Pensiones y jubilaciones: crónica de un deicidio
La recién aprobada «Ley de Protección de las Pensiones de Seguridad Social frente al Bloqueo Imperialista», coloca en primera plana, la trágica evolución de la seguridad social en nuestro país, cuyo desarrollo contiene la deuda histórica del Estado venezolano con la población y en particular con sus trabajadores.
Ahora bien, este señalamiento no solo atañe a los gobernantes durante el siglo XXI, incluye a quienes ejercieron el poder bajo el puntofijismo, a aquellos que inicialmente desarrollaron la aplicación plena de la ley del seguro social en la década de los 60, para luego ser responsables de la decadencia extrema de la cobertura de las contingencias previstas para la protección de la salud y el retiro de la población.
La catástrofe de la institución en la última década del siglo XX se magnificó con las múltiples manifestaciones de pensionados del IVSS en diferentes ciudades denunciando pensiones miserables, y las acusaciones de corrupción y negligencia de la Junta Administradora del organismo, integrada en forma tripartita por representantes del Gobierno Nacional, Trabajadores y Empresarios, señalados por haber quebrado el organismo y el enriquecimiento ilícito.
¿Quiénes se protegieron parcialmente hasta entrado el siglo XXI de esta hecatombe del sistema de seguridad social? Aquellos sectores laborales públicos y privados que habían concretado mediante sus convenios colectivos planes de jubilación y pólizas de HCM, el resto por cierto la mayoría quedó únicamente a merced de la mísera pensión.
Por tanto, podemos afirmar que, sobre los escombros de la bancarrota de la seguridad social, del rescate de las prestaciones sociales y las falsas promesas de la democracia protagónica, cabalgaron los cánticos de redención de Hugo Chávez para cautivar a los venezolanos y desechar la gestión gubernamental caída en desgracia.
Este compromiso conllevó a insertar en la actual constitución nacional en 1999, los artículos 80 y 86 que consagran una seguridad social solidaria, y posteriormente la aprobación de la Ley Marco de Seguridad Social en diciembre de 2002 que estableció los siguientes Subsistemas: Hábitat y Vivienda, Adulto Mayor, Empleo y Capacitación, Protección en el trabajo, Salud, Jubilaciones y Pensiones.
¿Qué sucedió en realidad con toda esta normativa durante el siglo XXI?
Su texto y su ámbito de aplicación han sufrido durante este cuarto de siglo el curso de la demagogia, al ser utilizados solo como estrategia para mantenerse en el poder, al difundir esperanzas de cambio ante una población desprotegida por carecer históricamente de una seguridad social integral.
Cuando vemos la realidad de cada subsistema se ratifica su inaplicación, son descontados del salario periódico del trabajador, y a cambio éste no obtiene beneficio alguno. En Vivienda el 1%, en empleo 0.5% del salario normal, en el SSO 4% por contingencias que jamás percibe en materia de salud ante la ruina de hospitales del IVSS, siendo la guinda del pastel la pensión reducida a 3,60 $.
El colmo de la estafa en el ámbito de los empleados públicos es el Fondo de Pensiones y Jubilaciones creado en 1985, cuya deducción a los trabajadores de 4% se mantiene en la mayoría de las instituciones, aun cuando los afectados no conocen el destino de esas cotizaciones, ni identificar al primer jubilado del sector. Extraoficialmente se conoce que los fondos se trasladaron a la Tesorería Nacional de la Seguridad Social.
Otro caso de escandalo internacional es el Fondo de Jubilados de la Industria Petrolera Nacional, cuyos administradores birlaron la cantidad de 3.500 millones de dólares sin haber recibido los jubilados petroleros la compensación debida por esta estafa.
En resumidas cuentas, el cuadro actual agudizado en tono apocalíptico durante la gestión de Nicolás Maduro, se visualiza en grado máximo de crisis al igualar las pensiones y jubilaciones acordadas en los convenios colectivos en el sector público al salario mínimo, achatando las escalas salariales sustituidas por bonos sin ninguna incidencia salarial.
Luego de semejante razzia de los derechos laborales durante el siglo XXI, de haber esquilmado fondos de prestaciones dinerarias, de pensiones y jubilaciones sin rendir cuenta alguna del más mínimo céntimo sustraído de los bolsillos de los trabajadores, se atreve el mandatario de marras a aprobar este esperpento legislativo, «Ley de Protección de las Pensiones de Seguridad Social frente al Bloqueo Imperialista».
Adicionalmente aprueba este parapeto de normativa imponiéndole a los empresarios privados obligaciones que solo le corresponden al Estado con sus trabajadores, lo que constituye un abuso de poder característico de esta tiranía que arruinó al país.
Mas allá del escenario laboral la ley tiene una clara intención, y es la de favorecerse como lo ha hecho en múltiples oportunidades para las próximas elecciones presidenciales del 28 de julio, tratando de buscar recursos para comprar conciencias y votos, en su objetivo de violentar la esencia de un pueblo que durante su historia moderna aspira a vivir en democracia y con trabajo digno.
El pueblo venezolano cada día rechaza estas practicas haciendo suyas las palabras del Libertador “El sistema de gobierno perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política”, que garantice a sus ciudadanos la condición de vida digna que aspira la humanidad.
