Recordando la rebelión popular del 11 de Abril

Por ahora podrán burlarse y exhibir con impudicia su criminal impunidad. Hacer gala de un crimen de lesa humanidad y despreciar el juicio de la historia. Les durará lo que un suspiro. Que mientras llegue el juicio de los hombres – la de Dios ya está en marcha – carguen con el peso de su conciencia, si es que la poseen. Cuando suene la hora de la justicia, no habrá piedad entre los justos. Merecen nuestro máximo rechazo y nuestra máxima condena. No habrá perdón ni olvido

A Mohamed Merhi, en recuerdo imborrable

“Sólo la verdad es revolucionaria”

Antonio Gramsci

El 11 de abril de 2002 Venezuela vivió una de sus más asombrosas paradojas: una manifestación popular, pacífica y democrática, tumultuosa y alegre, multirracial, multiclasista y multiétnica, como nuestra propia esencia, se vio enfrentada, aplastada y reprimida a tiros por pistoleros y francotiradores del régimen con la mayor saña imaginable. Más de un millón de mujeres y hombres, algunos de ellos acompañados de niños y ancianos, marcharon por las avenidas de Caracas hasta el palacio de gobierno sin otro propósito que expresar su descontento y exigir explicaciones por el arbitrario despido de ejemplares trabajadores de PDVSA, nuestra principal industria, con el deseo de que fueran repuestos en sus cargos. Lo hacían conscientes de que esos trabajadores cumplían rigurosamente con las exigencias de la meritocracia, habiendo hecho de PDVSA la más importante empresa de América Latina y una de las principales empresas petroleras del mundo.

Al hacerlo, llevados por la algarabía de su emoción y su entusiasmo por ejercer el más ancestral de los derechos – el derecho a la protesta – no cometían un solo delito. Y a pesar de que la reposición de los funcionarios despedidos por los que se manifestaba ya había sido decidida por el presidente de la república en un giro perfectamente explicable, dado lo tumultuoso de las consecuencias de su arbitrariedad, éste decidió ocultárselo a ese pueblo y aprovechar la circunstancia de tan gigantesca y apoteósica manifestación para realizar un acto de escarmiento propio de los peores regímenes totalitarios. El teniente coronel Hugo Chávez, investido en hora aciaga con el más alto cargo de la república, decidió a plena conciencia y sin ninguna muestra de compasión hacer de Miraflores nuestra Plaza de Tlatelolco, nuestra Plaza de Tian’anmen: ensangrentar las calles de Caracas. Como otro militar golpista, el general chileno Augusto Pinochet, lo hiciera en Santiago de Chile un 11 de septiembre de 1973.

En efecto: por instrucciones del presidente de la república y ante el rechazo del Estado Mayor a obedecer sus órdenes de reprimir al pueblo con todo el poder del llamado Plan Ávila, francotiradores especializados apostados en las inmediaciones del palacio de gobierno, tanto en las azoteas de los altos edificios de las instituciones de gobierno como en las esquinas que circundan Miraflores, así como pistoleros afectos al régimen apostados en Puente Llaguno, efectivos de la Guardia Nacional y miembros de los cuerpos de seguridad atravesados en la principal avenida aledaña a la zona presidencial, dispararon más de nueve mil municiones de alto calibre, provistos de armas largas y de pistolas 9 mm, con un saldo de 19 muertos y 150 heridos. Sólo la acción responsable y consecuente de la Policía Metropolitana, entonces comandada por los comisarios Lázaro Forero y Henry Vivas bajo la supervisión del inspector Iván Simonovis, y la pacífica disposición de los manifestantes, que huyeron despavoridos evitando un enfrentamiento que podría haber alcanzado dimensiones apocalípticas, hicieron posible que las bajas no alcanzaran las proporciones seguramente previstas por el régimen para lograr su propósito: un escarmiento inolvidable con cientos, sino miles de muertes. Y aprovechar la circunstancia para apoderarse de un solo manotazo de la principal fuente de recursos del país para sus propósitos autocráticos, todavía ocultos a gran parte de la ciudadanía.

