Venezuela: votos sin democracia

En los días siguientes a la primera elección del teniente coronel Hugo Chávez como Presidente de Venezuela, en diciembre de 1998, un humilde jardinero que trabajaba en el vecindario me dijo: “Es que no van a haber más presidentes que este”. El humilde hombre, más que octogenario, de origen campesino y ferviente simpatizante del partido Acción Democrática hasta entonces, había dicho una especie de profecía que para él se cumplió: murió y no vio más presidentes.

Chávez ha sido electo para seis años más, que sumarían veinte años, si el cáncer que padece no tiene dispuesto otra cosa. Así cuadruplicaría el tiempo que cada uno de los anteriores presidentes tuvo en el cargo: cinco años.

La frase del desaparecido jardinero tiene la clave de lo que ha pasado en Venezuela desde que Chávez arribó al poder: trastocó, entre otras muchas cosas, el comportamiento electoral del venezolano.

Desde 1958, al iniciarse la etapa democrática que sobrevino después de que las Fuerzas Armadas y la protesta popular desalojaran del poder al dictador militar  Marcos Pérez Jiménez, los venezolanos votaban por partidos políticos fundados en las décadas de 1930 y 1940 que aunque tenían fuertes líderes fundadores (Betancourt, Villalba, Caldera, Machado), concebían las elecciones como un torneo democrático que elegiría al administrador temporal del Estado.

No había en ningún candidato la pretensión de permanecer en el poder más allá del período para el cual fuera electo. Esa era la regla de oro, en medio de los errores y abusos que se pudieran haber cometido, el período presidencial tenía fecha de caducidad cierta. Todos sabían que cada gobierno duraba un lustro y en razón de ello se planificaba, no sólo la gestión gubernamental sino que era un dato para todas las demás organizaciones nacionales y extranjeras con intereses en el país.

En el último año de cada período constitucional, el Presidente era, como dicen los gringos, un “pato cojo”. Aunque sus poderes legales estaban intactos, ya su influencia política y su capacidad de iniciativa estaban disminuidas en razón de tener el sol a la espalda. El electorado se interesaba más en las acciones del posible sucesor que en las del mandatario saliente. Algo lógico y que sucede en toda democracia verdadera, donde la alternancia en el poder es un principio fundamental que permite el relevo de personas, partidos y grupos en la cúpula del poder. Lo dice la Constitución vigente en su artículo 6: “el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela (…) es y será siempre (…) alternativo”.

El Presidente no se quedaba en su oficina más de cinco años, y en razón de la estricta proporcionalidad en el escrutinio de los votos parlamentarios, el comportamiento electoral del venezolano era pluralista, apoyaba varias opciones partidistas con opción de poder (tres o cuatro), que al paso del tiempo, desde 1973, se redujeron a dos para que el sistema de partidos se transformara en bipartidista (pero seguían participando otros grupos con representación parlamentaria). Eran Acción Democrática y Copei los grandes partidos que se disputaban, con mayores probabilidades, la Presidencia de la República, hasta que en 1993 ese esquema se derrumbó y el electorado se fragmentó en cuatro fuerzas importantes (Caldera, AD, Copei y la Causa R).

El comportamiento electoral del venezolano tenía una fuerte tendencia pendular. En cada elección presidencial, la mayoría se decantaba por los partidos de oposición. Sólo en 1988, cuando fue electo Carlos Andrés Pérez por segunda vez –diez años después de haber finalizado su primer gobierno- la oposición no obtuvo la mayoría absoluta (la mitad más uno de los votos válidos). En todas las demás (1963, 1968, 1973, 1978, 1983, 1993), la suma de los votos de la oposición siempre fue superior a la votación lograda por el candidato del gobierno. Es claro que no habiendo segunda vuelta (la Constitución actual tampoco la establece) un candidato podía obtener la Presidencia sin lograr la mayoría absoluta.

Entonces, el comportamiento típico del electorado era votar en contra del gobierno. Las razones eran variadas, fueron medidas por los estudios de opinión pública y todavía son objeto de análisis y elucubraciones académicas. Pero lo cierto es que la mayoría del electorado asistía a las urnas con el ánimo de castigar al gobierno en la figura de su candidato. Era el llamado “voto castigo” que buscaba expresar no tanto un voto a favor de una opción sino rechazo a la gestión que se evaluaba.

