Protesta militar, OEA y representatividad democrática
El pronunciamiento de altos oficiales activos ocurrido el 22 de Octubre criticando la gestión del régimen chavista ha sido condenado por Cesar Gaviria, Secretario General de la (%=Link(«http://www.oas.org/», «OEA»)%) , como expresión de una vocación anti-democrática y militarista que persigue el debilitamiento de las instituciones y del sustento democrático del Estado venezolano. Esa condena pierde de vista no solo la tradición histórica de participación de todos los sectores del país en el establecimiento del sistema democrático, sino también la limitación funcional prevista en la Carta de la Organización de la OEA, así como los principios fundamentales previstos en la Carta Democrática Interamericana suscrita el año pasado.
En efecto, establece el artículo 2 de la Carta Democrática que “La democracia representativa se refuerza y profundiza con la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad conforme al respectivo orden constitucional”. Habiendo surgido la protesta militar dentro del marco de lo dispuesto en el Artículo 350 de la Constitución de Venezuela, difícilmente podría argumentarse que la misma esta fuera de los límites establecidos por la propia legislación venezolana.
Así, las declaraciones de Gaviria, emitiendo un juicio de valor sobre el pronunciamiento quebrantan la norma de la Carta de la Organización, cuando se prevé en su articulo 2, literal b, que uno de los propósitos esenciales de la OEA será “Promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención”.
Es entendible que dada la difícil historia pendular de América Latina, oscilando entre la democracia y la dictadura, la participación activa de militares en el desarrollo de conflictos internos sea causa de preocupación. En el caso de Venezuela, a pesar de una tropezada historia de golpes de estado, la participación del sector militar en la Junta Patriótica de Junio de 1957, a través de Hugo Trejo y otros, logro canalizar el repudio que todos los ámbitos de la vida nacional sentían por la gestión gubernamental.
La naturaleza pacífica y respetuosa del pronunciamiento de Altamira no hace sino ratificar el carácter representativo de la expresión política nacional. Los militares, a pesar de la disciplina impuesta por su objetivo organizacional, no dejan de ser parte de la población que se siente afectada por la ineficiencia, venalidad y divisionismo que caracteriza al régimen chavista.
Expresaba el manifiesto de la Junta Patriótica previo a la caída del dictador en Enero de 1958: “el primero de Enero, las Fuerzas Armadas Nacionales (…) respondieron al llamado popular en defensa de la Constitución, ultrajada y escarnecida…”, y “la Junta Patriótica hace un llamado a todos los sectores de la colectividad civiles y militares…”
Puede así concluirse que en la historia política de la democracia venezolana, se ha entendido la necesariedad de involucrar a los militares en la definición y preservación del proyecto político del país. El actual pronunciamiento no es más que una manifestación de esa forma de vincular a todos los sectores de la población en el debate político nacional.
La intervención de la OEA en la búsqueda de soluciones negociadas a la actual crisis de gobernabilidad que nos aqueja, es loable. Pero, es también deseable que sus futuros comentarios puedan ajustarse a la realidad nacional mas allá de anquilosadas formulas de crítica. Hasta ahora, la condena dirigida a la oposición, de la cual los militares en protesta forman una parte integrante, han lucido dislocadas y fuera de contexto. Acaso pueda Gaviria entender, de una vez por todas, el difícil trance que atraviesa la democracia venezolana, dada la capacidad de corromperla que el régimen chavista hasta ahora ha demostrado.
(*): Abogado
