Rousseff impone “democracia participativa” chavista en Brasil
Corre en Caracas la anécdota de cómo el gobierno ecuatoriano comenzó a ver con otros ojos la crisis venezolana. El embajador de Colombia en Caracas propició, a finales del mes de marzo, un encuentro de los cancilleres de Brasil, Colombia y Ecuador con muy importantes hombres de negocios venezolanos.
Lorenzo Mendoza, heredero de la segunda fortuna más grande de Venezuela y cabeza del Grupo Polar, describió a los cancilleres extranjeros la situación de las empresas venezolanas.
Explicó que ante la renuencia del gobierno para cambiarles bolívares por divisas, los empresarios venezolanos no pueden pagar a sus proveedores externos.
Mendoza habría señalado al canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, que el grupo Polar mantiene, por ejemplo, una deuda de US$70 millones con productores de atún ecuatorianos. Días después de aquella tertulia, el presidente ecuatoriano Rafael Correa, se expresó negativamente sobre la política económica de su amigo y socio político Nicolás Maduro. “Se han cometido, con mucho respeto, desde mi punto de vista, errores económicos, por ello hay problemas económicos y eso exacerba las contradicciones políticas”, dijo el economista Correa el 14MAY14 en entrevista con radio Cooperativa en Santiago de Chile. Agregó: «Venezuela era la Arabia Saudita del mundo, y ¿dónde se fue ese dinero?”.
La “democracia participativa” chavista amenaza con instalarse en Brasil. La presidente Dilma Rousseff, mediante un decreto, instauró lo que oficialmente se denomina “Política Nacional de Participación Social” y que medios y políticos brasileños, califican de “decreto bolivariano”. El instrumento, identificado como Decreto 8.243 del 23MAY14, establece la participación de “colectivos” y “movimientos sociales institucionalizados” en la formulación, ejecución, monitoreo y evaluación de políticas públicas.
Según el decreto de Rousseff, la conexión entre el gobierno federal y la “sociedad civil” dependerá directamente de la Presidencia, la cual definirá quienes serán los representantes de los “movimientos sociales” ante los comités que operarán junto al Gobierno. El decreto contempla el traspaso de recursos financieros del Estado a las organizaciones de la “sociedad civil” y declara que deben integrarse los mecanismos de “democracia representativa, participativa y directa”. Los parecidos con el denominado “Estado comunal” del chavismo en Venezuela son más que evidentes.
El decreto sobre “participación social” emitido por Rousseff es objeto de un amplio rechazo entre la oposición brasileña. El partido opositor DEM ya introdujo un proyecto de decisión legislativa para frenarlo, contando con el apoyo de otros nueve partidos. La oposición busca aprobar en el Congreso un “decreto legislativo” que anule el emitido por el Palacio de Planalto, aunque a la fecha estaría en minoría. Mientras la oposición exige la declaración de urgencia para analizar el tema, el presidente de la Cámara de Diputados, Henrique Eduardo Alves del pro-oficialista PMDB, se niega a convocar una pronta sesión sobre el decreto. El 05JUN14, durante la instalación del Consejo de Desenvolvimiento Económico y Social” en el Palacio de Planalto, Rousseff defendió su decreto: “Estamos a favor de la participación de todos los segmentos en el proceso de estructuración de los proyectos de gobierno”. La mandataria prefirió obviar uno de los aspectos críticos como es la transferencia de recursos a los “movimientos sociales” para la ejecución de proyectos. Aparte del debilitamiento de instancias estatales y municipales de representación política, en los pasillos del Congreso brasileño se comenta que el decreto abre opciones para el flujo de recursos públicos a movimientos sociales cercanos al PT, justamente en año electoral cuando la Presidente aspira la reelección.
El jueves 06JUN14, a nueve días de la segunda vuelta electoral colombiana circularon los resultados de dos encuestas, ninguna de las cuales mostraba una diferencia estadísticamente notable a favor de alguno de los candidatos. Esa misma noche, el candidato presidente Juan Manuel Santos Calderón y el candidato uribista Oscar Iván Zuluaga Escobar, se midieron en un debate televisado. Al contrario de encontronazos previos a la primera vuelta, ninguno de los dos mencionó al expresidente Alvaro Uribe, el ahora archienemigo de Santos y forjador de la candidatura de Zuluaga. Ambos candidatos parecieran querer exorcizar la presencia del expresidente cuya participación en la primera vuelta fue central en los resultados. Zuluaga intenta no ser percibido bajo la tutela de Uribe. Santos prefiere que la poderosa mano electoral de Uribe no favorezca aún más al pupilo. Salvo en el tema de las negociaciones con las Farc y el tratamiento al gobierno de Venezuela, los dos candidatos pocas diferencias programáticas podían mostrar.