Otros hablan de una especie de “voto esperanza” o de conveniencia. Muchas veces oí a algunos electores decir que preferían votar por un partido distinto del de gobierno porque éste ya les había dado lo que iba a dar y preferían entonces cambiar para ver qué les daría el nuevo gobierno. En muchas ocasiones pueblos, ciudades y regiones que fueron favorecidos con una obra de gobierno importante, que incluía la construcción de hospitales, escuelas, vías, obras sanitarias, que habían traído un considerable mejoramiento en las condiciones de vida, el electorado de esas circunscripciones terminaba votando en contra del gobierno.

Ahora bien, tal conducta puede darse en un clima de libertad. Para que la gente vote en contra del gobierno que administra desde hace casi un siglo la renta producto del petróleo que le permite una autonomía importante para no depender del pago de impuestos de los ciudadanos, tienen que estar garantizados sus derechos civiles más allá de la letra en la Constitución. El Estado venezolano controla varios monopolios en la economía, además del petrolero, y tradicionalmente ha tenido un aparato burocrático grande que en los últimos diez años se ha duplicado.

Eso es lo que cambió en Venezuela desde que Chávez obtuvo la mayoría de los votos en 1998 e inició el proceso de destrucción de las instituciones democráticas. Hoy, la determinante mayoría de los venezolanos no puede expresarse libremente a la hora de sufragar. Todo está diseñado para impedir la expresión del rechazo a su gestión (que ha sido pésima en todos los órdenes). Hasta lo que algunos le anotan a su favor, como un gobernante preocupado por los pobres, la implementación de los programas asistenciales, las llamadas misiones que en su mayoría son un burdo reparto de dinero, han sido diseñadas para extorsionar a los votantes y obligarlos a votar por Chávez bajo la amenaza de despojarlos de esos pequeños e inestables recursos. No en vano, la primera oferta concreta del candidato derrotado por Chávez en estas elecciones, Henrique Capriles, fue mantener las misiones y asegurar que tales ayudas serían “mejoradas”.

El ambiente de extorsión y amedrentamiento se propaga a todas las oficinas públicas donde los empleados y obreros son obligados a “acompañar” al Presidente en cada mitin y son trasladados en autobuses que recorren centenares de kilómetros para oírlo. Cada empleado público, miembro de consejo comunal, beneficiario de las misiones, empleado de contratistas del Estado tiene que vestir de rojo cuando se le ordena y hasta a quienes están en la nómina de los ministerios se les conmina a pagar contribuciones al partido de Chávez para aparentar que el financiamiento no proviene directamente del presupuesto nacional.

La diferencia en el gasto de las campañas es descomunal. Mientras a la oposición se le restringe el tiempo y espacio de la campaña, Chávez encadena a todos los medios radioeléctricos cuando le da la gana. Así además de generar una imagen de omnipotencia e invulnerabilidad crea desmoralización en el contrario. En realidad la campaña electoral de Chávez es permanente: ese es otro cambio en la conducta del Jefe del estado. Los anteriores presidentes usaban la televisión para ocasiones verdaderamente importantes y cuando alguno tuvo un programa de televisión nunca era transmitido en cadena nacional.

En un país donde el promedio de venta de un libro de éxito es de tres mil ejemplares y la lectura del periódico, se focaliza en las páginas rojas que hablan de los 20.000 muertos anuales por la violencia, los secuestros y atracos que permite el gobierno de Chávez, el poder de la televisión es inconmensurable. Chávez maneja como suyos seis canales del Estado y domesticó a todos los canales privados a excepción de Globovisión, televisora que ha sido acosada a través de innumerables juicios y una multa de 2 millones de dólares.

Si a ello le sumamos el voto electrónico, donde sólo se cuentan en físico la mitad de las papeletas, siempre y cuando se realicen las auditorías, la pésima organización de las elecciones que permite que la jornada electoral se alargue por más de 20 horas para permitir que haya personas que voten dos y tres veces porque el registro electoral no ha sido auditado desde hace muchos años y presenta una cifra total que ningún estadístico serio avala. Todo bajo la coordinación de cuatro funcionarias militantes del partido de Chávez (el anterior presidente del Consejo nacional Electoral fue el jefe de la reciente campaña electoral de Chávez). Los militares que cuidan y trasladan el material electoral han sido privilegiados por el régimen con cargos en toda la administración y exageradas compras de armamento. Su ministro declaró públicamente meses antes que “no permitirían tener un comandante en jefe distinto a Hugo Chávez”.

