Una valoración ética de la actuación de los oficiales disidentes

Introducción

Los expositores que me han precedido en el uso de la palabra han definido jurídicamente los hechos que ocurrieron el 11 de Abril, con el objeto de responder a la interrogante que originó el seminario. Cada uno ha justificado su posición. A criterio del FIM, ese trágico día no hubo una rebelión militar, ni muchos menos un golpe de Estado. Los militares disidentes se limitaron a desobedecer una orden ilegal del presidente de la República. El gobierno provisional, surgido como consecuencia al vacío de poder provocado por la renuncia del presidente de la República, produjo una ruptura del hilo constitucional.

No voy a desarrollar este tema por considerar que los anteriores ponentes lo han hecho cabalmente. Por el contrario, creo fundamental valorar éticamente la actitud de los oficiales disidentes. Es necesario determinar si dicha actuación estuvo encuadrada dentro de los valores morales que caracterizan a la profesión militar. Desarrollaré este tema en dos partes: La moral pública y la ética militar.

La moral pública

Las Fuerzas Armadas, en un estado de Derecho, tienen la obligación de obedecer al gobierno legalmente constituido. Justamente esa obligación es la diferencia fundamental entre una institución militar profesional y una montonera. Se supone que dicho gobierno cumple con sus obligaciones constitucionales y que, además, trabaja por el bien común. Aquí surge la diferencia entre la legitimidad de origen y la de ejercicio. En Venezuela, el gobierno del presidente Chávez fue electo por el voto popular, obteniendo en las elecciones de 1998 una indiscutible legalidad y legitimidad. Las Fuerzas Armadas, sin considerar el pasado golpista de Chávez, aceptaron la autoridad presidencial.

A partir de ese momento comenzó el problema. El presidente Chávez nunca entendió su origen legal y popular. Siempre sintió que su poder provenía de los acontecimientos del 4 de Febrero. Sin importarle sus consecuencias, se lo hizo sentir de inmediato a las Fuerzas Armadas. El tradicional desfile en honor del Presidente Constitucional de la República lo transformó en un acto político de reivindicación de la fecha golpista y de los oficiales que se habían insurreccionado en esa fecha. Allí comenzó la división interna de las Fuerzas Armadas y la intensa politización.

Así también ocurrió con el resto de las instituciones. Se vulneró la Constitución del 61, se convocó una Asamblea Nacional Constituyente, se estableció un período de transitoriedad que permitió designar inconstitucionalmente los poderes del Estado y comenzó la prédica revolucionaria. Narrar los detalles del proceso no es necesario. Todos los venezolanos lo hemos sufrido. El presidente Chávez de manera flagrante empezó a violar la Constitución Nacional. Sin entender los límites legales, planteó como objetivo de su gobierno la consolidación de un proceso revolucionario que, sin lugar a dudas, contradice la esencia misma de la Constitución Bolivariana que define al Estado venezolano como democrático, pluralista y social de Derecho.

La situación política se hace insoportable. La siembra de odios divide al país. El destino de Venezuela se ve comprometido. Todos, militares y civiles, empiezan a preocuparse por el destino nacional. Los hechos comenzaron a desbordarse a partir de la huelga nacional del 10 de diciembre de 2001. Las manifestaciones conmemorando el 23 de Enero y el 4 de Febrero demostraron que la calle había sido recuperada por la oposición. En medio de una huelga petrolera y de un paro cívico nacional se produce la masacre de Miraflores. Nadie duda de la responsabilidad del presidente Chávez en esos hechos, pero es necesario recordar el impacto que produjo en la sociedad ver al presidente de la República encadenar los medios en el mismo momento en que se inicia el ataque armado en contra de la marcha pacífica. En esa delicada circunstancia surge la orden de aplicar el Plan Avila. Un importante número de los jefes de las Fuerzas Armadas se niega a cumplir esa orden. ¿Vulnera esa actuación la moral pública? Creo que la respuesta es clara. Si se hubiese aplicado el Plan Avila, el número de muertos se habría incrementado de una manera inaceptable. Los oficiales disidentes responsablemente cumplieron con su deber.

La autoridad presidencial sobre las Fuerzas Armadas tiene su origen en la Constitución Nacional. Fuera de ese marco no existe. En caso de que el presidente de la República irrespete permanentemente la Constitución Nacional ¿Qué deben hacer las Fuerzas Armadas? La respuesta es sencilla: obedecer, mientras los otros poderes del Estado actúan con el fin de restablecer el equilibrio institucional. Ese no es el caso de Venezuela. Los poderes están, hasta ahora, controlados por el Ejecutivo. Además, se está destruyendo el país. Nadie duda que la presencia de Hugo Chávez en la Presidencia de la República impide superar la grave crisis política, social y económica existente. ¿Deben permanecer impasibles las Fuerzas Armadas? La respuesta no es sencilla.

