Sombra del general Noriega asusta al PSUV
Los fuegos artificiales lanzados por Chávez al ordenar el retiro de Venezuela de la CIDH y aprobar una LOT que no pagará un centavo de sus prestaciones a los trabajadores públicos, escamoteadas durante 13 años a pesar de haber disfrutado de un precio petrolero 8 veces más alto que el de su antecesor, no han podido borrar de la agenda nacional e internacional el término»narcoestado» para referirse a su gobierno. El calificativo fue reforzado por su juez favorito, exmagistrado Aponte Aponte (y ahora por el también exmagistrado Velásquez Alvaray), al confirmar las denuncias del presunto narcotraficante Makled, y las razones del Departamento del Tesoro de EEUU para incorporar a connotados miembros civiles y militares del régimen chavista a su lista negra de incursos en narcotráfico y terrorismo.
El brillante Moisés Naím (EN 08-05-2012) narra el surgimiento de los «Estados mafiosos», países en los que «los conceptos tradicionales de «corrupción», «crimen organizado» o de gobiernos penetrados por grupos criminales no captan el fenómeno en toda su complejidad, magnitud e importancia». Subraya que en los Estados mafiosos «no son los criminales quienes han capturado al Estado a través del soborno y la extorsión de funcionarios, sino el Estado el que ha tomado el control de las redes criminales. Y no para erradicarlas, sino para ponerlas al servicio de los intereses económicos de los gobernantes, sus familiares y socios». En el caso de Venezuela, aunque Naím no lo señale, habría que añadir que las redes criminales también han sido puestas al servicio del los intereses políticos del gobierno. Cita Naím a «Bulgaria, Guinea-Bissau, Montenegro, Myanmar, Ucrania, Corea del Norte, Afganistán y Venezuela».
Que en Venezuela la mafia se apoderó del país quedaría confirmado con las múltiples evidencias ofrecidas por Aponte Aponte y Velásquez Alvaray. Recuerda Naím que el general Rangel Silva, acusado por EEUU en 2008 de «ayudar materialmente al tráfico de narcóticos», fue nombrado por Chávez ministro de la Defensa a principios de 2012. Y que en 2010 Makled, acusado por varios gobiernos de ser jefe de los carteles de la droga, dijo que «tenía documentos, videos y grabaciones que involucran a 15 generales venezolanos, al hermano del ministro del Interior y a 4 miembros de la AN» (Ibid).
Los medios han reportado numerosos casos de narcotráfico tratados con guante de seda por las autoridades y respondidos oficialmente con un espeso silencio, como el de la narcoavioneta King Air 300 que en agosto de 2011 transportaba 1.400 kilos de cocaína. La burda versión dada por el propio Chávez es que la nave partió de La Carlota y aterrizó en Falcón con «una entrega controlada (… ) para engañar al enemigo». Donde estaba la aeronave llegó una comisión dePoliFalcón que fue recibida a tiros por quienes estaban en la avioneta (supuestamente CICPC y grupo BAE). Hubo 2 personas muertas y 8 detenidas. La radiopatrulla quedó toda agujereada. Los GN que llegaron al lugar también fueron repelidos a tiros. Lo que vino después habla de la connivencia entre el delito y las autoridades que deben perseguirlo. Los únicos acusados por narcotráfico fueron los humildes policías de Falcón, cuyos familiares deambularon como alma en pena por los medios diciendo que eran inocentes y pobres de solemnidad. El Gobierno nunca informó a quién pertenecía la narcoavioneta, ni quién era el piloto y otros datos importantes. «Una avioneta no es un velocípedo realengo sin registro» criticaba Teodoro Petkoff (Tal Cual13-09-2011) en su editorial «¿A quién protegen?». Fueron los periodistas quienes informaron la identidad del piloto (Inspector de la División Aérea del CICPC ) y Mildred Camero, expresidenta de la Conacuid, desmontó la versión oficial al establecer la diferencia entre «entrega controlada» (involucra a varios países, que no es el caso) y «entrega vigilada» (a un solo país). Concluye Petkoff que»Esa avioneta y su cargamento o pertenecen a un pez muy gordo al que se está protegiendo; o son personajes con mucho peso económico y político vinculados a gente del gobierno o son propiamente funcionarios de muy alto coturno» (Ibid).
En 11 años el CICPC ha tenido 6 directivas, todas condecoradas y ninguna juzgada a pesar de las fuertes evidencias de corrupción. Unamos el incremento de secuestros ejecutados por policías; las hazañas de la Fosforito soltando a diestra y siniestra a miles de presos de alta peligrosidad y las declaraciones de Diosdado Cabello (EN 8-5-12) sobre «el temor que existe en el PSUV de que fuerzas militares de EEUU pudieran secuestrar a venezolanos y sacarlos del país» (quizás porque sienten que la sombra del general Noriega planea sobre sus cabezas) y tendremos el cuadro completo de un Estado mafioso.
