¿Y ahora, qué?
El tantas veces comentado cerco a los medios de comunicación como resultado de la permanente política de amenazas que mantiene el presidente de la República, ha cobrado una nueva víctima: el acostumbrado programa matutino que conduce Napoleón Bravo en Venevisión (24 horas) ya no seguirá transmitiéndose y, de acuerdo con una declaración del Canal 4, a partir de julio entrante volverá al aire, pero desde Miami, como uno de los espacios que presentará el nuevo canal Venevisión Continental. Aunque la planta criolla ha negado que la suspensión del programa obedezca a presiones políticas originadas en fuentes del gobierno, nadie se ha llamado a engaño con lo sucedido y, por tal motivo, las primeras reacciones dentro de sectores vinculados a los medios de comunicación es que se trata de un atentado concreto al ejercicio de la libertad de expresión. El que esto haya ocurrido coincidiendo con la celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa tiene una particular significación que, entre otras cosas demuestra que, más allá de las agresiones y amenazas verbales del primer magistrado contra el establecimiento mediático, existe un definido y expreso propósito de coartar la libertad de expresión. Así lo han entendido los profesionales de la prensa quienes, en la ciudad capital, dejaron constancia de su protesta marchando cívicamente por varias calles de la población con pancartas y consignas alusivas al tema.
El nuevo episodio se suma a otros ya conocidos: cambio sorpresivo en la dirección del vespertino El Mundo; decreto del gobernador de Apure sobre la información veraz; acoso al semanario La Razón; y solicitud no atendida del periodista Roberto Giusti para usar el derecho de réplica en el programa Aló, Presidente. Habría que añadir las continuas referencias -ya no sólo del Jefe del Estado sino asimismo de otros altos funcionarios, así como de políticos vinculados al oficialismo- destinadas a desvirtuar la función de servicio público que cumplen los medios de comunicación en una sociedad democrática, presentándolos como empresas única y exclusivamente atentas a sus intereses específicos de carácter mercantil o de política subalterna.
Es curioso que la situación descrita se presente en las cercanías de la jornada electoral que se llevará a cabo el próximo 28 de mayo, por lo que cabe preguntarse cuál puede ser el interés del oficialismo en asumir -voluntaria o involuntariamente- protagonismo en ese campo comprometiéndose en actitudes o comportamientos de tal carácter, que difícilmente arrojarán dividendos favorables para el régimen y, consiguientemente, para su candidato. Quizás la mejor explicación es que el asunto, por sus mismas peculiaridades, desbordó cualquier estrategia que se hubiera trazado previamente respecto a la relación que debe existir entre gobierno y medios, la cual pasa por términos de mutua consideración que, hasta ahora, no han sido la constante entre uno y otros factores, como lo demuestra lo acontecido con los periodistas en la marcha del 1° de mayo organizada por el MVR para dar comienzo formal a la campaña electoral que el Presidente en funciones, aspirante a la relegitimación, había iniciado hace ya algún tiempo presentando y dando apoyo a candidatos suyos, así como realizando jiras proselitistas a través del territorio nacional. En la ocasión aludida, como es notorio, los profesionales de la prensa que cubrían el acto, en su mayoría fueron blanco de ataques violentos por parte de grupos de manifestantes, sin duda escuchas cotidianos de las reiteradas arengas presidenciales, en las cuales uno de los tópicos preferidos es el cuestionamiento a los medios de comunicación. No debe pues, causar sorpresa alguna la suspensión del programa 24 horas, sean o no verídicas las explicaciones o interpretaciones dadas a la cuestión por fuentes distintas y opuestas, como ha sucedido en el presente caso.
