¿Qué ocultan las prendas íntimas?

Esta pregunta que en cualquier otro momento pudiera haberse tenido como irreverente, o quizás como el inicio de un diálogo erótico, hoy tiene un sentido totalmente diferente. Lo oculto es más bien, un drama social, político, jurídico y militar.

Lo más protuberante, a juzgar por la generalizada preocupación manifestada por numerosos venezolanos, es el hecho de que un ciudadano civil halla sido sometido a la jurisdicción penal militar. Sobre ello, se pronunciaron casi automáticamente al saber la noticia, el Canciller, el Fiscal General, el Defensor del Pueblo, el Coordinador de la Dirección de la Magistratura, 44 diputados a la Asamblea Nacional, abogados penalistas y numerosos articulistas de opinión. También, el relator especial para la libertad de expresión de la Organización de los Estados Americanos.

¿Porqué tanta alharaca?

La respuesta quizá está en el pasado reciente.

El miércoles 21 de julio de 1999, la Corte Suprema de Justicia, sentenció: «Se ordena la liberación inmediata del ciudadano Eduardo Ramón Flores, para lo cual se concede un plazo de veinticuatro (24) horas a partir de la publicación del presente fallo»; y ordena comunicar esta decisión específicamente al Director General Sectorial de Inteligencia Militar (la DIM, organismo que practicó la detención inicial) y al Tribunal Militar Tercero de Primera Instancia Permanente de Caracas (juzgado militar a cuya orden se encuentra detenido el ex-prefecto de Caracas, el abogado Eduardo Ramón Flores Carrillo).

Esta sentencia de la Corte se produjo luego que los referidos órganos de justicia militar, no acatasen el mandamiento de habeas corpus, emitido por el juzgado cuadragésimo segundo de primera instancia, ratificado posteriormente por el juzgado superior duodécimo; ambos de la circunscripción judicial [civil] del área metropolitana de Caracas.

La justicia militar, en ese entonces, basó su proceder en el descubrimiento de que la notitia criminis [un remitido a la prensa], presentado por el Abogado detenido el 19 de febrero, ante el tribunal superior de salvaguarda del patrimonio público donde se sindicaba a un general ex-jefe del comando regional 8 de la Guardia Nacional con sede en Puerto Ordaz, estado Bolívar, de presuntos hechos delictivos en perjuicio de la Asociación de Mineros de Puerto Ordaz (MIPORDAZ); fue redactada y ordenada su publicación por el propio abogado Flores Carrillo. Es decir, una notitia criminis aparentemente prefabricada.

Pero la DIM actuó torpemente. Primero practicó una detención arbitraria [el abogado Flores Carrillo no había sido sorprendido in fraganti, tampoco existía una orden de un juez para detenerlo], y posteriormente sindica al abogado Eduardo Ramón Flores Carrillo, de estar presuntamente incurso en el delito de «Vilipendio a las Fuerzas Armadas», el que al estar también contemplado en el Código Penal y ser el indiciado un ciudadano civil; la ventilación del caso correspondería a la justicia
ordinaria; es decir, a los tribunales civiles; por lo que posteriormente la calificación del presunto delito cometido por Flores Carrillo, fue cambiada por la justicia militar, a «Ultraje a las Fuerzas Armadas», contemplado únicamente en la legislación militar; lo que permitía que el indiciado siguiese bajo la jurisdicción penal militar y preso en Ramo Verde.

¿Actuaron el actual ministro de la Defensa y la DIM con la misma torpeza en el caso del abogado Pablo Aure?

En su rueda de prensa del día miércoles 10 de enero de 2000, el ministro de la Defensa dijo: «son dos las investigaciones que se le siguen a Aure: la militar por vinculación con los anónimos y otra que se solicitó el 4 de enero ante la Fiscalía General de la República por las ofensas contra la institución castrense.»

Pero funcionarios de la DIM, argumentando que el abogado Pablo Aure se había negado a acudir a una citación de un tribunal militar, usaron «la fuerza pública» para hacerlo comparecer, lo que a todas luces contradice el ordinal quinto del artículo 47 de la Constitución, que establece que: «Ninguna persona podrá ser obligada a confesarse culpable o declarar contra sí misma, su cónyuge, concubino o concubina, o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.»

El Fiscal General, por otra parte, afirmó que: «Si hay un delito, una sola jurisdicción tendrá toda la plenitud para actuar, porque todas las leyes del país establecen que no es posible que sobre un mismo hecho se abran dos procesos distintos.»

Pero no es tan sencillo como parece. ¿Es de un solo delito del que está hablando el ministro de la Defensa?, y más importante aún:

¿Puede un civil cometer un delito militar?

Esta pregunta se la hace el general de división Enrique A. Prieto Silva, abogado y autor de textos sobre justicia militar en un reciente artículo, donde afirma que: «Cuando se dilucide este conflicto, definiendo y aclarando lo que son delitos militares, que no de los militares, se habrá resuelto el problema de las competencias. No es tan simple la respuesta, como la han planteado el
Fiscal, el Defensor del Pueblo y el Canciller. Pareciera, que hay mas confusión en ellos y muchos otros, que en los propios militares…»

Independientemente de que el abogado Pablo Aure esté no nó relacionado con los panfletos causantes del actual drama, la pregunta del general prieto debería ser respondida con prontitud.

