Referendum y seguridad de la nación
El gobierno apela y apelará a toda suerte de sabotajes para impedir la efectiva convocatoria del referéndum del mandato presidencial. Incluye la aplicación de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, promulgada en medio del célebre paro petrolero.
La normativa en cuestión, encaminada a enrarecer aún más el clima referendario, nos ofrece otra de las características del nuevo modelo autoritario en marcha. Reclama una correspondencia con los lineamientos, principios y fines constitucionales que, al materializar el dispositivo de seguridad y defensa, niega.
El texto regula la actividad del Estado y la sociedad en materia de seguridad y defensa. Advertimos que es el Estado, precisamente, el que ha faltado en relación a los supuestos de Ley, convertido en una amenaza real y cierta cuando no cumple sus responsabilidades esenciales en torno al desarrollo integral (satisfacción de las necesidades individuales y colectivas de la población, calidad de vida, participación, desarrollo compartido del concepto estratégico o un convincente orden interno), privilegiado lo concerniente a la defensa integral, pero en sus aspectos netamente militares (poder nacional, zonas de seguridad, inteligencia y contrainteligencia, institucionalización u operatividad). Huelga comentar la creciente pobreza que nos aqueja, el deterioro de los niveles de vida respecto al mismísimo 1998, el simulacro de participación, la administración interesada del orden público, la consolidación del aparato belicista del oficialismo, entre otros asuntos.
Apenas ahora, según reseña la prensa, se reúne el Consejo de Defensa de la Nación, cuando ha debido hacerlo –al menos- dos veces en 2003. La presencia de presuntos paramilitares en las cercanías de Caracas y la pretensión de crear nada más y nada menos que un teatro de operaciones en el centro del país, así como la iniciativa de crear sendas milicias “populares”, según lo anunció Chávez el domingo 16, dicen justificarlo. No así, hechos de extrema gravedad como la “tupamarización” de las calles y avenidas del país, el asunto pendiente del Esequibo y el mismo paro petrolero, al que le convino tratar sin tocar la entonces novísima Ley ni decretar un Estado de Excepción, por el cual ha de rendir las cuentas muy formales que jamás ha rendido, juzgando por sus improvisados, ligeros o anecdóticos discursos ante la Asamblea Nacional.
El referéndum revocatorio está no sólo en la Constitución en la que no cree y defienden a título de inventario. Violarían la propia Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, desconociéndolo. Y, para ello, maniobran con un el texto mismo a objeto de encaminar la solicitud y la convocatoria hacia la configuración del enemigo interno y en sintonía con una teoría de la guerra total. Esto es, la definitiva militarización de la vida pública.
La unión “cívico-militar” o la “defensa nacional popular” en fiero respaldo de una caricatura de revolución que no está en la Constitución de 1999, es el domicilio evidente de una concepción de la seguridad y defensa teñida del culto a la personalidad presidencial, que tampoco aparece en la Ley comentada. Empero, interpretándola como le viene en gana, se servirá de sus aspectos penales para atenazar cada vez más a la oposición democrática.
