Venezuela hoy

Estimados y como siempre muy respetados lectores, movido por los acontecimientos acaecidos en Venezuela en estos últimos años, y muy especialmente lo que estamos viviendo en estos días, he querido compartir con Ustedes mis queridos amigos y lectores, esta pragmática reflexión de quién obstinado del perverso sistema administrativo y político de Venezuela en manos de los “gorilas del Pacto de Punto fijo” creyó fervientemente en un cambio positivo proveniente del naciente gobierno del Teniente Coronel Hugo Rafael Chávez Frías, e incluso, aportó su granito de arena a través de su vocación de servicio, de su trabajo social comunitario y de las tribunas de libre expresión a través de las cuales me comunico con mis lectores, aspirando servirles como medio de orientación e información sobre los temas tratados en cada columnas y/o editorial, que por muchos años vengo realizando tanto para la prensa como para la radio local. Debo aclarar que la presente reflexión no está orientada a calificar o descalificar a nadie, por más dura que pueda parecer mi consideración final. En este trabajo sólo pretendo, una vez más, divulgar mi punto de vista personal, producto de mis observaciones, vivencias y reflexiones, sobre lo que ha venido aconteciendo en el país desde que tengo uso de razón hasta nuestros días, como historia viva.

Tuve la dicha o desgracia —aún no se a cual de las dos acogerme— de nacer en la década de los cuarenta, época en que Venezuela despertaba de la férrea dictadura de General Juan Vicente Gómez, pero el análisis no lo haré a partir de ese momento, sino de la caída del también dictador General Marcos Pérez Jiménez —ambos andinos con mucha vocación de poder— por cuanto a partir de ese momento comencé a tener conciencia de lo que ocurría en mi país, muy a pesar de que era aún un adolescente. Comenzaré por hacer un análisis de los cuarenta años de democracia de los cuales tanto hablamos en estos últimos tres ,o mejor dicho, ya casi cuatro años de gobierno de la Revolución Bolivariana que encarna y comanda el Presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Las fuentes bibliográficas han sido: mis vivencias, mi biblioteca personal e Internet.

Para el 23 de enero de 1958 el país se encontraba en medio de una crisis político-militar que dio al traste con el régimen dictatorial del general Marcos Evangelista Pérez Jiménez, siendo sustituido por una Junta de Gobierno presidida por el Contralmirante Wolfgang Larrazabal. Durante este corto período, se decretó la ley promulgada el 19 de diciembre de 1958, mediante la cual se modificaba el impuesto sobre la renta, para que a la nación venezolana le quedara un 60% de las ganancias de las empresas petroleras, hasta ese momento totalmente en manos de las operadoras petrolera norteamericanas Mene Grande Oil Co, Texaco, Esso, Mobil, Creole, etc. Esta ley fue tomada como negativa para las compañías por el ambiente recesivo en los mercados mundiales petroleros, ya que no se compadecía con un excedente enorme de capacidad productiva mundial.