El panfleto de marras contenía estos párrafos:

«Mediten y hagan hoy como hombres, si es que lo son, lo que mañana no podrán hacer como ciudadanos libres, ni ustedes ni los suyos en manos de un incapaz. Si no actuamos pronto de manera organizada y efectiva, con los otros oficiales de las 4 fuerzas, con los grupos organizados de oposición de la sociedad civil …» etc.

¿Qué le están pidiendo los redactores del panfleto a los militares? ¿Constituye delito militar ese pedimento? Si algunos militares hacen lo que los panfletistas les piden pero fracasan en su intento y son detenidos, ¿Tienen alguna responsabilidad los panfletistas? ¿Responsabilidad penal militar, aunque sean civiles?

El drama no es sólo militar. Tiene un alto contenido político y social.

Los redactores de los panfletos, aparentemente, no han encontrado ningún otro camino de oposición política al actual gobierno que el de incitar a los militares a insurgir contra él. Pareciera que se les han cerrado todas las otras puertas de participación ciudadana. Hasta el mismo ministro de la Defensa -sin decirlo- parece coincidir con esta apreciación, al afirmarles que los militares no escucharán sus planteamientos e invitarles a que salgan a la arena política a conquistar la popularidad que aparentemente ansían.

¿Pero es eso lo que padecen los panfletistas? ¿Ansias de popularidad? Parece un contrasentido intentar obtener popularidad mediante el uso de la fuerza, pero al mismo tiempo quizás no lo es, a juzgar por la popularidad alcanzada por el actual jefe del Estado luego de la insurrección armada en la que participó en 4 de febrero de 1992.

Sin embargo, el actual jefe del Estado no llegó al poder gracias a la insurrección en la que participó, sino mediante el voto popular emitido en elecciones libres y democráticas, y luego de recorrer el país varias veces desde julio de 1997 hasta diciembre de 1998 en campaña política. ¿Qué le hizo ganar popularidad? ¿La insurrección armada o su campaña política? A lo mejor, los panfletistas no se han hecho esas preguntas y creen que el camino correcto es la insurrección.

¿Cómo pueden creer los panfletistas que una insurrección armada lograría sus fines políticos? ¿Acaso se han olvidado de que las dos intentonas de 1992 (4 de febrero y 27 de noviembre) fracasaron en menos de 24 horas?

La respuesta, al comportamiento de los panfletistas quizás está en la imagen proyectada al país, por el presidium organizado en la sede del Tribunal Supremo de Justicia, para el acto protocolar de inauguración del año judicial el día 11 de nero de 2001. En un semicírculo, estaban sentados los cinco jefes de los poderes públicos nacionales: Isaías Rodíguez, Hugo Chávez, Iván Rincón, William Lara y Roberto Ruiz.

¿Cuántas de esas personas fueron electas en planchas electorales de la alianza MVR-MAS ? ¿Cuántas de ellas ocupan sus cargos al haber sido designadas por la mayoría política que la alianza MVR-MAS posee en la Asamblea Nacional?

¿Tienen los venezolanos no simpatizantes o militantes del MVR y del MAS algún canal político a través del cual puedan hacer escuchar sus planteamientos?, o mejor dicho: Desde el 2 de febrero de 1999 hasta el presente ¿Han sido escuchados los planteamientos de los venezolanos no simpatizantes o militantes del MVR y del MAS por parte de las personas que detentan el poder público nacional?

No son sólo los generales quienes han recibido panfletos.

En una encuesta realizada por la oficina de prensa de la Asamblea Nacional se constató que los parlamentarios han recibido amenazas anónimas similares a la de los generales de la Fuerza Armada, incluso prendas íntimas de varios colores.

Hay también afirmaciones adicionales tan preocupantes como las anteriores.

El Arzobispo de Coro, Monseñor Roberto Luckert, en una declaración escrita señaló que el estamento militar ha sido expuesto a la burla y al escarnio público «Por ese afán de militarizar la acción política y social del Estado venezolano». (El Universal, ene 12).

«Chávez dijo que lo del ‘apoliticismo’ militar era un invento de la Cuarta República. Bueno, ya tiene convertida a la FA casi en un partido político, con sus ‘tendencias’ y sus ‘clanes’ confrontados. Lo malo es que estas ‘corrientes internas’ están armadas y vaya usted a saber cuándo se les ocurre decidir sus contradicciones a plomo limpio. (Tal Cual, ene 12).

Hasta el mismo ministro de la defensa declaró que «soy un soldado que cree en los cambios»; lo que nos lleva a preguntarnos ¿Hay otros soldados que no piensan como el ministro?.

Y lo más importante: ¿Cree la mayoría de los venezolanos en los mismos cambios en que cree el ministro de la defensa? ¿Es eso lo que se deduce de la nunca vista antes abstención electoral registrada en pasado 3 de diciembre? ¿Es eso lo que se deduce de la generalizada polémica causada en el país por el Decreto 1.011, que no es del Ministro de Educación, sino del Presidente de la República?.

Esas angustias venezolanas, es lo que ocultan las prendas íntimas.

Los panfletos podrían estar demostrando, que existen venezolanos que se sienten asfixiados políticamente, sin otra posibilidad de expresarse que una insurrección.