Represión por encargo

Después de la huída de Marcos Pérez Jiménez, cuyo régimen asesinó a dirigentes políticos que reclamaban democracia y sometió a torturas y cárceles a venezolanos de todas las tendencias políticas, en especial de Acción Democrática y del Partido Comunista, se instauró en Venezuela un gobierno electo por el pueblo. Se trataba de una relativa novedad porque los primeros comicios en los cuales todos los venezolanos eligieron directamente, sin intermediarios, a su Presidente, fueron desconocidos en 1948 por esa camarilla militar que se instaló diez años a abusar y a robar, a matar y a atropellar a quienes osaran levantar su voz reclamando justicia.

Antes de la Constitución de 1947, impulsada por Acción Democrática con Rómulo Betancourt a la cabeza, los poderes públicos se constituían mediante otros procedimientos. No votaban en nuestro país las mujeres. Así como lo lee, las mujeres no eran realmente “ciudadanas”, aunque algunas muy fanáticas medinistas insistan en llamarlo el Presidente más democrático que hayamos tenido jamás. Tampoco votaban los analfabetas y hay que puntualizar que más del 85% de la población sufría de esa injusta condición, lo que no quiere decir que no estuvieran en capacidad de decidir lo que les convenía para su superación personal, como, por ejemplo, escoger sus representantes y su Presidente. Por igual estaban excluidos los varones menores de 21 años de edad. Un régimen atrasado privilegiaba a una minoría de venezolanos ( varones, mayores de 21 años y alfabetas) con el derecho al voto. Venezuela no estaba entre las naciones que practicaban el voto universal, un derecho humano incontestable. Sin embargo, la historiografía criolla está llena de ensayos que ubican esos tiempos de discriminación como años genéticos de la democracia.

Por otra parte, era poco lo que decidían esas minorías. Votaban para concejales y hasta allí. Punto. Para decirlo en el lenguaje de las viejas oligarquías. “¡Que se dieran su puesto!” “¿Qué se han creído, que pueden ir más allá de eso?” Así se mantenía al pueblo apartado de sus derechos. Hasta que Acción Democrática convirtió en bandera nacional la lucha por el voto universal, directo y secreto, presionando en todos los terrenos por esa justa reivindicación. Para las viejas élites, herederas del gomecismo y del militarismo, dar las migajas del voto a una minoría ya estaba bien. A eso le llamaron apertura democrática. Para AD eso no sólo era insuficiente, sino un engaño que creaba la falsa imagen de un pueblo que tomaba sus propias decisiones, cuando lo cierto es que esos concejales elegían un Senado, minúsculo y controlable, que luego, en familia, escogía al Presidente de Venezuela. Así fueron puestos a dedo los sucesores de Gómez, independientemente de la simpatía y sencillez personal, del equilibrio, o de la honorabilidad de la que hablan los hechos y testimonios de la época en relación a López Contreras y a Medina Angarita, méritos personales que en ningún modo son suficientes para categorizar a un régimen como democrático, aunque se produjeron cambios de una “hacienda personal”, que no otra cosa era Venezuela cuando Gómez, a la conformación de un Estado impersonal, con asomo a las libertades y objetivos distintos, pero sin democracia como tal, en los términos que hoy se entiende en el mundo. Fue con la Constitución de 1947 que el voto universal y directo llegó a la historia venezolana. Fue una conquista que con seguridad también interpretó a sectores minoritarios del lopecismo y del medinismo que exigían ir más rápido pero que, la verdad histórica, se frustraron ,aunque no lo decían ni lo escribían, por los tímidos cambios políticos del post-gomecismo.

Por todo esto, lo que empezó en 1958, “el período democrático”,no fue cosa de poca monta. Se trataba de una nueva arquitectura del Estado y de otra red social e institucional para la toma de decisiones. Ante el gobierno que se instaló para desarrollar este esquema, surgió, como es natural, una oposición diversa, en la que destacaron diversos frentes guerrilleros, que apelaron a las armas para oponerse al nuevo diseño del Estado venezolano. No era un ejercicio cotidiano de “oposición”, era una guerra contra el Estado y sus instituciones, con todas las consecuencias que ello implica. Triste y dolorosamente, esa circunstancia histórica produjo muchas muertes y familias enlutadas. Llenó a muchos sectores de indignación y contrariedad. Jóvenes guerrilleros muertos, soldados y policías muertos, en fin, un país conmovido. Es mera propaganda política definir la acción del Ejército y de las policías de aquélla época como “represión”, se trató, en realidad, de una guerra, de una defensa del Estado ante quienes promovían su destrucción.

Después de alcanzada la pacificación, lo que no suponía arrastrar las banderas de los grupos de la izquierda radical, pero si convenir métodos pacíficos y legales de lucha, ocurrieron abusos y atropellos de organismos y funcionarios militares y civiles que causaron muertes y desapariciones físicas, condenando a la tragedia a muchas familias venezolanas. Esas acciones criminales si deben ser tipificadas como actos represivos. Han sido identificados y el país los recuerda con dolor y rabia. Es correcto hablar en ese período, posterior a la pacificación, de acciones represivas por parte de algunos funcionarios militares y civiles que violaron la Constitución y las leyes cometiendo crímenes en nombre del Estado. Después de esa época oscura, el país vivió largos años de democracia sin represión de parte de los gobiernos y sin acciones armadas de parte de los distintos frentes de oposición quinquenales.

Hoy, bajo el gobierno de Hugo Chávez, de los partidos Quinta República, Patria para Todos y de un sector del Movimiento al Socialismo, está ocurriendo algo inédito y criminal sobre lo que el país debe debatir sin dilación. Vivimos una democracia formal que se expresa en las elecciones recurrentes de los últimos años, en la libertad de expresión de la que hacemos ejercicio los venezolanos y en la abierta oposición que diversos sectores políticos, sindicales, vecinales y empresariales le hacen al régimen chavista. Sin embargo, los derechos humanos son pisoteados bajo las narices y el estímulo del gobierno. Se asesinan manifestantes por bandas armadas que son equipadas, entrenadas y financiadas por las diversas partidas secretas de organismos públicos y que gozan de inmunidad. Ni la Guardia Nacional, ni los tribunales, ni la Fiscalía, ni el Ejecutivo, nadie se atreve a condenarlas y sancionarlas como la Constitución y las leyes obligan.

Esos grupos ya mostraron su maldad el pasado 11 de abril cuando asesinaron a dieciocho caraqueños e hirieron a más de trescientos. Declaran que lo harían de nuevo y andan pavoneándose por las calles, seguramente con carnets oficiales y escoltas. A ellos hay que agregar los francotiradores a quienes muchas investigaciones señalan como de la Casa Militar de Chávez. Como no han podido detener las protestas populares por el alto costo de la vida, el desempleo, la corrupción y los crímenes de esos malandros, ahora aparecen otros grupos paramilitares que por encargo se han dado a la tarea de reprimir a cuanto cristiano proteste en cualquier calle de Caracas. Seguramente lo extenderán a otras ciudades. Ninguna iniciativa ha tomado el gobierno contra ellos porque para eso los han estimulado y financiado.

Este debate tiene que ser dado ya y las Fuerzas Armadas Nacionales deben abrir los ojos porque, en fin de cuentas, los paramilitares se constituyen no para enfrentar civiles sino a los ejércitos regulares. Es así, no se engañen.