Protesta civil y violencia del Estado
La gravedad de la crisis en Venezuela, insostenible e inocultable, se expresa en los altos niveles de inseguridad, en el desabastecimiento y en la desindustrialización, en una corrupción tolerada y festejada, en el desastre económico, en suma, en la aniquilación del país, pero más aun en la destrucción de los valores y de los principios y en la violación sistemática de los derechos humanos de los ciudadanos que sufren hoy persecución y discriminación, simplemente, por pensar distinto, por manifestar y protestar, por pretender expresarse libremente, como lo autorizan las normas universales de derechos humanos, recogidas en los instrumentos internacionales y en la Constitución de 1999.
Acorralado por su fracaso y su cada vez mayor impopularidad; y temeroso de que una implosión adelante los acontecimiento, el régimen acelera la represión en todos los espacios para imponerse. En lo que una vez fuera la casa de la democracia, el Congreso Nacional de Venezuela, quienes hoy mandan confiscan la voluntad popular, al negar de la manera más brutal la representación democrática en las directivas de las Comisiones que conforman la Asamblea. Desconocen las reglas y el derecho colectivo a la democracia, al violar una vez más la Constitución y las normas que regulan el ejercicio de la vida en democracia, en destrucción progresiva desde el criminal golpe de Estado del 4 de febrero de 1992.
Se ataca con desprecio y excesos a estudiantes, a trabajadores y empleados, a damnificados, a profesionales y a todos aquellos que exigen una vivienda digna, un trabajo decente o el derecho a la vida o a la salud, a quienes manifiestan y ejercen el derecho a la protesta que reconocen las normas internacionales, recogidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos (arts. 21 y 22), en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos (art.21) y en la Constitución de 1999 (art.68), todo ello en una suerte de terrorismo de Estado, orquestado por instituciones sumisas y cómplices, instruidas desde afuera.
Para Maduro y los oficialistas protestar es un crimen. De “fascistas”, “loquitos y violentos”, “conspiradores” y “minorías llenas de odio”, califican groseramente a quienes protestan con derecho y exigen respeto a sus derechos.“Les aplicaremos todo el peso de la ley” como a criminales ordinarios, afirman con cinismo los represores del pueblo, al mismo tiempo que piden a sus huestes paramilitares que “rechacen” la protesta, un llamado que puede encender en el país un escenario muy peligroso. Las cárceles se vacían de delincuentes favorecidos por una absurda operación cayapa , mientras se llenan de estudiantes y trabajadores que se atrevieron a manifestar y a expresarse
El ejercicio del derecho a la protesta, intrínseco al concepto mismo de democracia, ese derecho humano colectivo que no estamos dispuesto a perder, es hoy criminalizado por un Estado totalitario, ejemplo de ello, el castigo impuesto a quienes legítima y pacíficamente protestaron durante la inauguración de la Serie del Caribe, en Margarita, no en contra de un equipo de beisbol, aunque ajeno al certamen, pero incluido por componendas, sino del régimen cubano, del “invasor consentido” que se ha apoderado de nuestras instituciones y de nuestro destino como país independiente. Lo mismo ocurre en el Táchira, en Bolívar, en Mérida, en Anzoátegui y en casi todos los Estados del país, manifestantes pacíficos exigen el respeto de sus derechos o simplemente expresan su malestar por la realidad que vive hoy el país.
Empeñado el régimen en la destrucción y en la aniquilación de la protesta mediante su criminalización, busca ahora silenciar a los medios independientes, los únicos que informan veraz y objetivamente. Apoderados del espacio mediático en todo el país, quienes disfrutan del poder van ahora por el cierre de los pocos medios independientes que sobreviven a la infamia; y ello mediante la fórmula canalla del “control de cambio político” que nos han impuesto como herramienta de dominio, para negar las divisas que requieren para editar y circular libremente en el país, como medios impresos. El objetivo, sin duda, es silenciar a los medios y manipular la información, tergiversarla, desinformar a los ciudadanos y más allá, enviar falsas imágenes al mundo para convencerle que la dictadura comunista vestida de democracia que se impone, es una visión irreal promovida por “fascistas” y “burgueses”.
Ante todo ello, lamentablemente, una Defensora del Pueblo ausente y cómplice, que se niega a ejercer las funciones que le impone la Constitución y las leyes de la República, entre otras, actuar de oficio o a instancia de los afectados, para promover, defender y vigilar derechos y las garantías establecidos en la Constitución y los tratados internacionales.
