¿Qué significa el ultimátum del Grupo de Lima?
El Grupo de Lima ha venido ocupando el espacio que le correspondía ejercer a la Organización de Estados Americanos (OEA), y esto ocurrió por el sistemático bloqueo de algunas islas del Caribe, junto con los integrantes de la ALBA, a toda decisión de la OEA en la que se pusiera en entredicho el “carácter democrático” del gobierno venezolano.
Esta organización, de hecho, reagrupa a las principales naciones de nuestro hemisferio, tanto en volumen poblacional, como en el porcentaje del PIB. Hasta ahora, se ha venido reuniendo en diversas capitales del continente con la presencia de sus 16 miembros y anteayer lo volvió a hacer en Ciudad de México, con la participación via Skype del Secretario de Estado de los EEUU y del Ministro de Relaciones Exteriores de España, así como los diferentes Ministros de Finanzas de todas las naciones.
El comunicado, firmado por todos quienes en esa reunión participaron, reitera que no reconocerán los resultados de unas elecciones irritas y convocadas por una entidad al margen de la ley, como lo es la ANC. Además, agregan que de no suspender el gobierno venezolano las elecciones pautadas para el 20 de este mes, se han coordinado para ejercer a partir del día 21 de mayo, medidas, ya sea colectivas o individuales, en materia económica, diplomática, financiera y humanitaria.
En la historia reciente de las relaciones internacionales no se ha visto tal grado de concertación y decisión por un número tan relevante de naciones exigiendo el pronto restablecimiento de la institucionalidad y la democracia en un país, y lo significativo es que no se trata solamente de las naciones que integran oficialmente el Grupo de Lima, sino que incluye -e incluirá- a muchos países de Europa, Asia y América, que no pertenecen a esa organización.
Los tiempos han cambiado y la comunidad internacional es cada día menos tolerante cuando se detectan violaciones graves a los DDHH y se propician o cometen delitos transnacionales.
Lo sensato para el Grupo de Lima sería posponer las elecciones y realizarlas en los términos establecidos por la Constitución venezolana a finales de este año. Eso sí, con todas las garantías requeridas para que estas sean transparentes y justas y faciliten una transición hacia la institucionalidad democrática
