Todos los muertos son del gobierno

Otra vez Mérida se ve consternada por la acción de asesinos y vándalos. El pasado lunes 25 en medio de una jornada de protesta en contra de la pésima prestación del servicio eléctrico en el estado y contra la medida del cierre arbitrario de RCTV Internacional, la violencia volvió a aparecer.

Avalados por la impunidad reinante, los matones accionaron sus armas para destruir la vida de dos estudiantes, uno de Bachillerato y otro  universitario. Y aquí hay que llamar la atención sobre el calificativo que hizo el gobernador del Estado sobre la muerte del primero. Un estudiante muerto es un ser humano, cuyo asesinato no debió ocurrir nunca en un país que respete la vida. No debe un funcionario (mandatario de todos los merideños) hablar de la muerte de un estudiante “revolucionario” porque parece que la vida de este es más valiosa que la de quien no apoya al régimen.

Pero es que, en otro sentido, todos los muertos son del gobierno. Todos los asesinados,  ya sea  por el hampa común, por los organismos policiales o por la violencia política ejercida por particulares son responsabilidad del gobierno. Es el Estado, a través de los órganos del Ejecutivo y demás poderes, el garante de la vida de los ciudadanos. Por lo tanto, es el  responsable del alto índice de asesinatos.

No puede un gobernante disfrazarse de rojo y sólo dolerse de la muerte de sus partidarios. Esa nueva costumbre, establecida desde que Chávez llegó al poder, donde el Presidente, los ministros, los altos funcionarios o los gobernadores son antes que funcionarios responsables ante toda la ciudadanía jefes partidistas, ha hecho mucho daño.

Si lo que se quiere es especificar la tendencia política de quien fue asesinado cobardemente (cosa que no le corresponde al gobernador, repito) hay que decir que en el hecho de que ahora mueran partidarios del gobierno a manos de policías o de, como se sospecha, de otros oficialistas, indica la gran incidencia que en ello tiene la táctica de contraponer a toda marcha o manifestación opositora una contramarcha o contramanifestación gobiernera. También influye la promoción y/o tolerancia de grupos violentos y armados, desde el gobierno, para amedrentar a los opositores.

Así ocurrió en las merideñas residencias Las Marías la misma noche del lunes. Los hechos hablan de una pared demolida, quema de cuatro vehículos, destrucción de veinte otros carros por medio de disparos, palazos y pedradas, intento de incendiar los depósitos de gas de los edificios, salida forzosa de los vecinos de sus apartamentos, presas del terror.

Según éstos, los vándalos tumbaron la pared gracias a la embestida de dos autobuses y luego que terminaron sus fechorías huyeron en los mismos. La policía no llegó para impedir la destrucción. Los cuerpos de investigación no acordonaron la zona del desastre inmediatamente. Cuando los  vándalos se retiraron, los policías que se encontraban en la zona no los detuvieron.

Es el Estado quien tiene el monopolio legítimo de la violencia.  Y el monopolio del ejercicio de la fuerza no se reduce a la compra de costosísimo armamento militar. Un gobierno serio no puede permitir la existencia de grupos armados. No sólo las guerrillas del vecino país tienen nuestro territorio como aliviadero, sino que se ha permitido la actividad de paramilitares colombianos (según la propia denuncia del régimen) y venezolanos que abiertamente se muestran con armas y hasta han desfilado por las calles caraqueñas. (Hace poco un grupo armado que se hace llamar Carapaica grabó un video emitido por canales foráneos donde conminaba a rectificar al chavismo en el poder).

En un país normal, el gobierno no tolera ni mucho menos avala la acción de grupos violentos que asesinan, destruyen los bienes y amedrentan a quienes con todo derecho protestan.