Dice el maestro Luis Recasens Siches: “El derecho positivo es imperfecto. Busca la justicia, pero no logra alcanzarla plenamente. Si cada persona que sufre una pequeña injusticia, por causa de la imperfección del derecho positivo, se sintiera con derecho a rebelarse contra el orden jurídico vigente, no hubiese entonces posibilidad de que existiese ningún orden jurídico: se abriría el camino hacia la anarquía. Pero, ¿hasta donde debe ir esa tolerancia a las injusticias del derecho positivo? Resulta claro que esa tolerancia no debe ser ilimitada. Tal cosa constituiría paso libre a todas las tiranías, incluso a las más monstruosas. Si bien es verdad que debemos tolerar, aguantar pequeñas injusticias, porque será siempre inevitable que ellas existan en cualquier orden jurídico positivo, es igualmente verdad que no se debe soportar un régimen que desconozca la dignidad de la persona humana, que niegue las libertades básicas (de pensamiento y conciencia, de decisión sobre los asuntos privados, de locomoción, de propiedad etc.), que haga de los hombres esclavos al servicio de un amo, público o privado. Contra un régimen de monstruosa tiranía, la Estimativa Jurídica ha sostenido, desde Santo Tomás hasta el presente, la licitud de la resistencia no solo pasiva, sino también activa, es decir de la rebelión, lo que se ha llamado el derecho de levantarse contra la opresión”.

¿Están dadas en Venezuela estas circunstancias? La respuesta es absolutamente subjetiva. Para la mayoría de nuestros compatriotas la situación actual conduce a la destrucción del país y al establecimiento progresivo de un régimen que vulnera cada día más los derechos ciudadanos. El 11 de Abril, estas circunstancias tenían que observarse en una perspectiva de mucha mayor gravedad. En ningún momento la actuación de los oficiales disidentes irrespetó la moral pública. Al contrario pienso, sin exageración alguna, que su actuación merece admiración y respeto.

La ética militar

Los principales valores militares son: la obediencia, la subordinación y la disciplina. El mando militar se fundamenta en el ejemplo, en el carácter y en el prestigio. ¿La actuación de los oficiales disidentes el 11 de abril violentó estos principios? ¿Cómo valorar la actuación del general en jefe Lucas Rincón Romero y de los oficiales que se presentaron como chavistas?

El militar en servicio activo está obligado a obedecer las órdenes de sus superiores en todo lo relativo al servicio y a cumplir estrictamente lo prescrito en las leyes y reglamentos militares. Sin duda, la orden de aplicar el Plan Avila se refería al servicio militar. Era obligación de los mandos obedecer al presidente Chávez, pero las circunstancias que rodearon los hechos creaban en los oficiales disidentes la duda de la conveniencia en su aplicación. Para ellos era claro que no existía proporcionalidad entre el empleo masivo de armas de guerra y una manifestación pacífica. El problema se complica aún más al conocerse públicamente la existencia de muertos y heridos. Aquí surge el problema de la obediencia debida y de la responsabilidad penal del subalterno que al cumplir una orden ocasiona un daño. Conozco, por ejemplo, el dilema que tuvo que enfrentar el contralmirante William Girón. Le ordenaron desplazar dos batallones de la brigada de Infantería de Marina acantonada en Maturín. Un porcentaje fundamental de sus tropas sólo tenía el entrenamiento básico del soldado. Al cumplir la orden podía ocasionar un daño mayor, ya que por falta de entrenamiento estos soldados podían utilizar sus armas en contra de manifestantes pacíficos ocasionando innumerables bajas. En ese caso, ¿Habría podido argumentar obediencia debida para no ser acusado penalmente? Sin duda que no. Acatar la orden, en las circunstancias ya conocidas, demostraba tal impericia en el mando, que no se hubiese podido justificar en un tribunal, en caso de ocurrir un grave derramamiento de sangre.

La subordinación y la disciplina son aspectos de formación profesional que no se valoran en un hecho particular. Surge como consecuencia de la práctica en el servicio. A mayor grado, mayor responsabilidad, pero al mismo tiempo el mando tiende a racionalizarse. Un general o almirante, por lo elevado de su responsabilidad, recibe normalmente órdenes complicadas que exigen del trabajo de un Estado Mayor que mediante un análisis de la situación valora todos los factores que influyen en el cumplimiento de la misión. La orden de aplicar el Plan Avila para enfrentar la manifestación pacífica presentaba, sin duda, elementos de análisis que obligaban a evitar en lo posible el cumplimiento de esa orden. Lo normal habría sido que el Alto Mando Militar hubiese convencido al presidente Chávez de las delicadas consecuencias que podían surgir de desplegarse en la ciudad de Caracas unidades militares no especializadas en el mantenimiento del orden público. Las mismas circunstancias de los muertos y heridos, complicaron de tal manera la situación que condujo al pronunciamiento. Si los oficiales generales y almirantes hubiesen aceptado los hechos que estaban ocurriendo sin pronunciarse, en este momento habrían perdido totalmente su ascendiente militar. Estarían siendo cuestionados por falta de carácter, al no enfrentar como corresponde sus obligaciones militares.

Justamente, esa es la triste situación del general en jefe Lucas Rincón Romero. Su actuación el 11 de Abril no puede ser explicada ante sus subalternos. ¿Qué justificación pudo existir para abandonar el mando en una situación tan complicada? ¿Puede un jefe militar acostarse a dormir sin enfrentar sus responsabilidades? Su actuación estuvo totalmente fuera de los principios éticos militares. De allí que haya perdido totalmente el ascendiente sobre sus subalternos.

Conclusión

La actuación de los oficiales disidentes cumplió con los más exigentes valores de la moral pública y de la ética militar. Los venezolanos tenemos la obligación de reconocerles el valor, la responsabilidad y el profesionalismo que demostraron el 11 de Abril al arriesgar su carrera militar y la tranquilidad de su familia para evitar un mayor derramamiento de sangre.