¿Qué nos está pasando?
El pasado 20 de octubre cinco tribunales penales de Venezuela decidieron anular el 1% de las firmas recolectadas en sus respectivas jurisdicciones por la organización opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), exigidas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) como parte de los requisitos para celebrarse el referéndum revocatorio (RR) en Venezuela. Las medidas dictadas por estos tribunales obedecieron a las acciones judiciales iniciadas por sectores oficialistas, los cuales denunciaron la comisión de un fraude en las mencionadas firmas.
Como consecuencia de tales medidas, el CNE ordeno posponer hasta nuevo aviso la continuación del proceso de recolección del 20% de las firmas que estaba previsto para el 26, 27 y 28 de octubre, el cual forma parte de la segunda etapa de requisitos (Inconstitucionales) exigidos por el organismo.
La reacción de la colectividad venezolana y de la comunidad internacional como reflejo de la medida judicial, no se hizo esperar. Particularmente, por que por mucho que hubieran existido firmas fraudulentas, las mismas fueron recogidas en demasía. De hecho, debiéndose recoger casi 200 mil firmas, tal y como declaro el CNE en su oportunidad, fueron obtenidas 1.957.779, y de estas 1.352.052 fueron consideradas validas por el organismo electoral.
Esta nueva acción, ahora mediante el uso de la justicia en Venezuela, no debería sorprender a nadie. El proceso para activar el RR ha estado plagado de sabotaje desde el momento en que la oposición venezolana anuncio su interés en iniciarlo. De allí que, indistintamente de la facultad que le competa o no a unos tribunales penales, la cual ha sido puesta en duda por algunos especialistas, y del derecho que asista a cualquier ciudadano a interponer acciones ante aquellos, es obvio entender que las referidas medidas adoptadas por estos organismos jurisdiccionales obedecen a la continuación de esta macabra historia que ha representado la activación de un procedimiento establecido en la propia Constitución de la Republica.
La situación creada a raíz de estas medidas judiciales amerita unas consideraciones al respecto, las cuales debería hacernos reflexionar respecto a la realidad de los hechos y a la manera como los mismos están siendo enfrentados. Más aun cuando del análisis de los mismos, le corresponderá a la sociedad en su conjunto y no un grupo determinado, establecer no solo los correctivos frente a posibles errores cometidos, sino la estrategia a seguir para evitar cometer otros mayores.
Así tenemos que el pasado 21 de septiembre, la presidenta del organismo electoral informo oficialmente lo que el CNE denomino el “Cronograma para recolección del 20% de solicitudes para activar el referendo revocatorio”.
En esa presentación (http://www.cne.gob.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3476), la mencionada funcionaria procedió a dar lectura a la decisión tomada por dicho organismo en relación con la continuación del proceso revocatorio, entre lo cual menciono, cito: “Una vez cumplidas todas las actividades posteriores a la recolección del 20% del registro electoral, el Consejo Nacional Electoral deberá emitir la declaratoria de procedencia o no procedencia, la cual se llevará a cabo a finales del mes de noviembre, por lo que de cumplirse los requisitos normativos y si se alcanzara el quórum mínimo para la activación del mecanismo, la convocatoria del evento tendría lugar a principio de diciembre, fecha a partir de la cual inician los 90 días reglamentarios que tiene el organismo para realizar el referendo. De manera que el evento pudiera efectuarse a mediados del primer trimestre de 2017” (Subrayado nuestro). Igualmente, en esa misma fecha el ente electoral informo que había sido aprobada la recolección por circunscripción estadal del 20% de las firmas para activar el RR.
Tal y como puede apreciarse, el CNE en esa oportunidad notifico al país respecto a dos situaciones directamente vinculadas con el proceso revocatorio, la primera- y evidentemente la más grave porque impide la posibilidad de realizar elecciones presidenciales para sustituir al régimen autoritario imperante- fue la decisión de realizar, para el caso que se reunieran el 20 % de las firmas en tiempo hábil, el RR para “mediados del primer trimestre de 2017”.
El CNE en ningún momento y bajo ninguna circunstancia, dejó abierta la posibilidad de que el mencionado referéndum pudiera eventualmente producirse en el presente año. No obstante, la reacción de la organización política que hizo la solicitud de activación del RR, secundada por los medios de comunicación, en vez de dirigir su atención a esta grave situación, hizo hincapié en la discusión respecto a su negativa a recoger dichas firmas a nivel estadal, llegando incluso a la conclusión de que indistintamente de lo que el CNE dijera, las mismas serian recabadas a nivel nacional.
Como consecuencia de tales circunstancias, la mayoría de los venezolanos (y por lo que estamos viendo de la reacción frente a la decisión judicial mencionada) del mundo entero, han creído equivocadamente que el RR en Venezuela se realizaría en el presente año. Líderes políticos, representantes de gremios, importantes personajes de la sociedad venezolana, medios de comunicaciones nacionales e internacionales, organismos multilaterales y hasta gobiernos, han venido haciendo referencia al derecho de los venezolanos a expresarse mediante el RR. Todos ellos bajo la falsa creencia que esa expresión se materializaría en un cambio de rumbo político en el país, cuando resulta que esto es absolutamente falso porque para que esto ocurriera es necesario, como lo establece la Constitución de la Republica, que el RR se realizara en el 2016.
¿Cuál podría haber sido la razón por la cual se le ha hecho creer al mundo de algo que no es verdad? Esto es algo que le competerá responder a quienes, consciente o inconscientemente, y quizás hasta llamados –equivocadamente- por la mejor buena voluntad, han dado pie a esta terrible confusión, en donde venezolanos de manera desgarradora, definen las actuales circunstancias como “la muerte del revocatorio”, cuando resulta que esta muerte ya estaba decretada y anunciada oficialmente desde hace un mes sin que nadie hubiera querido darse por enterado. Pareciera que, así como nadie quería reconocer que el rey estaba desnudo bajo pena de hacerse ver como tontos, en aquel famoso cuento de Christian Andersen, “el traje nuevo del emperador”, en Venezuela nadie quería que lo tomaran como el aguador de la fiesta.
A pesar de tales circunstancias, desde hace algún tiempo se han venido escuchando opiniones divergentes, de manera muy sólida, en relación a la manera como debe enfrentarse la situación del país. No es casualidad que organismos como la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Venezuela se hayan pronunciado recientemente sobre la inconstitucionalidad de la Ley de Presupuesto aprobada por el presidente de la Republica, a espaldas de la Asamblea Nacional. De igual forma, el gremio de abogados, representado por la Federación Nacional de Abogados, el Instituto de Previsión Social del Abogado, junto a 21 Colegios Nacionales, se declararon en «rebeldía» ante las decisiones emitidas en los últimos meses por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Esto sin contar la cantidad de personalidades del país que diariamente se están manifestando respecto a la impostergable necesidad de no seguir obedeciendo órdenes inconstitucionales, y aceptando manifiestas violaciones a los derechos humanos, a cuyo efecto hacen mención a la desobediencia civil establecida en el Artículo 350 de la Constitución de la Republica.
Lo peor que puede sucederle al país es mantenerse estático bajo la avalancha de abusos y violaciones a los derechos de los ciudadanos. De no actuarse con contundencia frente a lo que está sucediendo en el país, mañana no habrá medios de corregirlo. Cabe incluso la posibilidad de que por no actuar a tiempo no existiera siquiera un mañana.
