Riesgos con la internacionalización del Esequibo
Uno de los temas más delicados en el campo de la diplomacia, es el tema de la delimitación de las fronteras, ya que le exige que los Estados asumir posiciones de acuerdo al Derecho Internacional y la sensatez. No basta con tener razón, sino actuar de manera coherente. Un siglo después de la fecha de la adopción del Laudo Arbitral de 1899 que determinaba la frontera entre Venezuela y Guayana Británica, Hugo Rafael Chávez asume la Presidencia de la República ratificando inicialmente los pasos que los diferentes Gobiernos venezolanos y la opinión pública nacional habían adoptado por considerar la sentencia como “nula e irrita” y asociándose a los triunfos que la diplomacia de la Venezuela democrática había alcanzado en 1966 con la firma del Acuerdo de Ginebra, con el que se ponía en tela de juicio los alcances de la decisión del Tribunal Arbitral de Paris al presentarse pruebas concretas de la nulidad del acto, basados fundamentalmente en el Memorandum de uno de los negociadores, el americano Severo Mallet Prevost.
Se ha recordado estos días en múltiples artículos que el Acuerdo de Ginebra se firma entre el Reino Unido y Venezuela pero incorpora a la Guayana Británica con lo que se acepta que el futuro Estado independiente se convirtiera en el nuevo actor internacional al permitirle ser la parte directa del conflicto fronterizo. De esa manera se reiteraba la reivindicación fronteriza, pero al mismo tiempo se reconocía la independencia de nuestro vecino del sur, siendo consecuentes con la política de apoyo a la descolonización defendida siempre por Venezuela. Tres meses después de la firma del Acuerdo de Ginebra, la República Cooperativa de Guyana proclama su independencia y se convierte en el actor exclusivo de la delimitación de sus fronteras con los países vecinos.
La “diplomacia bolivariana” en relación a la diputa fronteriza con Guyana ha tenido varios errores ya que después de “pecar por defecto” durante los tres lustros de su mandato al silenciar los pasos de posesión que paulatinamente fue ejerciendo Guyana, se va al otro extremo para “pecar por exceso” con la adopción inicial del Decreto 1787 que le pisa los callos a todos sus vecinos de América del Sur y del Caribe, a lo que se suman otros tres desaciertos que ponen en peligro nuestra reivindicación histórica: internacionalizar el diferendo al acudir a Mercosur y Unasur; ideologizar el tema al señalar que se trata de una pugna con la Exxon y con el imperialismo y no con Guyana; y utilizar las banderas nacionalistas con acento militarista usado como plataforma electoral, y corriendo con ello un riesgo similar al que sufrió el General Galtieri en Argentina con el conflicto de Las Malvinas.
El Acuerdo de Ginebra es un acuerdo transitorio definido por muchos como un “Acuerdo para llegar a un Acuerdo”. A Venezuela le interesa lograr una solución por vía de negociaciones bilaterales. Los Buenos Oficios parecían un buen camino para lograr un Acuerdo en que ambas partes ganaran (“win-win agreement”) y evitar entrar en los otros campos establecidos por el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas que ya Guyana asomó en la década de los 80 al proponer que se acuda a la Corte Internacional de Justicia; a la Asamblea General de la ONU o al Consejo de Seguridad, que Venezuela rechazó en su oportunidad logrando que se usen vías de negociación bilateral y no vías internacionales que serian más perjudiciales ya que volverían a asomar el riesgo del Laudo Arbitral. La internacionalización del conflicto unido al lenguaje conflictivo no es una buena vía porque nos aleja de una solución negociada, y pone en riesgo nuestra reivindicación fronteriza.