El político Rómulo Betancourt toma la presidencia por vía del voto y anunció una era democrática garantizada por el pacto de Punto Fijo y el Gobierno de integración, aunque más tarde la mitad de su gobierno transcurrió bajo suspensión de garantías: la primera fue decretada el 4 de agosto de 1959 y la segunda el 28 de noviembre de 1960. En el inicio de su gobierno se presentó una disminución permanente en los precios de petróleo que hizo que Venezuela, propugnase una política de cooperación internacional para evitar una competencia en volúmenes de producción que todo el tiempo mantuviese bajos los precios, en este sentido el 4 de diciembre de 1960 en Bagdad se creó la Organización de los Países Exportadores de Petróleo, más conocida como OPEP, cuyo propósito era impedir la baja continua de precios y coordinar la política petrolera internacional (organización por cierto creada por un ilustre venezolano como lo fue el Dr. Juan Pablo Pérez Alfonso). Los resultados en los mercados petroleros, hacen que se produzca la primera crisis económica de la democracia, en su gobierno comienza a verse una disminución e inhibición de la inversión extranjera, que estuvo acompañada por la salida de capitales venezolanos y extranjeros residenciados en el país, porque no tenían confianza en el nuevo régimen, como consecuencia de que las reservas internacionales bajaban a menos de la mitad y el Banco Central suspendía la venta de divisas por 48 horas para evitar maniobras en contra del Bolívar, lo cual dio comienzo a un control de cambios a partir del 9 de noviembre de 1960, con un mercado de la divisa norteamericana fluctuante y libre. Tras muchas discusiones y en buscas de alternativas, fue promulgada la ley de reforma agraria el 5 de marzo de 1960. El Instituto Agrario Nacional invirtió en 1961 Bs. 62,7 millones de bolívares en asentar familias campesinas. Sobre su eficacia se puede citar textualmente al doctor Juan Bautista Fuenmayor: “Transcurrido este primer año de reforma agraria, las estadísticas señalaban un aumento en el precio de los productos alimenticios tales como maíz, arroz, yuca, papa, etc., y de un aumento de un 3% en la importación de estos insumos que en realidad fue superior a los años precedentes”. Otro aspecto importante fue la aplicación de la política de sustitución de importaciones mediante el decreto Nº 512: “Compre Venezolano”, esta política significó el alza de los impuestos aduaneros y sometimiento a licencias de importación y por otro lado arrancó una política de financiamiento al sector industrial con plazos y tasas de interés menores que los del mercado y trajo como consecuencia la emigración del campo hacia la ciudad en busca de nuevos puestos de trabajo que ofrecían las ciudades, que el campo no los ofrecía debido al fracaso de la reforma agraria. Durante este período se hizo que se aplicara de nuevo la política de no concesiones, lo cual implicó una merma en las inversiones petroleras, ya que entonces disminuyeron las actividades de explotación y exploración. En el período 1964-1968 los indicadores económicos registraron una evolución gradual, el Producto Territorial Bruto pasó de Bs. 32.385 millones de bolívares en 1964 a Bs. 39.423 millones de bolívares en 1968, al mismo tiempo la tasa de desempleo que había sido una de las más altas, bajé en ese período. Una gran estabilidad caracterizaría la distribución sectorial del PTB, agricultura, comercio, construcción y servicios se mantendrían virtualmente en el mismo nivel y el renglón petrolero quedaría compensado por el alza del sector manufacturero, Venezuela confirma su potencial como país petrolero, veía aumentar las reservas del tesoro, y otros factores que hacían evidentes el desarrollo del país, pero frente a este cuadro ciertos indicadores reflejaban una situación potencialmente preocupante para el futuro: en los cinco años comprendidos entre 1964 y 1968 la deuda interna aumentó en un 78%, mientras la externa casi se duplicó para situarse en 1968 en Bs. 1596 millones.

A partir de 1969 asume la presidencia el Dr. Rafael Caldera, en Venezuela se aprueba el recurso de los precios de referencia o valores fiscales de exportación, esta fijación unilateral de precios, que en la práctica constituye una sobretasa impositiva, hacen que aumenten los ingresos fiscales provenientes del petróleo, no obstante los precios del petróleo bajaron como disminución de la actividad petrolera, con esto se demostró que la política de no concesiones había fracasado. Durante el período 68-73, hubo un crecimiento moderado de la economía, el PIB creció en términos reales a una tasa promedio geométrica del 2,9%, los precios se incrementaron, y la tasa de cambio del Bolívar subió de Bs. 4,50 por dólar a 4,40 para luego ser revaluado al pasar de Bs. 4,40 a 4,30. Esto tuvo dos efectos importantes: 1) los dólares que entraban a Venezuela se transformaban en menos bolívares y 2) se incentivaban las importaciones con lo cual se aliviaban las tensiones sobre la demanda interna de bienes y servicios. En este período se incrementó la inversión pública como la privada, este incremento abatió los niveles de desempleo consiguiendo una de las tasas más bajas; el nuevo gobierno tuvo como meta solucionar el desempleo, pero más bien creó un empleo artificial, que le generaban a las empresas más costos que producción, igualmente la deuda pública siguió ascendente, dándose una señal para algunos de que el país hipotecaba su futuro al desenvolvimiento de los ingresos petroleros.