Gallup registró en su encuesta levantada entre el 31MAY y el 03JUN14, un 47,7% favorece a Santos, mientras 48,5% de intención de votos se inclinó por el candidato uribista. En tanto, según el levantamiento de Datexco, en el mismo lapso que Gallup, Santos contaría con 41,9% y su rival con 37,7%. El viernes 06JUN14 circularon las dos últimas encuestas de difusión pública antes de las elecciones. Cifras & Conceptos le otorgó 43,4% a Santos y 38,5% a Zuluaga. En tanto, la Ipsos-Napoleón Franco sumó 41% para la reelección y 49% para el uribismo. “Empate técnico” es la conclusión general, basándose en las encuestas con más credibilidad.
Las respuestas de las campañas de Santos y Zuluaga no han sido similares. Ambas campañas optaron por tejer alianzas con organizaciones partidistas, gremios empresariales y dirigentes políticos que le pudieran representar endoso de votos o, en todo caso, respaldos de opinión. Esas alianzas quedaron claramente definidas a los pocos días de la primera vuelta. Zuluaga, sin sorpresas, logró que la oficialidad del Partido Conservador y su derrotada candidata, Marta Lucía Ramírez, se abonaran a la candidatura uribista. Esa alianza, sin embargo, no implica un endoso del 15% de votos obtenidos en la primera vuelta, ya que la mayoría de los parlamentarios conservadores, caciques y operadores políticos en sus regiones, están llamando a votar por Santos. A Zuluaga, muy adherido al extremo derecho del espectro político, le ha quedado difícil procurar nuevas alianzas políticas al centro y a la izquierda.
El rechazo del uribismo a las negociaciones del Gobierno con las Farc regaló a Santos los votos de las diversas “izquierdas” que hacen vida en Colombia. Clara López, del moderado Polo Democrático, quien fue abanderada presidencial en alianza con Aida Avella de Unión Patriótica, sumó 15% de los votos. López y Avella ahora participan en la campaña de Santos. Igualmente, la operadora del chavismo en Colombia, Piedad Córdoba, está llamando a votar por el candidato-presidente. Los acuerdos sobre temas agrarios en las negociaciones de La Habana molestaron a grandes propietarios rurales los cuales, en teoría, serían aliados naturales del candidato de Uribe, pero esto no se materializó salvo en el caso, nada despreciable, del gremio ganadero.
Santos pudo armar y compatibilizar una extensa red de alianzas políticas que incluyen a tres expresidente, uno de ellos (Belisario Betancur) procedente del conservatismo, amén de los respaldos activos de dos exrivales: el siempre polémico Antanas Mokus y el izquierdista Gustavo Petro, ambos con importante influencia de opinión en la capital. Zuluaga va a la segunda vuelta bajo el amparo de Alvaro Uribe, lo cual no es poca cosa. El expresidente ha sido el principal activo de cuatro triunfos electorales presidenciales: sus dos elecciones (2002 y 2006), la victoria de su antiguo socio Santos en 2010 y la primera vuelta del pasado 23MAY14.
Las alianzas así como el debate de temas (incluyendo “la paz” y las negociaciones con las Farc) se muestran agotados como generadores de nuevos votos. El resultado electoral dependería de las maquinarias que identifiquen votantes y los movilicen hasta los centros de votación. Esto significa una importante operación de convencimiento a líderes políticos departamentales y locales y, una generosa disposición de recursos financieros para el alquiler de vehículos, suministro de comidas y bebidas y, a sotto voce, dinero líquido para estimular apáticos electores. Dirigida por el expresidente Cesar Gaviria, quien actúa como mariscal de campo, la campaña de Santos movilizó por Bogotá y regiones claves, a influyentes fichas políticas aliadas, en procura estructurar el respaldo de dirigentes locales. Son ellos los que pueden aportar sus maquinarias para el día de las elecciones. Uribe versus la maquinaria santista será la batalla del 15JUN14.