Una década después de estos hechos luctuosos, los más lamentables y ominosos de la historia de esta sedicente Quinta República y su Socialismo del Siglo XXI, las causas, acciones y sus verdaderos responsables permanecen en la mayor oscuridad. El régimen jamás cumplió con el compromiso que asumiera ante la OEA y la Fundación Carter de establecer conjuntamente con las fuerzas democráticas de la Nación una Comisión de la Verdad. Y torciéndolos a voluntad y capricho de una gigantesca operación de falseamiento que ha reescrito la historia, producido montajes televisivos y armado un gigantesco tinglado de manipulación mediática internacional, han servido al propósito no sólo de ocultar la identidad de los verdaderos responsables por los numerosos crímenes, y en particular del presidente de la república, sino al montaje de una trama perversa, obscena y criminal, propia a la legitimación de un gobierno de facto, a la premiación y honra de los asesinos y al castigo ejemplarizante de inocentes funcionarios, condenados a la pena máxima de 30 años prevista en nuestros códigos en una farsa judicial propia de una justicia del horror.

¿Resulta imaginable una monstruosidad de tales dimensiones en un país que se creía a salvo de la porquería y la inmundicia de regímenes dictatoriales desde el 23 de enero de 1958?

Sin pretender exculpar la participación de funcionarios venezolanos por hecho tan monstruoso, la brutal acción represiva del gobierno el 11 de abril y el uso de hampones, francotiradores profesionales y funcionarios de seguridad del aparato gubernativo no dejan duda de un hecho absolutamente inédito en la historia de la república: la supervisión, si no la dirección táctica y estratégica de dichas acciones por personal policial y militar cubano. Que hoy, a una década de los luctuosos sucesos, ya ocupan virtualmente y de facto los controles claves del aparato de gobierno en todas sus esferas. Incluso la vida misma del propio presidente, entregado en cuerpo y alma a los hermanos Castro.Tras 13 años de gobierno no cabe dudar tampoco de la brutalidad fáctica, la inescrupulosidad y la criminalidad de que es capaz el propio presidente de la república, responsable directo de cientos de asesinatos durante los golpes de Estado de 1992, ni de la vocación homicida de la camarilla que le acompaña en el gobierno. Incluido el por entonces cerebro gris detrás del trono José Vicente Rangel, quien recomendara hacer bajar al lumpen de las barriadas de Caracas para generar conatos de guerra civil y poder salvaguardar así el poder que se perdía en manos del teniente coronel Hugo Chávez, a esas alturas vencido física y animicamente por su cobardía y bajo protección de altas autoridades eclesiásticas.

Una orden de tamaña crueldad como acribillar a miles de manifestantes resulta difícilmente imaginable sin la mediación de Fidel Castro, uno de los hombres más crueles y despiadados paridos en este lado del planeta. Y a quien el salvador de Hugo Chávez en la circunstancia, Isaías Baduel, culpa de su encarcelamiento, juicio y condena. Pues es a partir de esa fecha trágica que Fidel Castro se hace con el control pleno del Poder en Venezuela y convierte a Hugo Chávez en prisionero de sus diabólicas maquinaciones. Cumpliendo así una aspiración pendiente desde los años sesenta, cuando el ejército venezolano bajo las órdenes de los presidentes Betancourt y Leoni le asestaran una derrota militar, política y diplomática que le impidieran cumplir el sueño de apoderarse de nuestro petróleo, premio obtenido tras fundir la suerte del teniente coronel con la suya y la de Cuba.

Desde ese aciago 11 de abril, cuando gracias a Baduel Chávez saldría del atolladero premiado por el Estado Mayor en un acto de suprema estupidez con el retorno al Poder, es que se inicia la sistemática destrucción de nuestra institucionalidad democrática y el montaje de un régimen castrista en nuestro país. Es, en efecto, desde ese nefasto 11 de abril que el aparato cubano asume el control de la seguridad presidencial y Fidel Castro y sus más próximos allegados la dirección real del gobierno de la república. Como el propio Chávez lo reconocería luego, es Castro quien monta en 2003 el fraude continuado que desemboca en la derrota del Referendum Revocatorio del 15 de agosto de 2004. Y quien fija el rumbo estratégico y táctico del llamado socialismo del siglo XXI.

