Un salto atrás
Las amenazas del Presidente en sus distintas alocuciones apuntan a los médicos, a los maestros, a los trabajadores, a los estudiantes, a los ciudadanos en general. Amenazas que reflejan la inseguridad del líder revolucionario, especialmente ante la reforma constitucional que trata de imponer y sobre cuyo proyecto comienzan a verse ciertas fisuras dentro del mismo movimiento oficialista que representa hoy la minoría nacional.
No ha bastado la compra de armas y la creación de fuerzas paramilitares para amedrentar a los ciudadanos y evitar que se expresen y disientan del equivocado proyecto que propone en nombre de la “revolución” del siglo XXI. Ahora se amenaza con el control sobre la propiedad, sobre los medios de producción, sobre la economía y, lo más grave, nuestra libertad y nuestros derechos como ciudadanos.
La reforma busca la perpetuación en el poder y las facultades para ejercerlo sin restricciones, a la brava, simplemente. Totalitarismo democrático, para utilizar una expresión cómoda. La centralización que se asoma choca abiertamente con los principios y valores democráticos. Se castra a la sociedad, se entierra el debate libre, para imponer un sistema autoritario centralizado, dirigido desde el Ejecutivo; un poder suprainstitucional asimilable a las monarquías anteriores a 1789.
La reforma que se propone debe ser rechazada por su origen y su forma ilegítimos. Sin debate no puede haber reforma. El procedimiento es inaceptable. Desde el punto de vista del contenido, refirámonos solamente a los derechos humanos para demostrar que el proyecto es contrario a la corriente y el pensamiento mundiales a favor de su respeto y promoción.
Los Tratados de Derechos Humanos y los compromisos internacionales en esta materia pasan a ser de segundo rango. La jerarquía constitucional y su preeminencia otorgados en el texto del 99 desaparecen, al imponerse la modificación del artículo 23.
Los derechos civiles y políticos son seriamente afectados. Se limita el acceso a la información y con ello el derecho a informar y ser informado. Se elimina el derecho a la inviolabilidad del hogar. Se disminuye el concepto de propiedad privada, dando prioridad a la posesión. Se disminuye la libertad de pensamiento y se destruye la educación libre. La modificación del artículo 57, relativo a la libre expresión, es peligrosa. Todas estas propuestas que terminarían imponiéndose vulneran los principios y valores democráticos y, lo que es muy grave, el orden jurídico internacional.
Peligroso e irresponsable introducir la responsabilidad de los ciudadanos por la violación de los derechos humanos. Una tesis que también contraría el sistema de protección internacional. Sólo el Estado puede ser responsable de estas violaciones. Trasladar la responsabilidad a los ciudadanos es una forma más para eludir la responsabilidad del Estado en esta materia y por ende, actuar con la mayor libertad para imponer un determinado sistema político.
Las reformas que se quieren imponer son antidemocráticas por la forma de adopción y por su contenido. El derecho a vivir en democracia, en paz y tranquilidad, en libertad, es un derecho humano irrenunciable que se suprime abiertamente con la imposición en puerta.
En un texto constitucional no caben disposiciones contrarias al derecho internacional, más aún cuando se trata de derechos humanos, de normas internacionales de carácter imperativo o del jus cogens. La legislación interna no puede contrariar el orden jurídico internacional. No puede violentar el derecho internacional general o consuetudinario, a riesgo de comprometer su responsabilidad internacional.
La reforma constitucional, a la cual debemos oponernos firme y decididamente, es un salto atrás, es un retroceso grave que coloca a Venezuela en el sentido contrario a la evolución de la sociedad internacional, acompañando probablemente países con regímenes tan cuestionados, como el iraní. Eso es lo que deben ver con cuidado los demócratas del mundo, los hombres progresistas que verdaderamente creen en la libertad. Aquellos que escudados en un antiamericanismo visceral que sólo profesan de palabra, apoyan y comparten proyectos políticos totalitarios, están absolutamente equivocados y son corresponsables de la catástrofe que podría significar la destrucción de un Estado y la aniquilamiento de una sociedad.
