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Salir de hiperinflación mediante el genocidio salarial

Según el diario californiano La Opinión (11/01/2022), Venezuela después de cuatro años y dos reconversiones monetarias, sale del ciclo de hiperinflación en el que se encontraba desde 2017. El Banco Central de Venezuela (BCV), la institución público bancaria del país, dio a conocer el sábado las cifras de inflación: Según el Índice Nacional de Precios al Consumidor, la variación intermensual de precios en diciembre 2021 fue del 7,6%. Esto significa que Venezuela ha cumplido exactamente doce meses con una variación por debajo del 50%, considerado por los expertos como el umbral de la hiperinflación.

Esta afirmación es secundada por algunos expertos economistas locales quienes no dudan en afirmar, que el fin del ciclo hiperinflacionario representa una “excelente noticia”, al acumularse para 2021 una inflación cercana al 862,6%.

¿Será cierto que la cordura de la disciplina fiscal penetró la ideologizada y disparatada política económica del tirano? No lo creo así. Devela su objetivo de mostrarle al mundo una “economía estabilizada” pese a las “sanciones imperiales”, aun cuando la procesión vaya por dentro ante la realidad que sufren diariamente los venezolanos, quienes, no siendo expertos en indicadores económicos conocen el calvario diario de la subsistencia y la farsa de la recuperación del modo de vida de la población.

Por tanto, es remarcable que los sesudos análisis de economistas nacionales y extranjeros no resalten la implacable política salarial, que ha congelado a niveles ridículos los montos de salarios, pensiones y jubilaciones de los trabajadores venezolanos.

A esta política criminal del “presidente obrero” se debe agregar el congelamiento de las partidas presupuestarias de salud, educación, infraestructura vial, de los situados constitucionales de los estados y municipios, al abandono de las empresas estatales sin mantenimiento y convertidas en chatarra por la desidia gubernamental. 

Si tomamos como muestra las universidades autónomas tomadas como blanco del desprecio del Ejecutivo Nacional, vemos como las han reducido a la inopia y a la mendicidad, para luego aparecerse como samaritanos protectores de instituciones consagradas como patrimonio de la humanidad, hoy condicionadas por la tiranía a la ruina y al quebranto con presupuestos exiguos.

La dictadura asume doble rostro, a las instituciones heredadas de la democracia las maltrata y hostiga con asignaciones miserables, y por otro impone políticas de recaudación onerosas como es el caso de Notarias y Registros, cuyas tarifas inconstitucionales las aplican en petros, con costos desmedidos, aun cuando los venezolanos ganan en bolívares y utilizan los dólares como transacción en una economía devaluada.

Como no le van a cuadrar las cuentas a un régimen que condena a 8 millones de trabajadores del sector público, entre los cuales incluimos a activos, jubilados y pensionados a 7 bolívares, es decir 1,7 dólares mensuales, con asignaciones adicionales bajo la figura de bonos, cesta alimentaria, sin ninguna incidencia salarial y entregadas discrecionalmente en montos cercanos a los 2 y 3 dólares. 

Este genocidio infernal salarial lo han complementado con la anulación de la contratación colectiva y la libertad sindical en el sector público, reduciéndola a la caricatura cuando publicitan la firma de algún convenio impuesto desde el Ministerio del Trabajo

Ni la China del capitalismo salvaje de Xi Jinping goza de tales prerrogativas para su disciplina fiscal en materia de personal y social, en nuestro caso la distancia sideral se manifiesta entre una canasta alimentaria cuyo monto es de 370 dólares y la risible paga del sector público. 

En nuestro país quienes escapan a los efectos de este apartheid salarial son quienes laboran en el sector privado, los que complementan sus ingresos con las remesas del extranjero, y quienes se multiplican en jornadas de 12 y 15 horas diarias en variadas labores para poder subsistir, el otro grupo, es el resto de venezolanos obstinados de la barbarie, los cuales partieron en la diáspora a buscar otros escenarios en búsqueda de un mejor vivir. 

Valdría la pena hurgar también en estas áreas de la realidad socioeconómica a la hora de pontificar sobre la condición de vida de la población venezolana, y no detenerse solo en los fríos indicadores de la política fiscal y monetaria de la dictadura madurista empeñada en anunciar un bienestar que no existe y traducido en desgracia nacional. 

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