Responsabilidad de todos
La gravísima crisis que afecta hoy al país debe ser resuelta por los venezolanos. Es cierto. Es nuestra responsabilidad primordial, pero ello no exonera a la comunidad internacional de su responsabilidad, en tanto que actor influyente en las relaciones internacionales, incluso, con titularidad jurídica reconocida hoy por el Derecho Internacional que le acuerda derechos y obligaciones en ese ámbito. La normativa relativa al respeto de los derechos humanos, inderogable e imperativa, forma parte del orden público que se consolida hoy que obliga a todos los Estados y a la comunidad internacional por igual. De allí la responsabilidad compartida de ésta, ante las violaciones graves de tales derechos.
Estamos ante una crisis sin duda sumamente grave que afecta la vida, la integridad física y la dignidad de los venezolanos. El criminal tratamiento que se da a los presos depositados en las cárceles del régimen y las detenciones arbitrarias de los opositores, como Antonio Ledezma hace dos días, confirman que la tortura y el secuestro son prácticas oficiales para castigar y amedrentar a quienes con derecho exigen libertad y democracia en el país, implementación de un auténtico terrorismo de Estado, ante lo cual la comunidad internacional tendrá que pronunciarse antes de que la barbarie se imponga definitivamente.
Es una realidad inocultable que en Venezuela los derechos humanos son constante y descaradamente pisoteados por el régimen, ante la falta absoluta de independencia e imparcialidad de los órganos de justicia incluida la Defensoría del Pueblo, ausente desde 1999. Los procesos judiciales politizados, arbitrarios, violatorios de las garantías procesales de los señalados a quienes se les condena en cadena nacional desde las más altas esferas de mando, sin derecho a su defensa, evidencian el grado de deterioro de los derechos de los ciudadanos.
El régimen insiste en mostrar una Venezuela distinta a través de montajes comunicacionales costosos y perversos. Promueven un falso progreso y una paz engañosa solo para desmantelar la democracia. La mentira como herramienta para la dominación es una práctica aberrante propia de estos regímenes. Una campaña en esta dirección conlleva el aniquilamiento de los medios de información independientes y con ello de la libertad de expresión y el derecho a la información. Para promover el desastre hecho felicidad, es decir, la miseria hecha falso bienestar, el régimen usa los medios públicos en clara comisión del delito de peculado; a los comunitarios y los otros “allegados” e incluso recurre al vergonzoso aporte de los “patriotas cooperantes”, la sapocracia creada por la “inteligencia” revolucionaria y al desatado malandraje que desde espacios de la televisión pública incitan al odio y a la violencia, protegidos por la más absoluta impunidad.
Ante la violación continua de la Constitución y de la imposición de un modelo rechazado por los demócratas y frente a la imposibilidad de un dialogo sincero, los venezolanos tenemos la responsabilidad primordial de promover sin miedo un cambio de rumbo político mediante la protesta pacífica que el régimen ha etiquetado “desestabilizadora”.
Los regímenes dictatoriales se empeñan en frenar los avances de la sociedad internacional. Insisten en desconocer que el mundo evoluciona, que las relaciones internacionales son distintas y que el Derecho Internacional se transforma constantemente. La comunidad internacional tiene hoy no sólo el derecho a intervenir, sino la obligación de hacerlo. No se trata de injerencia, sino de acciones legítimas para proteger a los ciudadanos de la barbarie.
La comunidad internacional está allí y más temprano que tarde se pronunciará en favor del respeto de las normas, los principios y los valores democráticos hoy aniquilados en Venezuela, aunque lamentablemente hasta hoy los gobierno de la región, los supuestamente más interesados en la paz y el progreso de Venezuela, no se han pronunciado; tampoco MERCOSUR lo ha hecho, aunque si UNASUR, la que por medio de su Secretario General, el cuestionado Ernesto Samper, lo ha hecho solamente para solidarizarse con el régimen de Nicolás Maduro ante los “intentos de desestabilización” y “planes de magnicidio», ignorando la lamentable realidad de los derechos humanos en el país.
Las Casas de Gobierno de los países de la región no han expresado su solidaridad ni su apoyo a la causa venezolana, lo que es lamentable, aunque si los demócratas de esos países. Exmandatarios, personalidades políticas, alcaldes, organizaciones no gubernamentales, parlamentos nacionales e internacionales, intelectuales, han expresado con vigor su apoyo a la democracia en Venezuela lo que quizás hará meditar y rectificar a quienes hoy gobiernan en la región, todavía separados de la realidad de un país que se hunde ante sus ojos, con las consecuencias que para la región indefectiblemente traerá.
Una vez se habló de diálogo, un mecanismo sin duda deseado; pero fue sólo una pausa para arremeter con más fuerza contra el orden democrático. El diálogo que hoy dolosamente plantea Unasur, a lo que probablemente se acerquen algunos Cancilleres esta semana, busca solamente legitimar el régimen. El disfrute de los derechos humanos y de las libertades no son lamentablemente para el régimen, negociables. Sólo un encuentro abierto y franco sería beneficioso a la causa de la libertad. Y es solamente en el seno de la OEA, con la participación de todos los Estados de la región, que se podría encontrar el camino para aplicar de una vez por todas, la Carta Democrática Interamericana que ante la ruptura del orden constitucional debería activarse sin demora.