Es en plena luna de miel de la virtual entrega de Venezuela al control estatal cubano, premiada con cien mil barriles de crudo diarios y suculentos negocios de triangulación financiera, que Castro avanza la idea de crear una república federativa de Cuba y Venezuela bajo la presidencia de Hugo Chávez. La repulsa de la opinión pública impide el atropello, pero la habilidad de Castro lleva a que Chávez ceda de facto la soberanía de Venexuela a una ínsula en estado miserable, cometiendo una auténtica traición a la Patria. Es el precio a su entronización. La consecuencia ulterior del aciago 11 de abril. De esos polvos salieron estos lodos.

La condena a treinta años dictada contra el puñado de policías inocentes encabezados por Simonovis, Forero y Vivas haciendo escarnio de todo procedimiento judicial por una jueza, una fiscal y escabinos al servicio del régimen culmina la apropiación de la historia, de la justicia y del poder político venezolanos por el castro comunismo. La verdad de los hechos se ve difamada, torcida y ocultada sistemáticamente con el empleo del todopoderoso aparato de manipulación estatal y el respaldo del aparato de manipulación cubano y las izquierdas mundiales. Es una reedición en pequeño de los juicios de Moscú. Una caricatura de los llamados espectáculos procesales que terminaran con la condena y muerte de los principales líderes bolcheviques a fines de los años treinta. Una muestra criolla y caricaturesca – si no fuera trágico para quienes la sufren – de la justicia del horror que condenara a muerte a Arnaldo Ochoa Sánchez y a Tony de la Guardia hace catorce años y mediante la entronización del hermano heredero frenara toda auténtica posibilidad de cambio en la trágica isla del Caribe.

En esta década de sistemático ocultamiento, no ha cesado el coronel golpista responsable por los golpes de Estado de febrero y noviembre de 1992 de acusar de golpistas a quienes fueran abaleados por el gansterismo chavista. Los asesinos de Puente Llaguno, en cambio, fueron condecorados. El mundo al revés. Son miles de horas dedicadas a deshonrar la memoria de las víctimas y a torcer la verdad de los hechos. Son miles de millones de dólares los empleados en comprar conciencias y producir largometrajes para imponer una verdad tan falsa como el Judas que nos desgobierna. La principal víctima de este gigantesco enjuague manipulativo han sido la verdad procesal y la verdad histórica de los sucesos. Cumpliendo el objetivo ideológico esencial de todos los totalitarismos, como bien lo señalara Hannah Arendt: convertir a las víctimas en victimarios.

Que a pesar de este monstruoso esfuerzo manipulativo la ciudadanía venezolana reaccione con indignación ante la virtual condena a muerte de los policías que participaran en los hechos y exprese su desprecio contra los vasallos del teniente coronel y la inmundicia moral de su vergonzoso comportamiento, demuestra que a pesar de los pesares el régimen no ha terminado por cuadrar sus falsas cuentas. Deben saber los responsables por esta condena que les espera el desprecio de sus semejantes y el severo juicio de la historia. No saldrán ilesos del crimen cometido. Como los cómplices civiles y uniformados de esta trágica secuencia.

Por ahora podrán burlarse y exhibir con impudicia su criminal impunidad. Hacer gala de un crimen de lesa humanidad y despreciar el juicio de la historia. Les durará lo que un suspiro. Que mientras llegue el juicio de los hombres – la de Dios ya está en marcha – carguen con el peso de su conciencia, si es que la poseen. Cuando suene la hora de la justicia, no habrá piedad entre los justos. Merecen nuestro máximo rechazo y nuestra máxima condena. No habrá perdón ni olvido