¿Ya no pasamos por aquí?

Bastó la caracterización presidencial para que se desataran los seguidores más avisados, elucubrando largamente sobre el Estado burgués. Ni el más acicalado estudioso del derecho constitucional, antes sobresaltado por la jerga sociológica, teme a una aproximación que hoy celebra el marxismo trasnochado, royendo poco a poco las capas de pintura de una bolivarianidad aceptada como un incómodo juego táctico.

Siendo el caso, es necesario indagar sobre las manifestaciones políticamente atractivas de un distinto Estado en construcción. Empero, la publicidad oficial no logra convencernos de las pretendidas innovaciones del parlamentarismo de calle, la generación de las juntas comunales, la reducción del BCV o la entronización de una contraloría social para PDVSA.

Estimamos que el parlamentarismo de calle es un dispositivo de plebiscitación propio del régimen, en procura de legitimar la iniciativa legislativa mediante una directa, selectiva e interesada consulta, en detrimento de una firme, variada y sostenida organización de los intereses ciudadanos. Surgió la idea de una suerte de parlamentarismo militar, a propósito de la reforma de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional que, al igual que otras piezas mal elaboradas o inéditas, formará parte del grueso paquete de la habilitación presidencial, evidenciando el carácter subordinado de la Asamblea Nacional.

Algunas personas dijeron que fue exagerado tildar de neoautoritaria la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, antecedente cercano de la que ahora regula a las juntas comunales, por afianzar la dependencia financiera con el poder central, debilitado el poder local en una extraña y contradictoria mezcla de las abstracciones cogestionarias y autogestionarias que, por lo demás, las desnaturalizaban como herramientas económicas. El comunalismo actual paradójicamente apunta a una atomización inaudita del poder popular, acentuando descaradamente la preeminencia de quien decide las inversiones y las convertirá en instrumentos adicionales de plebiscitación automática, aún por la fuerza.

Ya se dice que el BCV jamás contó con autonomía, ciego obediente a los dictados del FMI, por lo que una reforma constitucional estará destinada no sólo a departamentalizar burocráticamente al ente emisor, sino a reconocer el crónico financiamiento del déficit fiscal acaso como una conquista revolucionaria. Y, lejos de profundizar en una actividad técnica altamente especializada de control de su administración, la nueva institucionalidad de la industria petrolera descansará en una suerte de contraloría social de no menos interesada improvisación sobre los cuantiosos recursos de los que dispone.

El Estado liberal burgués que a muy pocos satisface en la actualidad, parece aventajar al que construyen en la Venezuela actual. La (sobre) habilitación presidencial ha sincerado más las intenciones de un régimen que no distingue no distingue entre los órganos del Poder Público y menos acepta una proyección de sus equilibrios en ámbitos como el de la descentralización o el de la autonomía del BCV, en un desarrollo que no encontrarán los ideólogos de turno en Montesquieu.

La pregunta – ¿ya no pasamos ya por aquí?- no luce ociosa en las presentes circunstancias, ya que ˆfinalizada la década de los setenta- otro sector del marxismo propició un rico debate en el que la democracia y la libertad no fueron consideradas como creaciones o conquistas exclusivamente burguesas. No obstante, sospechamos que otro sector de la insurrección políticamente derrotada en 1963 y de palpitante devoción hacia la revolución cubana, esperó pacientemente a su resurrección, permaneciendo congelado por largos 29 años, para ˆdesde el poder- promover un festejo de fantasmas.

No se trata solamente de realzar la consigna de una revolución anti-imperialista y antifeudal que haga de todo el país una inmensa cuartelada contra el norte, habida cuenta de la incomprendida situación de un proletariado que no la promoverá en una resuelta revolución anticapitalista, sino de imitar también y con esmerada exactitud, el modelo cubano de la organización comunal, de la entidad armada o de la propia división político-territorial. Mas, en definitiva, tememos por la paciente suplantación de una oligarquía rentista por otra, de imposible existencia en el marco de la libre competencia, acentuando la pobreza y la miseria de los supuestos beneficiarios del discurso redentorista que las ha blindado por siempre y alcanza recientemente la jerarquía de doctrina de Estado.