Opinólogos y seguridad ciudadana
¿Qué es un opinólogo? Son personajes sin formación académica, ni técnica, sin investigaciones serias validadas por especialistas reales, cuyo objetivo primordial es tratar de formar parte de la agenda pública. Emiten opiniones basadas en el sentido común, en preconcepciones y prejuicios sobre los problemas securitarios en los medios de comunicación. Se autodenominan “expertos” en algunos temas porque publican opiniones en blogs personales, tienen pequeños espacios en algún diario o les dan declaraciones a algunos periodistas con los que tienen relaciones de amistad o empatía de alguna naturaleza (laboral, económica, de clase, ideológica o partidista). Estas ideas distorsionadas y desinformadas impiden tener una clara comprensión del fenómeno, y terminan lamentablemente influenciando las decisiones políticas, agudizando los problemas, incrementando la violencia institucional que a su vez alimenta la violencia social. Algunos llegan incluso a ocupar cargos importantes en el gobierno o a beneficiarse de importantes contratos con éste, gracias a semejante estrategia.
Hay “opinólogos” para todos los gustos: del gobierno, de la oposición, de derecha, de izquierda y ambidiestros, que se adaptan a la coyuntura concreta para ver a cuál bando han de apoyar.
No son criminólogos, sociólogos, psicólogos, ni investigadores especializados, tampoco son policías, pero hacen diagnósticos. Presentan cifras sin explicar la metodología empleada, ni su fuente; hacen “cálculos” que no describen el fenómeno real; incluso hacen pronósticos como los adivinadores que leen la bola de cristal. Los hay periodistas que, en vez de informar los sucesos, se convierten ellos mismos en la noticia como si fuesen un especialista.
Unos sueñan con la “mano dura”, con el retorno de razzias policiales en los barrios, exterminio de “elementos” molestos -que no por casualidad se encuentran en los barrios-, piden más policías -a pesar de que el pie de fuerza policial ha aumentado un 22,3% en los últimos 09 años, incrementándose la tasa de encuadramiento a unos 467 policías por cien mil habitantes, 117 puntos por encima del estándar internacional-. Otros creen que estos problemas se resuelven reformando las leyes penales, olvidando que eso es justo lo que se viene haciendo durante los últimos 15 años, con resultados sumamente negativos para todos.
Pero hay también opinólogos que se autodenominan “progresistas” que tratan de reducir la complejidad del fenómeno de la violencia y de la inseguridad como un mero problema etario, de género y de clase. Variables importantes que por sí mismas, consideradas de manera aislada, son insuficientes. Estos datos si no son analizados con variables de otros de tipo (situacionales e institucionales) no dicen nada y pueden quedarse en la superficie. Además, el sexo, la edad y el estrato socioeconómico no fueron estables y presentaron diferencias entre las encuestas de victimización de 2006 y 2009 que algunos de ellos tanto citan, presentado todas unas tendencias a la baja. Sin embargo, este discurso se viene repitiendo desde hace 09 años. Estas conexiones simplistas entre pobreza y violencia no explican cómo países como Haití (10,2 homicidios por cien mil habitantes –hpcmh-) y Nicaragua (11,3 hpcmh), que se encuentran entre los países de la región que ocupan los últimos lugares en el IDH y del PIB, tengan tasas de homicidio muy por debajo del promedio regional (20 hpcmh) (ONUDD).
Por ello es importante problematizar estos fenómenos desde una perspectiva crítica, considerando tanto las condiciones estructurales así como el funcionamiento de las instituciones del sistema penal como objeto de estudio.