También hay que agregar la sumisión de todos los poderes públicos a la voluntad de Chávez. Para que no haya duda, la presidenta del Tribunal Supremo y la Fiscal General llamaron a votar por Chávez. Los altos funcionarios del Estado ordenaron a los funcionarios asistir a las manifestaciones oficialistas. Los ministros jamás son interpelados por el Parlamento que no investiga ninguna denuncia de la oposición y ninguna tragedia donde sea responsable el gobierno como ocurrió en el incendio de la refinería de Amuay de Pdvsa.

Los insultos y las descalificaciones son otra de las armas predilectas del chavismo para generar miedo. El caudillo sigue la tradición fascista de disminuir al contrario y declararlo no persona. Llegó hasta a decir que el candidato opositor era “la nada”. Jamás pide disculpas por vejar a los demás. Sabe que su poder es tan omnímodo que buena parte de sus adversarios tolerarán sus vejámenes. En el Parlamento, la directiva y la fracción oficial se da banquete ofendiendo a la oposición. Hay programas de televisión en los canales que pagamos todos los venezolanos con el único fin de insultar, denigrar, injuriar, difamar y calumniar a los dirigentes de la oposición. Se transmiten grabaciones de conversaciones telefónicas privadas, lo cual constituye delito, y hasta ahora ningún fiscal o tribunal ha actuado para investigar y sancionar a los productores y presentadores de semejantes programas.

Todavía hay quienes dudan: ¿Chávez es un dictador o no? Algunos dicen que no lo es porque todavía se puede escribir y opinar en los medios privados que aún no han caído en la autocensura y porque la persecución traducida en presos políticos y exilados ha sido selectiva. (A pesar de que el gobierno usa una lista negra, la lista Tascón, con más de tres millones de nombres para negarles el derecho al trabajo). Lo cierto es que tiene en sus manos todos los poderes del Estado, manda sin ningún freno, no da cuentas a nadie de cómo ha manejado la más larga y grande bonanza petrolera que ha tenido el país en su historia, en su partido nadie le discute nada y los ministros y altos funcionarios de su gobierno son llamados focas porque sólo aplauden todo lo que hace y dice.

En la república romana un dictador era aquel que tenía todos los poderes en sus manos mientras había, por ejemplo, el peligro inminente de una  invasión. El dictador entonces actuaba, autorizado por el Senado para conjurar la amenaza. Hoy, nadie le ha dado ese poder a Chávez, ni la Constitución lo establece ni el pueblo se lo ha concedido. Pero lo tiene. Sólo la ingenuidad y la comodidad de ciertas gentes (en algunos casos, simple complicidad), de personeros de organismos multilaterales y gobiernos democráticos que están llamados a denunciar tal desempeño han permitido que un dictador tenga tratamiento de demócrata en gran parte del mundo. Pareciera ser que los embajadores de tales Estados y organismos no vieran lo que sucede en Venezuela. Ni siquiera el escandaloso hecho de decidir retirar al país del sistema interamericano de defensa de los derechos humanos, con la intensión de gozar de la misma impunidad que disfruta aquí, gracias al sistema judicial que él ha digitado, ha movido a gran parte de la opinión pública internacional.  

La oposición venezolana no puede desconocer todo este tinglado que constituye la farsa democrática de Chávez y los suyos. Nunca se le podrá ganar a Chávez bajo esas condiciones. Los casos de Pinochet derrotado en el plebiscito y del sandinismo desplazado por Violeta Chamorro no son comparables con la Venezuela de Chávez. En ambos casos, la comunidad internacional fue determinante para hacer respetar las reglas mínimas de una elección democrática y estuvo atenta a cualquier maniobra de última hora. En Venezuela, en las últimas elecciones ni siquiera ha habido observación electoral.

Muchos no entendemos por qué se aceptan las condiciones electorales sin mayor discusión. Nadie entiende que no se intente exigir transparencia electoral (comenzando porque se nombre un CNE imparcial) y equidad en la campaña. Repiten que no lo concederán. Entonces, ¿para qué participar? ¿Para legitimar la dictadura?  Bueno, la dictadura que permite que algunos opositores administren algunas alcaldías, algunas gobernaciones y ocupen algunas curules en el Parlamento.

(En mi caso, seguiré votando cuando no sea candidato Chávez, a menos que cambien las condiciones electorales. Siempre es preferible un alcalde democrático que uno chavista).

En conclusión, en Venezuela se vota pero no hay democracia. En Cuba y en Bielorrusia también hay elecciones y siempre ganan los que están en el poder. Eso era lo que me quería explicar aquel viejo jardinero que intuyó que, bajo estas condiciones electorales y con el ventajismo grosero del régimen, a Chávez no se le puede sacar con votos.