialismo que, sospechamos, so pretexto de una justificada y acaso inocente inquietud para sus propios parlamentarios, desea condicionar, controlar o acabar definitivamente con la actividad privada de los seguros para dejar solitario y resignado, mudo y conforme a cada venezolano en manos del Estado.

Suele ocurrir,  interesadamente reseñada la noticia por los oficiales, los medios independientes – por razones de espacio o por una olímpica subestimación – la omiten, sin ni siquiera adivinar hasta dónde ha de llegar la punta del hilo que distraídamente hala el oficialismo. Por lo pronto, a escasos meses de concluir el presente período legislativo, aceptamos y aprobamos la investigación en el seno de la aludida Comisión, no sólo para – por lo menos – intentar subsanar los problemas, sino también sincerarlos revelando las amargas contradicciones gubernamentales.