¿Qué hacer en la reclamación del territorio Esequibo?
Desde 1966, con la firma del Acuerdo de Ginebra, Venezuela ha insistido -sin éxito, en resolver la controversia con la República Cooperativa de Guyana sobre la soberanía del territorio ubicado al oeste del río Esequibo.
Es de todos conocidos que el laudo arbitral de 1899 le otorgó al Reino Unido la soberanía sobre esos 159.542 kilómetros cuadrados que le fueron literalmente despojados a Venezuela en un juicio amañado. Lamentablemente, nuestro país a finales del siglo XIX venia de sufrir una situación caótica producto de un sin fin de guerras intestinas, y a comienzos del siglo XX, una sucesión casi ininterrumpidas de dictaduras militares. Ello condujo a que no se reclamara formalmente el fallo y más bien se le diera ejecución, procediéndose a demarcar las fronteras. Y peor aún, en época de la dictadura de Pérez Jiménez, establecer un vice consulado en Morahuana, población sita en el territorio en reclamación.
Fue en la era democrática, bajo la presidencia de Rómulo Betancourt, que se revivió la reclamación al obtener evidencias en el testamento del abogado Mallet Prevost del fraude cometido por los árbitros ingleses en convivencia con el presidente del tribunal arbitral, el juez ruso De Martens.
Durante el gobierno del presidente Raúl Leoni, antes de la independencia de Guyana, el día 17 de febrero de 1966, se firmó el llamado Acuerdo de Ginebra que tendría como propósito crear una comisión mixta para encontrar los mecanismos para resolver la controversia territorial.
En estos 51 años no se ha logrado ningún avance para resolver el conflicto, ya que Guyana insiste en que Venezuela debe probar, jurídicamente, la nulidad del laudo de 1899 y nuestro país señala que tiene que lograrse un acuerdo práctico entre los dos países para determinar la respectiva soberanía sobre el territorio en cuestión.
Ahora estamos por entrar en la etapa final de este largo litigio con la decisión adoptada por el Secretario de las Naciones Unidas el año pasado, que fija un lapso de un año para la resolución práctica de la controversia a través de la negociación asistida, que es lo que a fin de cuentas son los buenos oficios de la persona designada por el Secretario General, para luego ir, inexorablemente a la solución del asunto elevándolo a la consideración de la Corte Internacional de Justicia.
El gobierno venezolano cometió el error de insistir en los buenos oficios, que lleva 25 años sin producir resultado, en vez de haber exigido que se aplicará otro de los medios de solución de controversias previstos en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, y así lograr mayor tiempo para preparar un equipo profesional de alto nivel que se encargase de armar el eventual alegato jurídico par defender nuestra reclamación ante el alto tribunal internacional.
Ahora solo tendremos un año para hacerlo, ya que los guyaneses no aceptarán otra vía que la de ir a la Corte y mucho menos ahora en que están por convertirse en el Kuwait de Suramérica.
Una vez más nuestro país cayó en la falta de profesionalismo e improvisación en materia jurídica internacional lo que nos deja en una posición extremadamente comprometida de resolver positivamente para nuestro país la controversia.
Es importante saber que ahora ya no estaremos en el campo de la negociación política, sino en el marco estrecho de la solución jurídica, que para colmo estará influída por una comunidad internacional que ve con temor reabrir las fronteras coloniales con base en las cuales se han creado multitudes de países ahora independientes.
Lo único sensato que queda por hacer es constituir el mejor equipo jurídico posible para sustentar el alegato venezolano, sabiendo que Guyana lo ha venido haciendo a todo lo largo de estos 51 años.
