Sobre la Ley de Amnistía
Con esperanzas de cambio positivo se recibió el anuncio del Presidente sobre la promulgación de una ley de amnistía que abarcaría, por supuesto, a todos los detenidos, sentenciados e indiciados por delitos considerados políticos. ¡Alegría y esperanzas de año nuevo para los posibles beneficiados y sus familias! Sin embargo, esas esperanzas y esas alegrías se desvanecieron rápidamente para algunos. En efecto, la Fiscal General de la República, la Fouquier de Tinville venezolana, salió prontamente a declarar que los comisarios Simonovis, Forero y Vivas no podrían beneficiarse de la medida porque estaban siendo juzgados por delitos de “lesa humanidad” y, según la Constitución, los delitos de lesa humanidad no prescriben ni pueden ser objeto de leyes de amnistía.
La ignorancia del derecho es grave cuando la manifiesta un alto personaje de la justicia penal. En efecto, el delito de lesa humanidad no está tipificado en la legislación penal venezolana. Es un delito de derecho internacional penal, tipificado por el Estatuto de Roma. Si bien es cierto que Venezuela ratificó el Estatuto de Roma, ese tratado que tipifica delitos internacionales y crea el Tribunal Penal Internacional, también es cierto que Venezuela no ha incorporado en sus derecho ninguno de esos delitos y, según la Constitución venezolana rige el principio de nullum crimen sine lege. Pero, lo que es más, en el supuesto negado de que los Comisarios hubiesen podido cometer el delito de lesa humanidad contemplado por el Estatuto de Roma, por sus actuaciones del 11 de abril del 2002, es bueno que se sepa que el Estatuto de Roma sólo entró en vigencia en julio del 2002 o sea que en abril del 2002 ni siquiera tenía vigencia, como delito internacional el delito de lesa humanidad y todos sabemos que las leyes penales no pueden aplicarse retroactivamente sino cuando benefician a los reos.
No hemos visto el texto de la Ley que supuestamente está promulgando el Presidente, basándose en la ley habilitante y, por lo tanto, habrá que esperar a que salga en Gaceta para opinar con mayor propiedad. Preocupa sí, en todo caso, lo declarado por la Fiscal General, sobre todo si se supone que ella sí conoce el texto de la Ley.
