Renegados

La escalofriante claridad con la que el médico Roger Capella –ministro de Sanidad y Desarrollo Social, (¡vaya contradicción entre un funcionario y su organismo!)- llamó “terroristas” a los empleados públicos que estamparon su rúbrica durante El Reafirmazo, y, además, dijo que había que despedirlos por traidores, fue un signo de transparencia que hay que reconocerle, pues dice lo que la mayoría del Gabinete y de los altos jerarcas del régimen piensan y hacen, pero se niegan confesar públicamente.

El actual director de Venezolana de Televisión, Vladimir Villegas, durante el gobierno, ciertamente arbitrario, de Jaime Lusinchi, se indignaba hasta la histeria cuando esa planta, conducida por la mano experta de Carlos Croes, mostraba un país que no se correspondía con ése que tenían que sufrir todos los días los venezolanos; o cuando la Policía Metropolitana les daba un par de cocorronazos a los encapuchados (hoy en el Gobierno) que los jueves de cada semana armaban disturbios en la plaza Las Tres Gracias. En aquella época decía que VTV, dado que se financiaba con fondos públicos provenientes de la renta petrolera y del pago de impuestos, era el canal de todos los venezolanos, no del Ejecutivo y menos aún del Presidente de la República. Era el momento en que defendía los derechos humanos, y cualquier violación que pusiese en riesgo la integridad física o la vida de algún ser humano (así hablaba), lo hacía temblar de ira. Ahora se desdice. Reniega de sus viejos principios. Le parece correcto que VTV sea el instrumento dócil de propaganda del régimen, en el que se falsifica la realidad, y en el que, por añadidura, se hace una apología de la represión y de toda clase de atropellos a los derechos humanos, empezando por el derecho a la vida. Le parece excelente que se persiga a Enrique Capriles Radonski; que se le siembren armas a Carlos Melo (su compadre y ex compañero de partido); que la Guardia Nacional golpee a Elinor Montes, joven e indefensa mujer; y que asesinen, desparezcan y torturen a personan que disienten del Gobierno. En misma onda se mueven José V. Rangel, Aristóbulo Istúriz y María Cristina Iglesias, todos militantes de esa izquierda que siempre arrió las banderas de la defensa de los derechos humanos, el respeto a la dignidad, la tolerancia ante la divergencia y la pluralidad. Ahora que disfrutan del poder, lo utilizan para perseguir a sus adversarios y proteger las prebendas que decían despreciar.

La voz de todos estos renegados ha sido Capella. Su acto de contrición posterior -en el que admitió haberse equivocado y haber hablado a título personal, como si un ministro pudiese expresarse de ese modo cuando se encuentra frente a los medios de comunicación- no ha sido más que una forma burda de maquillar los abusos que se están cometiendo contra los trabajadores del Metro, de ENELVÉN, de HIDROCAPITA y de muchas otras empresas que están despidiendo a sus empleados por haber firmado a favor del referendo revocatorio. Los renegados que gobiernan no se contentan con intentar expropiarnos del derecho constitucional a solicitar el referendo para anticipar la salida de Hugo Chávez, a quien la inmensa mayoría del pueblo desaprueba y desprecia; además amenazan, hostigan y defenestran a quienes ejercieron ese derecho. Como todos los renegados, actúan con cobardía. Son tiranos con los desvalidos. Arremeten contra modestos trabajadores, empleados, técnicos y profesionales, muchos de ellos excelentes en sus respetivas áreas, pero presas fáciles del despotismo del régimen. ¿Por qué no intentan despedir a gente conocida, de esa que escribe por la prensa, que va a los programas de televisión y de radio; o sea que cuenta con una tribuna para defender sus derechos y expresar su opinión?
El ataque despiadado a los empleados públicos y el uso de los organismos del Estado como garrote vil para doblegar la conciencia de los trabajadores y de la ciudadanía, marca un retroceso, otro más, en el camino que el país venía siguiendo. En el pasado reciente, la Comisión Presidencial par la Reforma del Estado (COPRE) continuó los esfuerzos que antes había realizado la Comisión de Administración Pública (CAP), con el fin de modernizar, profesionalizar y despartidizar los órganos administrativos del aparato público. En el marco de una visión laica del Estado, desde comienzos de la década de los 80 se hicieron esfuerzos por tratar de reducir, e incluso anular, el partidismo y el gremialismo dentro de las dependencias oficiales. Aunque con resistencias de los partidos gobernantes, se crearon “islas de excelencia”, como PDVSA, el Metro y algunas empresas de la Corporación Venezolana de Guayana, en las que se implantaron sistemas meritocráticos la captación, retención y promoción de los trabajadores. El propósito consistía en crear una burocracia en el sentido clásico, y, por tanto, extender esas “islas de excelencia” a todas las dependencias del Estado, de modo que los servidores públicos trabajaran con el propósito de atender de la manera más eficaz y eficiente posible, las necesidades de un país cada vez más complejo.

Con estos renegados que gobiernan ha ocurrido todo lo contrario. Ni siquiera Gómez o Pérez Jiménez intentaron utilizar los órganos de la Administración Pública de la forma como ellos pretenden hacerlo. Tampoco trataron de convertir a los empleados del Estado en serviles incondicionales del régimen. Ahora Chávez, con el terror que aplican los secuestradores, busca implantar una partidocracia inédita en Venezuela. La teocracia iraní sentirá una gran envidia cuando se enteré de lo que el comandante busca imponer.