Entre 1974-1978 se produce la expansión y nacionalización del petróleo. Como consecuencia de la guerra árabe-israelí en 1973 se vio favorecido los precios del petróleo, cuyo beneficiario directo sería el quinquenio de Carlos Andrés Pérez quien asumió la presidencia en 1974, Pérez solicitó y obtuvo del Congreso la aprobación de una ley orgánica que autoriza al presidente de la república, la adopción de medidas extraordinarias en materia económica y financiera; en sus primeros días se dictaron 62 decretos, y se crearon más de treinta comisiones presidenciales, además de establecer las bases del V Plan de la Nación. Se dio el proyecto de nacionalización del petróleo el cual acarreó agudas polémicas, relativas a la ley de nacionalización, en el cual se había previsto la incorporación de empresas extranjeras en la negociación de contratos de tecnología. Se calificó al proyecto nacionalizador como “nacionalización chucuta” y, en el congreso, las fracciones políticas opositorias manifestaron desacuerdos con su orientación y sus resultados. Las divergencias surgidas al calor del debate sobre la política económica y la nacionalización del petróleo se fueron ampliando a otros aspectos de la administración de Pérez: se denunció la existencia de un grupo de allegados a Pérez que, se estaban enriqueciendo con la adjudicación de contratos rentables, un creciente malestar, producto de las denuncias sobre corrupción administrativa asociados a figuras del gobierno causó la división en el partido AD en contra de Pérez, y aunque se procuró mantener la relación partido-gobierno dentro de un clima de frágil armonía, haciéndose evidente la contraposición de criterios en relación con la manera de conducirse el presidente. En los últimos meses de 1977 se evidencia en el país un proceso de desajustes económicos, se pasó de un elevado superávit en la balanza de pagos a una situación deficitaria, planteándose entonces la necesidad de nuevos endeudamientos para cubrir las exigencias presupuestarias acarreadas por los programas de infraestructura agrícola, vialidad, acueductos e inversiones de todo tipo, en 1998 se empezó a debilitar el mercado internacional de hidrocarburos y los precios internacionales del petróleo disminuyeron al igual que la demanda; una vez más se hacía evidente la fragilidad del modelo de crecimiento basado en la renta petrolera. Los últimos meses del gobierno de Pérez transcurrieron en medio de un ambiente de enfrentamientos internos en AD, como consecuencia de los desarreglos económicos y de lo que se vislumbraba como inicio de un período crítico para el desarrollo de la economía venezolana, el cual debía ser enfrentado por quien resultara triunfador en las próximas elecciones.

En 1979 obtuvo la presidencia Luis Herrera Campins, al asumir su cargo, diría: “recibo una Venezuela hipotecada”, lo que era muy cierto gracias a una deuda flotante y al crecimiento de la deuda externa, el alza en los precios del petróleo corrigió la tendencia de una balanza de pagos deficitaria y colaboró a reducir el déficit fiscal. El gobierno, intentó controlar las presiones inflacionarias de la economía, pero por el lado de la oferta, intentando estimular la producción, es decir el lado de la oferta, se intento reducir el gasto público, sin embargo, el sector público descentralizado siguió creciendo durante esos años a un ritmo superior, debido a las inversiones de las empresas del Estado ocasionando déficit al Estado, y más endeudamiento. También se produjo la caída de la inversión privada, esta baja de la inversión privada tuvo como consecuencia una disminución del crecimiento económico y aumentó los niveles del desempleo, el clima de incertidumbre, las bajas tasas de interés y la situación de estancamiento económico estimularon la salida de capitales al exterior y una disminución de las reservas internacionales, la intervención del Banco de los Trabajadores de Venezuela (BTV) contribuyó a crear mayor incertidumbre agravando las expectativas sobre la devaluación de la moneda, la transferencia de capitales al exterior se volvió más compleja, hasta que se tomó la decisión de devaluar la moneda en aquel “viernes negro” de la economía venezolana, así contrarresta la salida del capital, y se imponía un control de cambios preferencial para contrarrestar el impacto de la devaluación en el sector privado de la economía. Se creó la Comisión Asesora para el Régimen de Cambios Diferenciales con el fin de definir los términos en los cuales se efectuaría el reconocimiento de la deuda privada y pública, Fedecámaras, exigió que se reconociera totalmente la deuda financiera y la comercial, reconociéndose sólo la deuda financiera a través de RECADI.

