¿Y los barrios?
A partir del inicio de la llamada Gran Misión Vivienda las autoridades nacionales han adoptado una práctica inédita en el país: contabilizar como nuevas viviendas la reparación, a través de la autoconstrucción, de las ya existentes en los barrios informales. La excusa para ello es la ejecución de un supuesto programa bautizado “Sustitución de rancho por vivienda”, en su esencia similar a los muy criticados repartos de láminas de zinc o bloques del pasado.
Además de tratarse de un cómputo problemático, las razones para no contabilizar esas viviendas es que, aun siendo “adecuadas” en términos censales, ellas confrontan problemas estructurales, como el déficit de servicios y equipamiento urbano o el alto riesgo geológico, que de hecho configuran una de las formas más inaceptables de segregación en la ciudad; que ahora se haya decidido incluirlas como parte de las políticas de vivienda sólo responde a que las autoridades han comprobado las dificultades para cumplir con las metas establecidas: de los tres sectores en que han segmentado la producción de viviendas -gobierno, empresa privada y el eufemismo de “poder popular”- este último resulta el más dinámico: 31,6% del total de “viviendas” producidas en 2011, 45% en 2012 y, según las proyecciones del ministro de la Vivienda, 62% en 2013, mientras el primero tiende al estancamiento.
Atender los problemas estructurales de los barrios informales y evitar que sigan apareciendo configura uno de los más importantes retos sociales del país, no sólo porque sus residentes no pueden disfrutar plenamente del derecho a la ciudad y constituyen un inaceptable porcentaje de la población urbana ‑más del 50% cuando la ya preocupante media latinoamericana es del 30%-, sino también porque, en un país de elevado riesgo sísmico como Venezuela, sobre ellos pesa, cada vez más próxima, la amenaza de una tragedia de gran magnitud, comparable a la del terremoto de Haití de 2010.
Los ya citados datos de la GMV demuestran que no es eso lo que hoy se está haciendo sino que, por lo contrario, a través de operaciones esencialmente cosméticas, se estimula el congelamiento e incluso la expansión de una situación que con urgencia exige correctivos de fondo, ya propuestos en el año 2000 por el CONAVI pero inexplicablemente abandonados al nacer. Pero además, en una operación que no puede sino calificarse de cínica, se utiliza el esfuerzo de esos pobladores para arrimar la brasa a la sartén de un gobierno que día a día confirma su abismal incompetencia.
Un informe de este mismo mes de Transparencia Venezuela (www.transparencia.org.ve) define a esa misión como “el programa social con mayor inversión del estado venezolano desde el 2011”, pero también como el más opaco. Con la manipulación y ocultamiento de información podría estarse consumando, además, un fraude sin precedentes contra los sectores populares.
