Votar contra el Estado
El proceso electoral cuyo acto de votación se celebra el domingo próximo ha tenido lugar en medio del mayor ventajismo y del peor desprecio a la Ley, como ha sido costumbre desde el arribo a la Presidencia de Hugo Chávez.
En cada una de las elecciones realizadas desde 1999 el chavismo ha contado con la parcialización del organismo electoral, el abuso de los medios de comunicación estatales, el despilfarro propagandístico, la manipulación y/o violación de las normas vigentes y el descarado peculado de uso de todos los recursos públicos.
En estos diez años el oficialismo nunca se ha medido en igualdad de condiciones con la oposición. Ya el expediente de abusos y tropelías electorales se hace demasiado largo y escandaloso, no sólo por la magnitud de tales delitos sino porque se han realizado bajo el manto de una supuesta democracia que disfraza la ausencia de competencia igualitaria y a veces el fraude descarado, como ocurrió en la oportunidad del fallido referendo revocatorio de 2004.
Al haber probado diversas formas de protesta, entre las que se incluyó el boicot, la oposición ha decidido ser flexible ante el ventajismo del gobierno. Los partidos políticos que participan han aceptado condiciones que en otros países los competidores no admitirían.
El Consejo Nacional Electoral sigue siendo una estructura opaca, manejada en casi su totalidad por militantes del partido gobiernero o en su defecto, como ocurre con cuatro de sus cinco directores principales, por gente comprometida con el jefe del llamado “proceso”. Además de su nombramiento ilegal que los hace ilegítimos, su desempeño, alejado de la imparcialidad de la que hacen alarde y a la que deberían estar obligados, los presenta como simples agentes del oficialismo.
No hay que olvidar que la actual presidenta del CNE, Tibisay Lucena, fue la asistente del ex rector Jorge Rodríguez en el oscuro manejo de la auditoría del referendo revocatorio. Jorge Rodríguez lo hizo tan bien, como directivo del ente electoral, que luego fue nombrado Vicepresidente Ejecutivo en el gabinete de Chávez y hoy en día es el candidato oficial del chavismo a la Alcaldía del Municipio Libertador de la capital.
El CNE a lo largo de toda esta campaña electoral no tomó medidas contra las cadenas presidenciales diarias (y de varias horas) de corte eminentemente proselitista. En ellas Chávez insultó a los contrincantes y promovió a sus candidatos a placer.
El Registro Electoral Permanente (REP) sigue teniendo fallas que no han querido ser corregidas. Además de la inclusión de cientos de miles de extranjeros de manera ilegal, todavía no se ha facilitado toda la data a los interesados para que puedan ser advertidas las inscripciones fraudulentas.
Los votantes con tres y cuatro cédulas siguen siendo una de las armas favoritas del oficialismo. Los miembros de mesa poco pueden hacer para impedir que alguien que está inscrito varias veces en el REP vote en distintas mesas. Hasta que no haya una auditoría profunda y total del censo electoral continuará reinando la sospecha.
La directiva del CNE no ha sido capaz de publicar los resultados totales del referendo constitucional de diciembre pasado. Ha pasado un año desde entonces y la multimillonaria plataforma tecnológica del CNE no ha podido sumar los votos. No se sabe cuántas personas votaron ni de cuánto fue el margen de victoria real para el NO. Ojalá que este año no ocurra lo mismo, y los gobernadores y alcaldes electos sean proclamados por la suma total de los votantes y no a causa de alguna “tendencia irreversible”.
Toda la maquinaria del Estado ha sido puesta al servicio del voto gobiernero. La persecución política continúa: desde la prisión de quienes han sido despojados de su libertad en razón de sus ideas políticas, con juicios amañados como el realizado a los comisarios y agentes de la Policía Metropolitana por los sucesos de abril de 2002, hasta la continuada aplicación de las listas negras para obtener empleos o contratos en los organismos y empresas públicas.
Igualmente, el gobierno rojo-rojito instrumentaliza todo para chantajear al electorado. Cualquier acto público es usado para obligar a los asistentes a disfrazarse de seguidores del gobierno. Si el llamado es para recibir una beca de Fundayacucho, se reparten franelas rojas que los becarios temerosos de perder un derecho deben ponerse para gusto del “Comandante-Presidente”. Y así sucede con cada uno de los declinantes programas sociales que este desgobierno, en su afán proselitista, llama misiones.
Contra toda esta desvergonzada corrupción electoral se dispone a votar la disidencia democrática en Venezuela. Vamos a ver si el CNE cuenta bien los votos.