En 1984 asume la Presidencia Jaime Lusinchi, durante este período se hizo evidente un abuso de poder, por las decisiones tomadas al destituir de sus cargos a funcionarios, y la ruptura del pacto institucional; utilizando su mayoría presentó en 1984 la ley que le autorizó a adoptar medidas económicas y financieras requeridas por el interés público, conocida como Ley Habilitante, defendió el Banco de los Trabajadores. El gobierno aprobó las averiguaciones a las denuncias de corrupción del gobierno anterior, por cuanto respondían a una demanda de la sociedad y fortalecía la posición de su partido frente a COPEI, en este período en vez de lograr la unificación cambiaria convirtió a RECADI en una organización de corruptos, destacándose la figura de la secretaria del presidente Blanca Ibañez. A mediados de 1989 se denunció la malversación de fondos de la partida secreta del Ministerio de Relaciones Interiores, para uso propio del partido.

El presidente Lusinchi fue sucedido por Carlos Andrés Pérez, también de AD, en este segundo gobierno, la crisis ya globalizada, alcanzó un alza en sus expresiones sociales y políticas, produciéndose en 1993 tanto la suspensión del presidente en el ejercicio de su cargo como el nombramiento de otro presidente, por el Congreso Nacional para culminar el respectivo mandato. Para comienzos de este período los niveles de reservas internacionales eran escasos y la carta de crédito, no pudo ser reconocida, debido a esto el presidente se ve obligado a negociar con el Fondo Monetario Internacional. Otro aspecto fue el problema cambiario, como consecuencia de la unificación cambiaria la tasa más alta de inflación en Venezuela era un 80%, esta devaluación hizo que aumentara la ya existente sobre protección de la economía venezolana. Haciéndose necesario un cambio de la política comercial. La reforma comercial, se basaba en un sobreproteccionismo de aranceles, licencias de importación debido a la sobredevaluación que tradicionalmente había acompañado al Bolívar. Un aspecto significativo en la economía fue la renegociación de la deuda externa, el gobierno realizó nuevos financiamiento que no vinieron, y mantuvo una política expansiva que aumentó las importaciones provocando una pérdida de reservas internacionales. Pérez decide promover directamente las inversiones extranjeras desarrollando una severa acción dirigida al escenario internacional, obligándolo a una gran movilización en el exterior, se realizó la privatización de CANTV y VIASA, resultando VIASA un fiasco. Una ola de rumores y denuncias reinaban en el país en el gobierno de Pérez, pero la denuncia hecha por José Vicente Rangel, ante la Corte Suprema que luego encontró mérito para el enjuiciamiento, aprobado el juicio; el Congreso designó a Ramón J. Velásquez presidente de la república, el presidente promulgó una ley habilitante que contemplaba 17 materias en las cuales el ejecutivo nacional podía dictar medidas y criterio generales sobre la orientación de las mismas. Durante los siete meses de duración que tuvieron, la sociedad asistió a aquello que algunos interpretaban como el tránsito hacia un nuevo orden político, mientras otros lo percibían como continuación de la crítica situación anterior.

