¿Quién le paga a Miguel Díaz–Canel?

Es imposible imaginar a Fidel Castro como un funcionario que recibía un salario y aspiraba a una jubilación al final de su carrera, entre otras razones porque su carrera era infinita, su jornada carecía de horario, sus competencias no tenían límite, sus atribuciones indefinidas y su jurisdicción universal.

Nadie podrá explicar, nunca, como es que hasta los niños de un preescolar podían gritar: “¡Comandante en jefe, ordene!”, como lo haría cualquier cubano en cualquier parte (y no sólo cubanos, a juzgar por la conducta de ciertos venezolanos) fueran o no empleados de la administración. ¿Por qué caminos discurría esa autoridad que obviamente no derivaba de la Ley, puesto que no hay ni puede haber ley alguna que contenga semejantes disposiciones?

Alguna vez Castro simuló confesarle a uno de sus tinterillos, el pseudointelectual Ignacio Ramonet, que ganaba 30 dólares mensuales, no se sabe si para burlarse de él o del público, cosas que hacía con frecuencia. La cifra quizás provenga de que entonces se fijaba allí el límite de la pobreza, “un dólar diario” y era lo que se atribuía como salario promedio a un trabajador cubano.

El chiste pone de relieve que la cuestión estaba planteada en su mente como un dato de la realidad, de Hitler se dice que renunció a su sueldo de Canciller, un sujeto que estaba conduciendo a la humanidad hacia su destino más elevado no podía mancillarse con esas trivialidades, como Mussolini, de quien nunca se supo que cobrara ni un solo centavo por realizar el destino histórico de su pueblo.

La revista Forbes quiso estimar la fortuna de Castro en 900 millones de dólares de un modo bastante arbitrario tomando, por ejemplo, al emporio GAESA y calculando según métodos habituales cuál podría ser su capital, márgenes de ganancia etcétera, u otras empresas en principio públicas pero que dependían en última instancia del líder, como todo en Cuba.

Lo que lleva a la conclusión de que Cuba es un Estado Patrimonial, donde se confunde por completo la posesión privada de los Castro con el patrimonio público, de allí que Fidel nunca cobrara un sueldo (como probablemente tampoco su hermano Raúl y quizás ninguno de sus herederos), porque no era un empleado o funcionario público, subordinado a nada o a nadie, sino que Él era el dueño de la Hacienda.

Esta cuestión de quién paga qué a quién es de las más atormentantes de la Revolución Cubana, que descalifica a sus detractores como “mercenarios” por el hecho de “recibir dinero”, un pecado tanto más infamante si lo que reciben son dólares (no sabemos si el peso convertible o CUC tiene el mismo efecto deletéreo) y legalmente punible si provienen del “enemigo imperial”.

Retórica fantasiosa que inoculan a sus agentes en el exterior, por lo que es muy fácil identificar comunistas de closet escuchándoles acusar a quien quieren descalificar de estar recibiendo dinero del imperio, algo tanto más desconcertante cuanto que ellos mismos viven en EEUU y retozan sin rubor en las exuberancias de la sociedad de consumo.

El tema vuelve a saltar a la palestra por la reciente andanada de improperios lanzados sin comedimiento contra opositores que se encuentran en el interior de la isla, “en candela” como se dice en buen cubano, por los llamados influencers desde Miami,  salpicando a todo el mundo porque eso sí que es “escupir para arriba” o como se dice en Venezuela: “Quien tiene techo de vidrio no le tira piedras al vecino”.

En efecto, si se toma toda esta diarrea verbal y se pasa por un colador no se podrá encontrar ni un solo argumento consistente, político, jurídico, moral o de cualquier otro tipo, sea lógico o de simple coherencia del discurso, más que “recibiste dinero, ¿qué hiciste con él?”

Quien se tome la molestia de visitar la página de la National Endowment for Democracy o haga la más somera investigación en la red, encontrará listas que sobrepasan las 150 organizaciones cubanas que reciben ayudas de los EEUU, algunas muy reconocidas y otras no tanto, pero que no se pueden criminalizar por “recibir dinero” de forma transparente.

Visto desde Venezuela, estas “denuncias” resultan particularmente patéticas: todo lo que ha donado la NED a organizaciones cubanas en el año 2019 no llega ni a la mitad de lo que el régimen venezolano envía al cubano ¡en un día!, sólo en factura petrolera, esto es, sin contar lo que paga por personal de seguridad, médicos, entrenadores deportivos y otros, abiertos y encubiertos, hasta 100.000 efectivos, según las estimaciones más conservadoras.

De manera que Antonio Rodiles y Estado de Sats se han expuesto al ataque de la jauría de la red, influencers y ciberclarias, por hacer lo mismo que hacen no pocos venezolanos, incluso desde Miami, al denunciar las maniobras completamente ineficaces de la “falsa oposición colaboracionista”, porque “nadie puede equivocarse tanto por casualidad”.

Cacerolazos, marchas, caravanas, elecciones, diálogos, ayuda humanitaria, referéndum revocatorio o consultivo, plebiscito, todo eso se ha ensayado en Venezuela, con el único resultado de consolidar la tiranía.

Esos mecanismos resultarán, si acaso, en un contexto democrático donde exista un mínimo de honradez política, libertad de expresión, separación de poderes y control institucional; pero nunca funcionarán bajo un régimen totalitario comunista (salvo que se teja una red y se articule con la ayuda exterior, con laboriosidad y seriedad, pero ese es otro discurso).

Lo que se le critica al proyecto Cuba Decide es ser un indecidible. Gráficamente, es como si a un abolicionista se le hubiera ocurrido promover una consulta para ver si los esclavos preferían ser libres y los esclavistas, por su parte, liberarlos. Por favor, señora: la esclavitud se debe abolir y punto, sea lo que sea lo que opinen las partes, no hay nada que consultar.

En términos estrictamente jurídicos, no importa lo que decidan: hace mucho que el reinado de la autonomía de la voluntad ha venido cediendo terreno a los derechos adquiridos, que además son irrenunciables, como los Derechos Humanos.

Por ejemplo, ni que los trabajadores quieran puede admitirse que trabajen en condiciones de esclavitud, con una capitis deminutio frente al empleador o al Estado.

En Cuba, los súbditos cubanos no pueden contratar directa y personalmente con empresas extranjeras, sino que deben hacerlo a través de unas “entidades empleadoras” que venden a su vez la “fuerza de trabajo” a los contratistas. Un hecho curiosísimo es que para ellos no existe el despido, si el contratista no los quiere la figura que procede se llama “devolución”.

Asimismo, aquellos que van en misiones al exterior: quien contrata es el Estado, éste recibe íntegro el pago de sueldos o salarios y luego le reembolsa una pequeña parte al trabajador, más o menos el 20%, cubre otros gastos y comisiones y se embolsilla el restante 75%.

Es un privilegio exclusivísimo “no cobrar ni un centavo” por servir a la Revolución. Los demás son unos asalariados o, para llamarlos con más propiedad, unos “mercenarios”.