Sólo la democracia puede construir una ciudad mejor

Sólo en democracia es posible propulsar un debate sobre los planes para la ciudad que involucre a todos los sectores y que, al final, comprometa al ciudadano en los esfuerzos que deban hacerse.

Sólo en democracia es posible que los poderes locales hagan suyos los planes de desarrollo. Y al hablar de poderes locales no nos referimos al nuevo escalón de poder inventado por el régimen, a los Consejos Comunales, porque éstos, si partimos de la definición que se les ha dado, carecen de la entidad necesaria para promover planes de largo alcance. Nos referimos, simplemente, a las Alcaldías, instituciones básicas de la democracia, que serían el centro promotor más idóneo para instrumentar los planes, para actuar sobre la ciudad.

Sólo en democracia pueden promoverse las inversiones privadas a largo plazo, inversiones que son las únicas que garantizan la vigencia de los planes en el tiempo por su carácter, para usar la palabrita de moda, sustentable, no dependiente de los vaivenes políticos.

Sólo en democracia el espacio público de la ciudad se concibe como disfrute de todos los ciudadanos, sin excepción; que no puede confiscarse ilegítimamente en función de privilegios. La ciudad debe ofrecerse a todos democráticamente

Por todas estas razones sostenemos que bajo el régimen político que padecemos, la ciudad nunca podrá ser mejor. Y si caben dudas, reflexionemos sobre esto:

1) El régimen planifica la ciudad en secreto. Un secreto solemne que finalmente se rompe con un parto de los montes como el Plan Caracas de la Alcaldía Mayor. Que es más bien una clasificación de sectores, ejes o posibles zonas de desarrollo o de mejoramiento cuya mejor virtud es que inventa nuevos nombres, ensaya una definición aproximada de jerarquías y asoma expectativas de inversión que parecen inalcanzables por lo desmesuradas.

2) El régimen ha pretendido debilitar el rol de las Alcaldías en la acción sobre la ciudad. Exige incondicionalidad política y, si no la tiene, convierte en enemigos, no sólo al Alcalde sino indirectamente a todos los ciudadanos de su jurisdicción.

3) El régimen no cree en la inversión privada como elemento esencial para mejorar la ciudad. Piensa, coherente con su anacronismo ideológico, que la ciudad se hace sólo desde el Estado, ignorando la realidad histórica de nuestra capital y, además, los estruendosos fracasos urbanos del socialismo real (Berlín, Moscú, Beijing).

Y en este punto nos podemos extender. El instrumento esencial desde hace ya décadas para la promoción del mejoramiento de la ciudad ha sido el Proyecto Urbano. Es un concepto que propone actuar a partir de lo que un arquitecto clave en la transformación de Barcelona, España, Oriol Bohigas, llama centro de irradiación; es decir, un sector de la ciudad en el cual se amplían los servicios, se redimensiona la vialidad, se redefinen los límites de la propiedad, se eliminan los obstáculos físicos, se proponen espacios públicos como parques y plazas, se decide la ubicación de sedes institucionales (escuelas, bibliotecas, museos, sedes de servicios de vigilancia o de servicio público), se elabora un plan de regulación de las intensidades de desarrollo, alineamientos etc. en la tierra construible; y a partir de todo esto, se expropia lo indispensable, se emprende un plan de obras que asigna al sector público la construcción de infraestructura y de sedes institucionales y se deja al sector privado, según las nuevas regulaciones, la construcción del tejido urbano, proponiendo estímulos y facilitando acceso al financiamiento. Este centro de irradiación no sólo se mejora a sí mismo, sino que promueve el mejoramiento de todos los sectores aledaños. Es también una operación extremadamente rentable para la autoridad pública. Así se ha hecho en Barcelona, Berlín, París, Londres y desde hace décadas en las capitales nórdicas, y mucho más cerca de nosotros en Bogotá, Medellín, Curitiba o Santiago de Chile.