Con la victoria de Rafael Caldera en las elecciones de 1993, la sociedad venezolana parece encaminarse hacía una nueva etapa, el triunfo de Caldera se dio bajo una crisis política crucial, el bipartidismo reinante se desintegró en la composición del Congreso. Caldera tomó posesión cuando ya la crisis del Banco Latino había estallado y puesto de relieve su carácter sistémico. La serie de oleadas financieras a lo largo de 1994 pusieron en apuros a FOGADE, que hubo de aportar auxilios desmesurados y sin control y que obligaron a Caldera a tomar ciertas medidas entre ellas el control cambiario. Esta crisis causó la paralización de numerosas actividades económicas, como resultado directo de la inmovilización en esa entidad de una importante porción de masa monetaria del sistema financiero nacional, amenazaron con sobrepasar los límites de la convivencia social, temiendo un estallido en la población. Para tratar de resolver la situación nombró a Gustavo Roosen como presidente de la junta interventora del Banco Latino, el gobierno buscó dar la imagen de que ponía al frente del Latino a su mejor gerente, deseando tranquilizar a los ahorristas y el sistema financiero. A pesar de esto comenzó lo que ese año se conoció como la “segunda ola” de una serie de cinco crisis del sistema financiero, el gobierno comenzó a otorgarles auxilios financieros millonarios a instituciones bancarias, esta nueva estrategia de no intervenir, sino de auxiliar quiso evitar los traumas suscitados anteriormente con la intervención del Banco Latino, esta estrategia no funcionó, posteriormente se hizo inevitable la intervención de los bancos auxiliados que se encontraban en crisis (Barinas, Construcción, Fondo Fiveca La Guaira, Amazonas, Confinanzas y Metropolitano). A la par de estos acontecimientos se produjo la renuncia de los titulares del Banco Central, lo que suscitó pánico cambiario llevando a la devaluación más violenta que el Bolívar había sufrido. La crisis del sistema financiero antes descrita condicionó la contracción económica sufrida por la sociedad en 1994, ella ha contribuido a que se sigan agravando las condiciones materiales de vida de la mayoría de la población, el desempleo abierto para finales del año, rondaba en 13814% en la población económicamente activa el empleo informal, el 52%, en lo social el Estado había sido poco efectivo para resolver el grave deterioro de los servicios públicos, y en consecuencia de una permanente crisis en tantos sectores, se mantiene el problema de la violencia e inseguridad social. En el plano fiscal, se mantuvo la tendencia iniciada por Ramón J. Velásquez de aumentar la captación de recaudación interna con el fin de ir modificando la composición de ingreso fiscal, el sector público consolidado como con un déficit histórico, equivalente a 15,2% del PIB. La sociedad civil venezolana agobiada por las crecientes dificultades de la vida cotidiana desempeñó un papel activo de importancia a lo largo de los años, por otro lado el proceso de descentralización y la reforma constitucional configuran un cuadro de gran incertidumbre hacia el futuro, contribuyendo a acentuar aún más las tendencias hacia la apatía política y a la armonía social. El presidente Caldera y la acción de sus ministros orientaron la gestión del gobierno con el fin de no provocar un impacto político-social alarmante, con esto no se resolvió un programa integral de ajustes sino que adoptaron medidas aisladas y fragmentarias cuyo resultado e impacto coadyudaron a acentuar las tendencias que demostraban el definitivo fracaso de la política económica. Se llevó a cabo la ejecución de la Agenda Venezuela expresó sus alcances aún en opiniones encontradas. La Agenda Venezuela no produjo efectos positivos en el país quedando en el aire por la reciente elección presidencial que se avecinaba.

Durante los gobiernos de Pérez y Caldera los políticos han sido una mezcla incierta de estatismo y neoliberalismo, Venezuela esperaba las próximas elecciones en espera de una esperanza alentadora y necesaria para poder salir de la situación social del venezolano frente al deterioro creciente de su nivel de vida, el alto costo de los insumos básicos, el desempleo, la crisis de los servicios públicos, el estado de la educación, de la salud, de la seguridad, etc., Venezuela a pesar de todas las altas y bajas y de los avances en algunos países en la actividad económica continua siendo un país monoproductor, dependiente de la tecnología y otros factores del exterior, con una deuda externa avasallante y una población de veintitrés millones de habitantes con un 80% en estado de pobreza, y el estado sigue siendo el principal que otorga los presupuestos anuales de ahí dependería tanto la disponibilidad de empleos públicos como la capacidad importadora de bienes y servicios. Pudiésemos concluir en este análisis que durante los años 60 y 70 la tendencia no fue abandonada, más bien fue complementada con la no menos expansionista de la economía que aportó el auge y la moda del desarrollismo importador a ultranza, de allí la industrialización forzada e incompleta y sobre todo la acumulación de grandes deudas públicas, y la política económica del crecimiento a cualquier costo, con todo esto ha sido necesario que sobrevenga la crisis general de los años 80 y 90 para que el pensamiento económico venezolano se diversifique y se haga medianamente crítico para intentar salir del atolladero. Las condiciones económicas no han mejorado ya que estructuralmente sigue siendo igual: la economía venezolana depende de los ingresos por venta del petróleo y de las importaciones.

