Referendo revocatorio, una reflexión

La pérdida de la demanda del RR, es la pérdida de una batalla, pero la contienda no está perdida. Es un derecho previsto en la Constitución que debemos preservar.  Vendrán nuevas ocasiones, por eso tenemos que conocer mejor su envergadura constitucional para, nunca más, aceptar que sea objeto de manipulación y arbitrariedad leguleya. Por el momento, importa saber exactamente, que artículos de la Constitución han sido aplicados para dictar las normas que han imposibilitado el RR.

Esta reflexión invita a preguntarse qué hacer para dar mayor claridad a la interpretación para el ejercicio de los derechos enunciados en el artículo 72 de la Constitución. ¿Tendría la AN la autoridad constitucional para proponerle al parlamento, una enmienda para clarificar las condiciones de aplicación de ese derecho?

El RR presidencial, a mi entender, se podría catalogar como el opuesto de la elección presidencial, sería pues, una verdadera contra elección.  Se proclama electo o electa al candidato o candidata que hubiere obtenido la mayoría de los votos válidos (Art. 228, CRBV) No se menciona en el referido artículo que la mayoría de los votos válidos sea verificada en cada una de las circunscripciones del país. Por consiguiente, según hayan sido las condiciones que se aplicaron a la elección presidencial del incumbente a revocación, así deberían ser, como en este caso, exactamente, las condiciones del proceso revocatorio presidencial. Ni más ni menos.  

Por consiguiente, conviene aquí, preguntarse si para la elección del presidente de la república, para ser electo, solo se requiere una mayoría de votos válidos a su favor en todo el país, sin importar, el voto por circunscripción, ¿por qué tendría que exigirse que la petición para ejercer el derecho al RR, requiera que no menos del 20 % en cada circunscripción apruebe la solicitud? La aplicación de ese principio le estaría negando al elector, demandante del RR, el derecho a elegir libremente, en igualdad de condiciones. 

 Por otra parte, las innumerables violaciones a la Constitución y leyes de la República que se han venido cometiendo en las últimas dos décadas, son una muestra evidente de que estamos viviendo dominados por la arbitrariedad. Lo que, a su vez, constituye una muestra evidente de que los árbitros naturales de la sociedad, como son los poderes independientes, el Judicial y el Legislativo, no están cumpliendo con los deberes que les confiere la Constitución. Y, esta terrible anomalía se concreta en una muralla casi infranqueable que imposibilita al soberano, detentor del poder y deber que le confiere los artículos 72 y 350, emprender las acciones judiciales que haya lugar para ejercer su derecho para asegurar la inviolabilidad de la Carta Magna.

Por eso, a partir de este momento, estimo que deberíamos comenzar a pensar en sembrar la democracia para devolverle el rango de tradición que ya comenzaba a germinar al final de los primeros 40 años de civilidad.  Para lograrlo, la tarea comienza con la defensa de la Constitución. Y para ello, no hay mejor tribuna que los tribunales, peleando cada infracción, punto por punto, by the book, como suele decirse en el sistema legal inglés. Y cuando sea necesario, con acciones de calle, a través de manifestaciones pacíficas, que deberán formar parte del arsenal de defensa de nuestros derechos constitucionales.

La lucha al final es por el Estado de Derecho, emblema de la democracia. La lucha por el respeto, por el respeto mutuo. Sin ley somos lo que hoy somos, un país donde reina el miedo y la intranquilidad ciudadana, maltrecho económicamente por el robo y dilapidación de sus inmensas riquezas.  La lucha es por el imperio de la ley.  El imperio de la ley tiene un costo.  Y el costo-beneficio es inmensamente favorable a la sociedad que lo aplica, en términos de tranquilidad ciudadana y de bienestar social y económico y de orgullo de su prestigio de nación civilizada. Imaginemos cómo estuviéramos hoy si hubiéramos respetado la Constitución y velado por el buen uso de la considerable riqueza de que dispuso el país, especialmente desde la elección de Hugo Chávez en 1999. Y efectivamente, soñamos con ese gran país de gente creativa, lleno de dinamismo y prosperidad que conocimos y que pronto volverá con el impulso de las nuevas generaciones y apoyo de sus recursos naturales que todavía poseemos.  El papel principal, naturalmente, le corresponde al poder Judicial, TSJ legítimo y a La Asamblea Legislativa, así como el Frente Constitucional, que, con sus destacados miembros, tendrían que presentarle al pueblo lo que están haciendo o se proponen hacer para rescatar el Estado de Derecho, lo que sería en el fondo, llegar a convertir la Constitución en un verdadero pacto de ciudadanía. El camino será tortuoso, pero ya lo conocemos. Sin embargo, necesitaremos, como dicen los epidemiólogos, la habilidad para detectar lo que es nuevo o desconocido y la capacidad para distinguir lo rutinario de lo inusual; en fin, audacia, sagacidad y capacidad de anticipación para no extraviarnos del camino.  Abogados constitucionalistas y otros juristas, tienen ustedes la palabra.  El pueblo, mientras tanto, espera ……

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