Respuesta de clan
Del episodio del maletín uno de los aspectos que más irrita es la reacción tan insolente de los jerarcas del régimen. Los funcionarios del Gobierno y de otras instituciones del Estado (que no son empleados del Ejecutivo, pero que pareciera que lo fuesen, como el Fiscal y el Contralor), cuando apareció la noticia en Argentina, actuaron como si fuesen los integrantes de un clan, no los miembros de un organismo electo por el pueblo y que en virtud de esta elección está obligado a representar la República y el país en su totalidad.
Hugo Chávez inmediatamente le restó importancia a esa grave irregularidad -que entre otras transgresiones, viola la Ley de Ilícitos Cambiarios- y pasó a culpar al imperialismo norteamericano y a los medios de comunicación de ser los verdaderos responsables de los males del planeta. Por supuesto que la fórmula del mandatario se convirtió en orden para sus subalternos. Había que matar al mensajero sin preocuparse del contenido del mensaje. El Vicepresidente, Jorge Rodríguez, señaló que la denuncia no era más que un “estúpido pote de humo” para desprestigiar la “exitosa” gira del jefe de Estado por Suramérica. Rafael Ramírez, obsecuente como pocos, indicó que hechos como ese ocurren todos los días en todos los aeropuertos del mundo, y, por lo tanto, no había de qué preocuparse. El ministro de Relaciones Interiores, Pedro Carreño, la sacó del jonrón cuando apuntó que el Gobierno no tiene nada que ver con ese asunto, y que si hay algún delito la responsabilidad es exclusivamente personal de quien o quienes lo cometieron.
Los diputados chavistas de la Asamblea Nacional no se quedaron atrás en materia de docilidad frente a la orden presidencial. El poder que debe servirle de contrapeso al Ejecutivo Nacional acordó no investigar lo ocurrido en el aeropuerto argentino, pues ya la Superintendencia de Aduanas, la Fiscalía General y el Ministerio de Energía y Petróleo se habían abocado al tema. Ni siquiera por cortesía con el pueblo que dicen representar, esos parlamentarios se tomaron la molestia de nombrar un equipo que cooperara con las otras dependencias del Estado. Lo que sí hizo el oficialismo, a través de Mario Isea, vicepresidente de la comisión de Energía y Minas del Parlamento, fue atacar a los medios de comunicación y a la oposición. Esta dupla, según sus palabras, está interesada en abortar la integración energética suramericana, acabar con la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), con PETROCARIBE y, cómo dudarlo, con el mandato de Hugo Chávez quien solo tiene nueve años gobernando.
Esta reacción de camarilla del oficialismo, esta desvergüenza con la que agraden la moral e inteligencia de los venezolanos, muestra varias aristas. La primera es que la impunidad forma parte esencial de la estrategia del Gobierno. El gobierno revolucionario bolivariano se autojustifica y, en consecuencia, no está obligado a rendirle cuentas a nadie, y menos a un país que se ha dejado clientelizar con el dinero generado por el petróleo. Para eso ha repartido plata a montones entre sus simpatizantes y adeptos. A estos hay que exigirles que permanezcan callados, que no protesten, que vean para otro lado cuando de corrupción se trata. A la sociedad -a través de la manipulación y el descaro- hay que convertirla en cómplice de las fechorías de los funcionaros o sus interpuestas personas.
En la misma línea, pero visto desde otro ángulo, el affair del maletín evidencia que el Gobierno no está interesado en combatir la corrupción administrativa. Por eso trata de convertir el incidente en un hecho menor provocado exclusivamente por la gigantesca presencia de los medios informativos. Para Chávez, salvo ocasionales saludos a la bandera, el morbo de la corrupción carece de significado. Desde comienzos de su gestión el libertinaje ha campeado en la administración pública. El Plan Bolívar 2000 fue célebre, no por las obras que ejecutó para los pobres, sino por la cantidad astronómica de dinero que circuló sin ningún tipo de controles. De ese volumen una buena parte fue a parar a los bolsillos de sus conductores y administradores. Tanto fue el despilfarro y la impudicia que le mismísimo Clodosvaldo Rusián llegó a declarar que ese dichoso plan era inauditable. Por supuesto que los autores del saqueo, fundamentalmente militares, nunca aparecieron. El Fondo Único Social (FUS) fue disuelto, luego de un sonoro fracaso como órgano promotor de los equilibrios sociales, pero no sin antes haber consumido centenas de miles de millones de bolívares cuyo destino nunca se supo. Los negociados y comisiones abundaron, aunque jamás se acusó ni apresó a nadie por el asalto. El Banco Industrial de Venezuela es otra caja negra que ha quebrado varias veces sin que aparezca nadie como culpable del despojo. Pareciera que en la revolución es lícito robar. La honradez es un valor burgués.
Finalmente, la desfachatez del Gobierno está directamente relacionada con la debilidad e impotencia de la sociedad en general y de la oposición en particular. Los oficialistas se permiten actuar con absoluto descaro porque están convencidos de que su arrogancia no tendrá consecuencias políticas significativas: el presidente Chávez mantendrá su popularidad incólume, el Gobierno no saldrá ni siquiera maltrecho a pesar de la red de complicidades que se asoman, PDVSA y su presidente, Rafael Ramírez, no serán investigados ni sancionados, y todo no pasará de ser un trance incómodo provocado por la prensa argentina y los medios de comunicación venezolanos.
Representa la impostura típica de quienes creen que el poder es perpetuo. Eso creía Milosevic, Hussein, Pinochet y otros miembros de la misma cofradía. Sin embargo, ni los clanes ni sus jefes son eternos
