Sólo la connivencia mantiene en el poder a Hugo Chávez
No existe ni una sola razón legal para que el Sr. Carlos Fernández, Presidente de Fedecámaras y el General de División Carlos Alfonso Martínez, ex-Inspector General de la Guardia Nacional, estén detenidos en sus respectivas residencias.
Muchísimo menos para que al segundo de los nombrados se le tenga prohibido dar declaraciones a los medios de comunicación social.
Tampoco existe razón legal para que un tribunal haya librado orden de captura contra Carlos Ortega, Presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela; ni para que el Ministerio de Infraestructura, haya acusado, esté juzgando y pretenda sancionar, a las estaciones de televisión privadas, Globovisión, Venevisión y Televén; es decir, no existe ninguna razón legal, para que ese despacho burocrático, actúe simultáneamente como acusador, juez y verdugo.
No existen razones legales —y mucho menos constitucionales— para que una sala electoral accidental del Tribunal Supremo de Justicia, haya dejado a la República de Venezuela, sin poder electoral; ni para que antes de esa atrocidad totalitaria fuese perpetrada; para que el poder ejecutivo le negase al Poder Electoral, las instalaciones educativas donde siempre han funcionado los centros de votación; la custodia y traslado del material electoral y del proceso comicial por parte de las Fuerzas Armadas a través de su Plan República; ni para que le negase los recursos financieros para realizar el referéndum consultivo del pasado 2 de febrero de 2003.
No existe razón legal, para que al Presidente de la República, no se le haya abierto un proceso judicial, por haber perpetrado públicamente el delito conocido como «apología del delito» (Artículo 286 del Código Penal), cuando defendió al confeso múltiple homicida de la Plaza Francia de Altamira, Joao Gouveia y a los pistoleros de Puente Llaguno; ni por los numerosos otros delitos que ha confesado públicamente, como la apropiación indebida que perpetró con los recursos del Fondo Inter-Gubernamental para la Estabilización Macro-económica (FIEM); o el primer delito que cometió desde que fue juramentado como presidente: haber ascendido a los grados inmediatos superiores a un grupo de coroneles y generales a quienes el Senado de la República no les aprobó el ascenso.
Es decir, desde el 2 de febrero de 1999, Venezuela ha estado en manos de un gobierno forajido, que sólo se mantiene en el poder por la connivencia de quienes ocupan cargos en la Fiscalía General de la República, en el Tribunal Supremo de Justicia y en la Asamblea Nacional.
También, por la connivencia del Secretario General de la OEA; de todos los presidentes, cancilleres y embajadores ante la OEA. de los países miembros de la Organización de Estados Americanos, que firmaron e hicieron ratificar por los respectivos poderes legislativos de sus países, la Carta Democrática Interamericana; cuyo artículo 20 establece que:
«En caso de que en un Estado Miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, cualquier Estado Miembro o el Secretario General podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente, para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente.»
Una «decisión conveniente» de la OEA, ni remotamente sería la «severa sanción» aplicada a Cuba en la década de 1960: negarle un cómodo sillón, al embajador de Fidel Castro, evitando así, que aquél pueda arrellanarse hoy plácidamente, mientras pontifica sobre el comunismo internacional.
Finalmente, es también la connivencia de los oficiales del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea y de la Guardia Nacional de Venezuela, quienes ante las abundantísimas violaciones a la Constitución y las leyes vigentes del país por parte de quienes hoy ocupan cargos en el Poder Público Nacional; el desamparo en el que la comunidad internacional ha dejado a una democracia que mintieron defender; y ante la única salida posible que le es dejada al pueblo de Venezuela, como lo es la de utilizar masivamente el mandato contenido en el artículo 350 de la Constitución vigente, sigan obedeciendo las órdenes e instrucciones, claramente abusivas del poder, que reciben casi a diario, de la primera magistratura del Estado.
Ese Artículo 350 ordena: «El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos.»
Esa connivencia, será la responsable del holocausto que se avecina, luego de que el régimen forajido que preside Hugo Chávez, decidió tomarse para sí -y para nadie más- todos los recursos finacieros públicos, mediante un totalmente inconstitucional, ilegal y arbitrario control de cambio.
Porque eso ya está produciendo en todo el territorio de Venezuela un masivo cierre de empresas, una quiebra masiva de las gobernaciones y alcaldías y en consecuencia, una masiva destrucción del empleo actual y de las oportunidades de nuevos
empleos, que dejará a centenares de miles de familias venezolanas, sin ninguna fuente de recursos financieros y sin asistencia médica.
Está claro, todos los conniventes lo que están esperando es que a las muertes por hambre y falta de asistencia médica, se sumen otras miles, cuando los desesperados echen mano del único recurso dejado: la violencia…
…para que sean posteriormente masacrados por los esbirros del régimen.
Por lo que no parece probable que los conniventes, cuando se materialice la masacre, vengan en nuestro auxilio ¿Qué cree usted amigo lector que harán los conniventes que no ostentan cargos públicos en Venezuela y en el continente americano?
¿Correr? o ¿O seguir dándonos la espalda?.
