Perú, entre la derecha y la izquierda III
A pesar de que en la segunda vuelta electoral para definir la presidencia del Perú entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo se realizó el pasado 6 de junio, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), hasta hoy 17 de junio cuando escribo este artículo, no ha respondido el reclamo de Fujimori, que ha cuestionado los resultados en 800 mesas electorales, ni mucho menos ha anunciado el ganador del proceso, después de haber escrutado el 100 % de las mesas y contabilizado el 99,6 % de las actas. El resultado se mantiene inalterable desde hace varios días adjudicando a Castillo el 50,16 % y el 49,8 % de los votos a Fujimori. La diferencia es de apenas 58.000 votos. Compete ahora alJurado Nacional de Elecciones (JNE), previa la evaluación jurídica correspondiente, determinar si las observaciones y los reclamos son suficientes para suspender la proclamación de Pedro Castillo como presidente de la República. A su favor se encuentra el informe presentado por la Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de Estados Americanos (OEA) que descarta la ocurrencia de “graves irregularidades” en el desarrollo del proceso electoral y ha insistido que se deben respetar los tiempos legales establecidos. Sin embargo, pareciera ser que el resultado definitivo sólo se conocerá dentro de varios días. Mientras tanto, Pedro Castillo continúa declarándose vencedor, sin que haya el debido anuncio del resultado oficial.
Ante esta situación, considero necesario valorar como un documento de importancia, dada la historia del Perú, el comunicado suscrito por un importante número de oficiales de las Fuerzas Armadas, en situación de retiro, que ocuparon cargos en los Altos Mandos, constituido por 23 generales del Ejército, 22 vicealmirantes, y 18 tenientes generales de la Aviación, debido a que, el mismo, podría tener consecuencias políticas. El documento tiene como objetivo fundamental: solicitar el reemplazo del presidente del Jurado Nacional de Elecciones doctor Jorge Salas Arenas “para preservar la paz social y lograr un proceso electoral transparente, correcto, pacífico, y ajeno a toda duda…” “Expresamos nuestra gran preocupación por la radicalización de parte importante de nuestra población, con relación a la segunda vuelta electoral, que tiene mucho que ver con la inmensa diferencia que existe entre ambas propuestas electorales, pero nuestra inquietud e incertidumbre está referida en especial a la amenaza de uno de los partidos que participa en esta contienda al anunciar su candidato a la Presidencia de la República la no aceptación de una derrota, por considerar que se produciría un fraude”. Ese candidato es, sin lugar a dudas, Keiko Fujimori, por ser ella quien ha anunciado supuestas irregularidades durante el proceso electoral
Debo resaltar que entre los firmantes de dicho comunicado se encuentra el general Francisco Morales Bermúdez, ex presidente de la República, militar prestigioso, quien derrocó al general Juan Velasco Alvarado y puso fin a su nefasto gobierno para iniciar un lento pero sostenido proceso de recuperación económica y de derechos civiles hasta la convocatoria, en 1979, a unas elecciones justas y competitivas y el retorno de la democracia. El presidente Francisco Sagasti, figura política de reconocida autoridad moral, no podía guardar silencio. Su ministro de la Defensa, Nuria Esparch, mediante un comunicado expresó que: “el pronunciamiento de los ex altos mandos no representa a las Fuerzas Armadas Nacionales. Lamento su uso político porque genera alarma, zozobra y división en momentos en que el país requiere unidad y calma. Las Fuerzas Armadas Nacionales son instituciones respetuosas del orden constitucional y no son deliberantes. Su misión está establecida con claridad en la Constitución Política: garantizar la independencia, soberanía e integridad territorial de la República. Las Fuerzas Armadas han tenido un rol ejemplar en estas elecciones… Mi despacho tomará las acciones legales que correspondan por la utilización de los emblemas del Ejército, la Marina de Guerra, y la Fuerza Aérea del Perú”. Sin duda, una respuesta acorde con el momento político que vive el Perú, pero que también evidencia las fuertes tensiones sociales existentes.
No cabe duda que los peruanos enfrentan una compleja y difícil situación política, cuya solución demanda una acción inmediata, decidida y transparente de las autoridades electorales, que ponga fin al estado de zozobra que amenaza la paz social. Eso sí, sea cual fuere la decisión, en un sentido u otro, ella deberá ser absolutamente convincente, estar libre de toda sospecha y contar con la aceptación de ambos contendientes. Al ocurrir esto, se debería producir, en mi criterio, una negociación entre ambos candidatos tendente a garantizar los derechos económicos, políticos y sociales, sin distinción de preferencias partidistas, por parte del nuevo gobierno. Uno de los aspectos que puede verse comprometido si no se alcanza una solución a la crisis electoral que permita el surgimiento de un gobierno con suficiente legitimidad, es la prometedora situación económica del Perú. En este sentido, el Banco Mundial anunció que, a pesar de la Pandemia, la proyección de crecimiento del Perú durante 2021 será de 7,6 % muy por encima del proyectado para América Latina y el Caribe, el cual será de 3,7 % y solo será superado por el de Guyana (20,9 %), gracias a su crecimiento petrolero. Sería muy lamentable que esa magnífica oportunidad de desarrollo para el Perú y su pueblo se perdiera en medio de una indeseable convulsión política que no beneficiaría a nadie y resultaría en atraso y penurias.