Como hemos visto en el análisis, la situación tanto económica como social de Venezuela se había venido enturbiando muy especialmente con la llegada al poder por segunda vez cada uno, de los políticos Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera, después de los dos gobiernos nefastos e inmorales de Luis Herrera Campins y Jaime Lusinchi. Ese ambiente económico caótico en conjunto con la deprimida situación social del país y el agotamiento de los líderes políticos venezolanos, sustentaron la decisión que la gran mayoría de los venezolanos y venezolanas de las distintas clases sociales tomamos en cuanto al poyo que le dimos el nuevo liderazgo que recién nacía y que encarnaba un hombre que habiendo fracasado en una intentona militar se había acogido al sistema democrático, capitalizando nuestro descontento y abriendo en nuestra conciencia surcos en los cuales no germinó la semilla de esperanzas que sembró en su campaña electoral, produciéndose a la postre el desencanto y hasta la molestia de ver como se nos quiere imponer un modelo de vida al cual no estamos acostumbrados y el cual no vemos necesario aceptar.

Como ciudadano común y parte activa de esa gran mayoría de venezolanos que votamos por el Presidente Chávez, lo respaldamos, lo refrendamos, lo relegitimamos, y lo repusimos en el poder después del golpe del 11 de abril, también pujo por su salida del gobierno como única medida válida para calmar los ánimos de un pueblo que despertó del letargo y que está dispuesto a jugarse su destino al costo que sea preciso, pero me niego a firmar un cheque en blanco, endosado a un grupo de “gorilas” de la peor ralea, que entubados en una fulana “Coordinadora Democrática” se autonombraron como paladines de la justicia social en venezolana, y en el fondo son perores que lo que tenemos mandando en la actualidad. Basta con ver los rostro famélicos de los fariseos que conforman la fulana “Coordinadora Democrática” para intuir sin mayor análisis, que estamos ante un remedio pero que las misma enfermedad. Entre tantas desgracias que ya me ha tocado vivir en mis cincuenta y tantos años de vida, no quisiera ver a mi país -por el cual he luchado toda mi vida- descuartizado en cuotas de participación a manos de los que hoy se dan golpes de pecho, organizan paros y escaramuzas, arengan al pueblo contra el pueblo y se hacen llamar los “paladines de la justicia social venezolana”. Soy de la opinión, que el Presidente Chávez tiene que abandonar el poder por la vía constitucional y a través de los mecanismos que la misma Constitución establece, como lo es el referéndum revocatorio, a través del voto popular del 50 +1 de la votación con que fue electo, y al término del 50% del período constitucional, es decir a los 3 años de gobierno, que vencen el 2 de agosto del 2003. Llevar a cabo referéndum consultivo propuesto para el dos de febrero del 2003, representa dos peligros muy grandes para la estabilidad democrática y la legitimidad de los poderes: primero, sería dar autoridad a partir de ese momento, para que cualquier ciudadano amparado en esa nueva disposición legal, solicite un referéndum consultivo contra quien no le caiga bien o no le guste la camisa de cuadritos que usa todos lo días, y segundo, firmarle un cheque en blanco a los “gorilas” que hoy confabulado en un artificio autodenominado “Coordinadora Democrática” nos hagan una nueva trastada similar o peor al “Carmonazo” del 12 de abril del 2002.

El mismo derecho que tuve -como común ciudadano- de votar libre y democráticamente por el ciudadano Hugo Rafael Chávez Frías para Presidente de la República, y de relegitimarlo y respaldar su proyecto político a través de siete comicios, quiero tenerlo -en su debido momento- para decirle a través del voto, así como se lo dije en Ciudad Bolívar a Andrés Velásquez, y aquí en Anzoátegui al Lic. Alexis Rosas y muy pronto también al Dr. David De Lima, Usted me engaño, Usted traicionó mi confianza, Usted se burlo de mi buena fe e intención del voto, Usted destruyó mis sueños y esperanzas, Usted atentó contra mi futuro, el de mis hijos y mis nietos, Usted no merece más mi consideración y mi confianza. Por una Venezuela Libre y en Paz, reflexionemos muy bien nuestra próxima decisión, no sea cosa que elijamos otra vez un remedio peor que la misma enfermedad.