“Vuelta a las andadas”
Muy poca gente dio crédito a las promesas de diálogo que el Presidente de la República ofreció a raíz de su reinstalación como titular del Ejecutivo Nacional. En particular, los medios de comunicación social no se llamaron a engaño y, desde un primer momento, advirtieron que no había que confiar en la palabra de Hugo Chávez pues, en el transcurso de los últimos tres años, coincidentes con el lapso de su gestión presidencial, más de una vez él ha demostrado que poco o nada le importa el ejercicio de la libertad de expresión.
En una de las últimas ediciones de ¡Aló, Presidente!, por ejemplo, “volvió a las andadas” y la dio por amenazar a las emisoras de radio y de televisión supuestamente por transmitir propaganda de guerra, siendo que si alguien es responsable en ese campo no es otro sino el primer mandatario nacional, quien ha utilizado su acostumbrado programa radial y sus frecuentes cadenas a través de los medios radioeléctricos y audiovisuales para sembrar el odio y la intolerancia entre los diferentes sectores de la población venezolana y, de paso, anunciar sin matiz alguno, que la “revolución bolivariana” no respeta ni reconoce fronteras ni disidencias que surjan como consecuencia del inevitable y normal enfrentamiento entre las distintas colectividades políticas.
Con razón, las observaciones preliminares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al culminar su visita a nuestro país en mayo pasado, no tienen desperdicio alguno en cuanto a señalar respecto a la libertad de expresión, concretamente, que si bien “en Venezuela no se han cerrado periódicos ni se ha detenido a periodistas”, se “constató la reiteración de agresiones verbales o físicas”. Asimismo, en el documento en referencia, la CIDH “manifiesta un reconocimiento a la valentía de los comunicadores sociales quienes han seguido desarrollando sus actividades aún en condiciones adversas para su integridad personal”, añadiendo de seguidas que “la CIDH considera que el amedrentamiento a los comunicadores sociales tiene efecto devastador sobre la democracia”.
Sea oportuno, en este contexto, recoger la postura de la industria de la radio y la televisión a propósito de las amenazas que el Jefe del Estado lanzó en contra de los medios radioeléctricos y audiovisuales por la cobertura de las próximas marchas y manifestaciones promovidas u organizadas por sectores de la sociedad civil. La pretensión del primer magistrado de que los medios se abstengan de recoger en sus espacios noticiosos esos acontecimientos cívicos supone la adopción de una asombrosa política destinada ni más ni menos que al establecimiento de la censura en ese campo, con lo cual se confirmarán los temores que la CIDH asoma sutilmente en su informe preliminar en cuanto se refiere específicamente al ejercicio de la libertad de expresión en nuestro país.
Por ello, es impostergable que, desde el seno de la sociedad civil y de la sociedad política, se manifieste el más firme apoyo a la autonomía e independencia de los medios a fin de neutralizar el peligro en el que se encuentra todo el andamiaje institucional que consagran el estado de derecho y el sistema democrático como consecuencia de la permanente y no desmentida aspiración del Jefe del Estado de instaurar en nuestra patria un régimen autoritario, militarista y personalista, tal como ha quedado en evidencia durante estos últimos tres años de “revolución bolivariana”.
