Venezuela secuestrada
En enero del 2011, cuando se estrenaba la actual Asamblea Nacional multipartidista, el partido Un Nuevo Tiempo lanzó la propuesta denominada “Agenda para el Dialogo Nacional”, consistente en el compromiso central de someter las actuaciones de los diputados al ámbito de la Constitución de la República vale decir, al marco de los aspectos básicos de la democracia venezolana, contenidos en la Carta Magna.
La propuesta proponía el establecimiento de un régimen de seguridad social “extendida al beneficio de las pensiones de los venezolanos, inclusive aquellas personas que no tengan capacidad para cotizar”, el cual se acogió a medias por el gobierno nacional, dado que se incluyó a los venezolanos que laboran en el sector informal pero la seguridad social es precaria, deficitaria.
Es obvio que el régimen chavista – comunista tomó esa oferta para transformarla en un anzuelo electoral y hasta allí llegó porque el sistema de seguridad social no funciona y es peor cuando se le compara con el sistema que existía antes del gobierno militarista de Hugo Chávez.
Igual hizo el alto gobierno con la propuesta contenida en la “Agenda para el Dialogo Nacional” acerca de desarrollar un “Plan Masivo para la Construcción de Viviendas Populares”, el cual, del mismo modo, se convirtió en otro argumento electoral del chavismo porque bajo la excusa de edificación de miles y miles de casas, anunciadas con bombos y platillos todas las semanas – pero que en la práctica son muchísimo menos que las contabilizadas- , ahora pregonan que la revolución es una especie de empresa constructora de viviendas, una gran mentira gubernamental.
La “Agenda” planteaba el “aumento del salario mínimo” y la “cancelación de todas las compras previstas de armas de guerra”, aspectos que no se han dado porque la inflación se “come” de un sólo bocado los pírricos incrementos del salario y Chávez sigue adquiriendo armamento bélico con la excusa de una guerra ficticia.
Con relación a los aspectos políticos de la propuesta, los mismos consistían en una Ley de Amnistía para Presos y Perseguidos Políticos: el respeto al Principio Descentralizador; la autorización del Gobierno Nacional para la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; la designación de un Consejo Nacional Electoral de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 296 de la Carta Magna; la constitución de un Poder Judicial conforme a lo dispuesto en la norma 255 de la Constitución; la eliminación de la actual Ley Habilitante; igualmente la derogatoria de la nueva Ley de Partidos Políticos y el cese del Reglamento de Interior y de Debate de la Asamblea Nacional.
En la actualidad se observa una Venezuela secuestrada por el clan chavista, al punto de que todos los planteamientos políticos fueron negados rotundamente. Pero hoy más que nunca cobran vigencia y son demasiado importantes. Muy especialmente la constitución de un Poder Nacional Judicial independiente y justo, capaz de oponerse a las órdenes del Cónclave de los Viernes de la Vicepresidencia (Aponte Aponte dixit), que administre justicia y rescate el Estado de Derecho en el país.
La deuda del gobierno nacional con respecto a la “Agenda para el Dialogo Nacional” persiste, sigue pendiente, porque el presidente Chávez Frías, con el argumento de la habilitación, continúa con sus abusos y violaciones al texto constitucional, siendo la mejor prueba de ello la aprobación en el cenáculo del Palacio de Miraflores de la Ley Orgánica del Trabajo, una legislación engañosa porque bajo la excusa de ciertas bondades, le secuestra las prestaciones sociales al trabajador mediante el artilugio de un Fondo de Prestaciones que manejara con discrecionalidad el gobierno nacional.
