Un crimen político
Si los medios reseñan los hechos de sangre no es por sensacionalismo. Es por responsabilidad social. Una simple noticia sobre un asesinato no promueve el crimen. Alerta y llama la atención sobre la máxima y más espantosa aberración que pueda existir sobre la tierra desde que el hombre es hombre: el asesinato de un semejante. Ser víctima de la violencia y perder el más sagrado de los dones de Dios: la vida. De allí la trascendencia del hecho bíblico: el asesinato de Abel por Caín.
Puede que de todos los crímenes de los que el gobierno del presidente Hugo Chávez deberá dar cuenta más temprano que tarde se cuente la promoción por todos los medios a su alcance y con todos los medios de que dispone del odio fratricida, la conversión del adversario en enemigo y de la política en campo de batalla. Bajo las actuales circunstancias, todo crimen es un crimen político. Jamás los venezolanos nos habíamos dividido entre amigos y enemigos. Jamás la máxima aspiración de un gobernante había sido la de triturar a todos aquellos que no piensen, no actúen ni quieran parecerse a él. Jamás, ni siquiera bajo los regímenes dictatoriales más despóticos de la república, el país había sido rebajado a campo de batalla, a carnicería, a matadero.
El otro crimen de lesa humanidad del que tendrán que dar cuenta Hugo Chávez y todos quienes compartieron tareas de alta responsabilidad pública bajo su confuso proyecto bolivariano, será la banalización del delito y la perversión de la justicia. Aquella no ha cesado desde cuando amenazara con freír las cabezas de sus adversarios políticos, retrotrayéndonos al imaginario de la guerra a muerte, siniestro expediente y antecedente último de nuestros más graves males. La perversión de la justicia va desde el nombramiento de Isaías Rodríguez y su irresponsabilidad procesal y jurídica al frente del Ministerio Público, hasta el hundimiento del sistema judicial, convertido en una letrina de corruptelas y juicios amañados, chantajes y latrocinios. El caso de la jueza recientemente detenida en Miami y los siniestros entretelones de sus andanzas son la prueba fehaciente de que hiede en sistema judicial venezolano. La situación carcelaria y el promedio de un reo asesinado cada 24 horas es la prueba de que la justicia no es una preocupación bolivariana.
No puede un presidente de la república que le da vara alta al robo bajo la legitimación de la pobreza, ofende y denigra a altos dignatarios de otras repúblicas y convierte a los ciudadanos que lo adversan en corruptos, criminales, traidores y vendidos al imperio, servir sino de ejemplo al crimen. No puede quien preside una nación acompañado de ladrones pretender servir de modelo de comportamiento y ejemplo a seguir por un país desgraciadamente mantenido en los más bajos niveles de cultura y civilidad.
Que quien dirigió a los asesinos de modestos trabajadores durante el asalto al Canal 8 el 27 de noviembre del 92 se convierta en ministro y quien regenta las relaciones con las narcoguerrillas dirija la policía nacional y esté al frente de la justicia, son dos simples ejemplos de la gravedad de la crisis existencial que vivimos. Ni Jesse Chacón ni Rodríguez Chacín debieron jamás haber ocupado cargos públicos. Que quien haya organizado, dirigido e inspirado dos golpes de estado con centenas de asesinados sea el principal magistrado de la Nación lo dice todo.
Nada de lo que sucede con el país, es casual. Que la cifra de asesinatos se haya triplicado y los crímenes de todo orden se hayan multiplicado a la enésima potencia, tampoco. Mientras no se resuelva el grave problema de gobernabilidad que sufrimos, el hampa reinará en nuestras calles y ciudades. Nadie está a salvo.
Es la grave, la terrible responsabilidad que deberá enfrentar este gobierno. Que cuando le llegue su hora, se encuentre confesado.