Agreguemos que el régimen ha hecho expropiaciones costosísimas, desde la Alcaldía Mayor, sin enmarcarlas en noción alguna de Proyecto Urbano. El monto invertido es tal que parece un verdadero crimen que su objeto haya sido, simplemente, expropiar edificios por razones estrictamente políticas, asistenciales o coyunturales, que en nada benefician a la ciudad en su conjunto. Nada menos socialista, nada menos revolucionario.

4) El régimen ha confiscado el espacio público de los ciudadanos al promover una buhonería destructiva y anárquica, que si aceptamos que puede ser modo de vida de gentes que buscan un espacio económico, también es instrumento de mafias de importadores y de especuladores que son en último término los que se benefician de la anarquía y la arbitrariedad. Y desde hace poco (Bernal, ayudando a cavar la tumba que le prepara el populismo) trata de resolver el problema con buena intención pero haciendo propuestas tan discutibles como la de construir “centros comerciales para buhoneros”, es decir subsidiando (y a altísimos costos!) el comercio de las importaciones que transitan los caminos verdes, con su evasión arancelaria y tributaria. Nada menos socialista, nada menos revolucionario.

Pero lo menos democrático en una ciudad es limitar las fuentes de información. Y lo ha hecho nuestra dictadura del siglo 21 con RCTV. Si hay algo que caracteriza a la ciudad moderna, democrática, es que se ha convertido en un espacio privilegiado para la diseminación de información. De una información pluralista, libre. La información democrática es un hecho urbano. Se produce en la ciudad, se discute en la ciudad, se disemina desde la ciudad. Esa información es el vehículo que permite cumplir los cuatro requisitos democráticos para construir la ciudad que acabamos de mencionar.

En resumen, no hay escapatoria. Mientras persistan esos modos de proceder no habrá mejor ciudad. Eso hay que tenerlo muy claro. Y espero que reflexionen los arquitectos del régimen. Entre ellos ex-estudiantes míos en la UCV en quienes confié. Lo digo con dolor, o más bien con desencanto.

LA AVENIDA BOLÍVAR, UNA OBRA CONTAMINADA POR LA FALTA DE TRANSPARENCIA

En Caracas, una muestra de que actuar autoritariamente en la ciudad conduce al fracaso, es la Avenida Bolívar, hija del plan Rotival de 1939 y de la Asamblea Constituyente de 1947 que creó la C.A. Obras de la Ave. Bolívar (hoy Centro Simón Bolívar). El Arq. Cipriano Domínguez, hoy fallecido, hizo el Proyecto de su Primera Etapa.

Pérez Jiménez, dictador, la construyó, y al usarla como emblema político creó las condiciones para que décadas después siguiera siendo una obra inconclusa. Se desdeñó el consenso democrático y eso abonó al estancamiento.

Tampoco se abrió el debate sobre las opciones de continuarla durante los períodos democráticos que siguieron. Antes de construirse (1964) los dos edificios adyacentes a lo que es hoy el CNE, nunca se discutió con seriedad el proyecto de J.A. Ron Pedrique, que se había otorgado a la sordina. En los setenta, Tábora y Stoddard, dos respetados arquitectos paisajistas, proyectaron la plaza Diego Ibarra, hoy desaparecida gracias al abandono de los últimos quince años. En lo sucesivo, cada Administración quería tener su Avenida Bolívar. Parque Central fue Caldera, su negación Carlos Andrés, en tiempos de Luis Herrera se propuso hacerla permeable al tráfico transversal y convertir los edificios de Ron Pedrique en Palacio de Justicia. Carlos Gómez hizo el Proyecto. La obra todavía espera su necesaria continuación desde que se detuvo luego del período de Lusinchi, quien hizo suyo un discutible Parque Vargas que no pasó de sus comienzos. Desde entonces nada.

Y lo que debe hacernos reflexionar, es que cada vez que se habló de seguir adelante, se hizo en clave semisecreta, politizada y sin una discusión abierta.

Por otra parte, siempre dominó la idea del Estado petrolero como único inversionista o la sombra clientelar que mancha siempre la intervención privada cuando no hay transparencia, sombras que afectaron a Parque Central.

La parálisis de ahora ya lleva ocho años. Y si se le da crédito a lo que hemos dicho aquí, no hay esperanza de superarla. Por ahora.